Oaxaca de Juárez, 26 de agosto. Leímos el libro de Ulises Ruiz “Gobernar Oaxaca” en donde habla sobre los seis años de su administración. En el texto -más académico- Cipriano Flores captó la postura del ex gobernador. Habla sobre la traición de José Murat y Diódoro Carrasco quienes se unieron para derrocarlo a través de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y parte de la Sección 22 de la CNTE en el 2006. “No se trató de implantar una Comuna, lo que se pretendía era tirar al Mandatario, cosa que no lograron”.
Respecto a Murat dijo que le dejó algunos encargos que beneficiaban a servidores públicos como Juan Díaz Pimentel, (actual delegado del IMSS) “Hicimos compromisos más allá de su gobierno, si eso a él no le pareció, si eso a él lo agravió, es un problema de él, no es un problema mío, yo ejercí el gobierno plenamente”, aclaró.
Sobre la Comisión de la Verdad que encabeza el padre Alejandro Solalinde, Ruiz adelantó el resultado: Seré culpable de todo lo que ocurre en Oaxaca. Ellos son juez y parte y además sus integrantes apoyaron al movimiento radical del 2006. Además, los resultados tendrán fines electorales. Al tiempo.
En el libro se toca el tema del poder abusivo que tiene la dirigencia del magisterio que está acostumbrada al soborno, a la corrupción y al doble lenguaje. En el 2006, la esposa de Enrique Rueda Pacheco -el líder en ese entonces- vendía muebles de línea blanca a los profesores a precios altos, pero los maestros se veían en la necesidad de comprarlos o de lo contrario habría castigos. En la negociación del 2006, Rueda exigió al gobierno federal 150 millones de pesos, la oferta de Vicente Fox fue de 60 por ello, reventó el problema.
Se anota que después de tres meses de plantón en el Zócalo, y ante la presión de grupos organizados en Oaxaca -empresarios, comerciantes- un juez, solicitó a su gobierno el desalojo inmediato del Zócalo de la ciudad y del Centro Histórico.
Ante el temor de que la policía estatal se viera rebasada por los maestros de la Coordinadora, el Congreso local solicitó el respaldo de las fuerzas federales para llevar a cabo el protocolo de desalojo con el visto bueno del presidente Fox. Sin embargo, el panista no cumplió con enviar a la policía federal el 14 de junio de 2006, y los resultados fueron otros.
El tema magisterial se politizó, y hubo mano negra de políticos, ex gobernadores, empresarios y medios.
Entre los líderes de la APPO que se beneficiaron de un conflicto como el que ocurrió en Oaxaca, el libro destaca la participación de Flavio Sosa a quien el ex gobernador calificó de un corrupto al grado de que años después se convirtió en diputado local por la 61 legislatura.
En la página 236 se toca el tema de las manifestaciones y barricadas, en donde Sosa encabezó a grupos radicales como el que se ubicó el Cinco Señores y que era controlada por narcomenudistas y el dirigente de Comuna. El ex legislador chantajeó al gobierno de Ruiz, pidió cinco millones de pesos a cambio de no incendiar unidades de la empresa Autobuses de Oriente (ADO), URO se negó a entregar la cantidad, pero los representantes de la empresa sí lo pagaron.
Asimismo, Ulises Ruiz evidenció que las barricadas que se instalaban en la capital se pagaban con 300 pesos por persona si éstas se instalaban fuera de la ciudad y 500 dentro del Centro Histórico.
“Durante el conflicto la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) se convirtió en una zona donde se refugiaban grupos radicales, en ese sentido el ex mandatario estatal reconoció que durante su sexenio, Francisco Martínez Neri, en ese entonces Rector mantenía una buena relación con su gobierno y también de manera personal. Sin embargo, durante el conflicto fue quien entregó la UABJO a grupos radicales de la APPO”. Ayer, por la noche, fue ungido como coordinador parlamentario del PRD. Por cierto José Antonio Estefan Garfias presumió su afiliación al partido Amarillo.
Aunque el libro no adelanta nada sobre una segunda parte, en una entrevista que le hizo Humberto López Lena comentó que trabaja ya en eso.
Las autoridades encargadas de fiscalizar los recursos detectaron un daño patrimonial por más de cuatro mil millones de pesos en el sexenio del Ulises Ruiz, pero ninguno que lo incriminara a él personalmente.En diciembre del 2010 la deuda pública estatal ascendía a 3 mil 491 millones 908 mil pesos, cinco años después asciende a 15 mil 673 millones 187 mil pesos. Ha crecido un 348.84 por ciento, lo que representa que cada minuto los oaxaqueños deben 4 mil 634 pesos, lo que representa el salario mínimo de 73 trabajadores.A diciembre de 2014 la deuda pública estatal registraba el siguiente estado: 4 mil 556 millones 778 mil pesos por concepto de deuda pública estatal, 2 mil 375 millones por créditos bancarios a corto plazo y 6 mil 341 millones 409 mil pesos por obligaciones de pago. Lo que suma un total de 13 mil 273 millones 187 mil.El 1 de julio de 2015, el Congreso de Oaxaca autorizó a Cué adquirir una deuda por 2 mil 400 millones de pesos.En sesión extraordinaria, 36 legisladores de todos los partidos políticos avalaron que el mandatario adquiera el préstamo.Entonces hoy, los oaxaqueños deben $16 mil 173 millones 187 pesos.
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