Oaxaca de Juárez, 14 de enero. Guadalajara se prepara para recibir al mundo. La Copa del Mundo es el escaparate perfecto: un estadio remodelado, obras de infraestructura y movilidad en el aeropuerto, en la ciudad y en las arterias que conectan los puntos más importantes, para un millón de turistas directos que esperan. Veintitrés mil millones de pesos de presupuesto para vestir la capital y dejar huella entre los tapatíos, discursos de hospitalidad, spots de seguridad y autoridades repitiendo que todo está bajo control. Pero, debajo de esa escenografía, a 148 días de que arranque el torneo, hay una verdad incómoda que nadie quiere mostrar en la transmisión oficial: Jalisco es también la capital de los desaparecidos y un territorio sembrado de fosas clandestinas.
Hábilmente, el gobernador Pablo Lemus hizo una jugada estratégica: cabildear y lograr que la importante Serie del Caribe de beisbol, que se canceló por las condiciones en las que se encontraba Venezuela, tenga en Guadalajara, la primera semana de febrero, su sede. Un ejercicio político y de relaciones públicas con el propósito implícito, se puede conjeturar, de lavar la cara de inseguridad y violencia en el estado.
Jalisco está en la mira de las autoridades estadounidenses, quizás como ninguna otra sede mundialista. El Cártel Jalisco Nueva Generación es la razón. Es un objetivo estratégico, nacido en el estado pero que se extendió a la entidad prioritaria de Washington, Michoacán. El Departamento de Estado mantiene a Guadalajara en el nivel 3 de sus alertas, que recomienda “reconsiderar” viajar a Jalisco, pero en las áreas de inteligencia hay más preocupación. Existen los temores de que ese grupo criminal intente un ataque terrorista durante la Copa, lo que ha llevado a considerar que un incidente de alto impacto más en Guadalajara –como el reciente secuestro de agentes de inteligencia–, y buscarían que se cancelara la capital tapatía como sede.
El esfuerzo de Lemus, sobre quien existen investigaciones abiertas en Washington, tiene que ser más intenso. Obtener la Serie del Caribe no ocultará que el Mundial de Futbol no llega a un estado en calma. Llega a uno que lleva años conviviendo con la violencia como si fuera parte del paisaje. En Jalisco, la desaparición de personas no es una anomalía, es una estadística cotidiana. Y Guadalajara, la joya turística, no es ajena a esa realidad.
La violencia no está en la periferia lejana, sino a unos minutos del estadio que será sede de partidos mundialistas. Las fosas clandestinas localizadas en zonas cercanas al inmueble no son un accidente ni una exageración periodística. Son el síntoma más brutal de un Estado que perdió el control de partes de su territorio y aprendió a administrar el silencio. No es que no se sepa lo que pasa, es que se decidió mirar hacia otro lado mientras el crimen organizado convertía predios, brechas y desarrollos inconclusos en cementerios ilegales.
Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, como Guerreros Buscadores de Jalisco, que descubrieron el horror en Teuchitlán, han reportado sistemáticamente la localización de cientos de bolsas con restos humanos en distintos puntos de Zapopan, dentro de un radio aproximado de 10 a 20 kilómetros del Estadio Akron, donde se jugarán los partidos. Hasta finales del año pasado, el conteo superaba las 450 bolsas recuperadas en varios sitios, que incluían cuerpos completos, fragmentados y osamentas, de fechas distintas –algunos de años anteriores y otros más recientes–, lo que indica sitios activos de entierros clandestinos durante largo tiempo, de acuerdo con información en fuentes públicas.
Las autoridades locales han tratado de enmarcar el problema de las desapariciones como una problemática más amplia que no debe focalizarse únicamente en la cercanía del estadio, argumentando que los sitios no están “tan cerca” del inmueble y que la crisis es nacional. En la prensa del mundo, eso no importa porque, en realidad, el que sea un problema nacional no lo hace menos trágico. La Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses han reconocido que trabajan en el procesamiento de restos humanos y fosas clandestinas en Zapopan, incluyendo sitios alrededor del Estadio Akron.
Las desapariciones son un problema que toca todo el país, donde a veces parece que estamos parados sobre un enorme cementerio clandestino. Jalisco es uno de los estados con más personas desaparecidas del país, figurando entre los primeros lugares, con más de 15 mil desaparecidos o no localizados desde 1950 hasta la primavera del año pasado. No es un problema nuevo, pero en los dos últimos años se ha acelerado y agravado, revelando que Jalisco, con sus casos de alto impacto, es un estado con una crisis de desapariciones tan intensa como la de entidades con fuerte presencia criminal.
La paradoja es grotesca: mientras el gobierno estatal habla de flujos turísticos, ocupación hotelera y derrama económica, colectivos de búsqueda excavan la tierra con sus propias manos para encontrar restos humanos. Dos realidades coexistiendo en el mismo espacio, separadas apenas por un discurso oficial que insiste en que no pasa nada. La narrativa es conocida, como la intentada para decir que los hechos no están “tan cerca” del estadio, que la violencia es focalizada, que los turistas no serán afectados.
Es el mismo guion que se ha repetido en cada crisis de seguridad del país y que siempre termina igual: la realidad alcanza al discurso. La inseguridad no se mide sólo en balas. También en miedo, en zonas que sus propios habitantes evitan, en advertencias que circulan de boca en boca, y en recomendaciones extraoficiales para no salir de noche ni desviarse del camino “seguro”. Ese ambiente también lo perciben los visitantes, aunque nadie lo mencione en las conferencias de prensa.
El problema no es que Guadalajara sea sede del Mundial. El problema es que se pretenda que la Copa tape lo que ocurre en Guadalajara y que el balón ruede sobre una alfombra construida con negación, mientras debajo siguen los desaparecidos sin nombre y las fosas sin justicia. El futbol dura 90 minutos; la violencia en Jalisco lleva años. Y cuando se apague la fiesta, cuando se vayan las cámaras y los turistas regresen a casa, el estado seguirá ahí, con sus ausencias y sus preguntas sin respuesta. Esconder visualmente la realidad es un insulto. Si no pueden resolver el problema, lo menos que pueden hacer las autoridades es mostrar respeto.
X:@rivapa
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