Estado de México, 12 de febrero. El robo y venta ilegal de gas LP, conocido como “gaschicoleo”, está fuera de control en el Estado de México. Este negocio ilícito, favorecido por la corrupción, pone en riesgo la vida de miles y genera pérdidas millonarias, señalan empresarios y activistas entrevistados. 
Un reporte entregado en enero a la gobernadora Delfina Gómez por empresarios del sector revela la alarmante magnitud del problema: de mil 61 expendios de gas en el estado, 619 operan ilegalmente, generando pérdidas anuales estimadas en 20 mil millones de pesos.
Ecatepec, convertido en la capital del gaschicoleo, refleja la gravedad de la situación. 150 de sus 443 negocios de gas operan clandestinamente.
A pesar de los esfuerzos de la alcaldesa Azucena Cisneros, la corrupción municipal impide acciones efectivas; su solicitud de apoyo a la gobernadora en enero sigue sin respuesta.
La falta de datos oficiales sobre el robo de gas en Ecatepec dificulta precisar cifras exactas, pero fuentes policiales extraoficiales señalan un aumento significativo en los últimos años, directamente relacionado con el auge de las gaseras clandestinas.
Este incremento se refleja en el número de incidentes: en 2024, 17 explosiones en gaseras clandestinas dejaron cuatro muertos y siete heridos graves.
La situación expone una profunda desigualdad. Ricardo, administrador de tres gaseras legales, denuncia que mientras las empresas legales cumplen con todas las regulaciones y enfrentan constantes inspecciones, las clandestinas operan impunemente, presuntamente sobornando a funcionarios.
Las revisiones semanales a las gaseras legales son exhaustivas, verificando documentación, permisos, instalaciones y precios, mientras que las ilegales operan sin supervisión, representando un grave riesgo para la población. Las autoridades parecen priorizar la recaudación de sobornos a la seguridad pública.
Mientras tanto, Laura, vecina de Ecatepec, lleva dos años luchando contra una gasera clandestina cerca de la escuela de sus hijos, sin éxito. Sus protestas, recolección de firmas y cierres de calles no han logrado la clausura del establecimiento ilegal.
Su lucha refleja la impotencia ciudadana ante la inacción de las autoridades y la falta de respuesta a las denuncias presentadas. La comunidad vive con el temor constante de una tragedia.
La corrupción es un factor determinante. Funcionarios de Protección Civil Estatal, liderados por Adrián Hernández Cano, son acusados de complicidad, recibiendo presuntamente pagos mensuales de las gaseras clandestinas (expediente 00606/01-2025).
Similarmente, la alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, y su esposo, Miguel Benito, son acusados de cobrar cuotas a 150 estaciones clandestinas. Esta red de corrupción permite la proliferación de gaseras ilegales que operan al margen de la ley.
La ubicación estratégica de la zona oriente del Estado de México facilita el robo de pipas de gas de Puebla y Veracruz.
El gas robado se vende en efectivo en las estaciones clandestinas, dificultando su rastreo. Esta ubicación privilegiada para el crimen organizado contribuye a la expansión del gaschicoleo.
El problema no se limita a Ecatepec; afecta también a Chalco, Chimalhuacán, Texcoco, San Vicente Chicoloapan, y Los Reyes La Paz. La falta de control y la corrupción generalizada permiten que este negocio ilícito prospere. La impunidad es alarmante.
Las consecuencias son devastadoras. Además de las pérdidas económicas para el estado, las gaseras clandestinas representan un peligro inminente para la población. Las explosiones, fugas de gas e incendios son constantes, poniendo en riesgo la vida de miles de personas. La falta de regulación y las deficientes condiciones de seguridad en estos establecimientos ilegales agravan la situación.
La falta de respuesta por parte de las autoridades es preocupante. A pesar de las numerosas denuncias y las evidencias de corrupción, la acción gubernamental ha sido insuficiente. La solicitud de apoyo de la alcaldesa de Ecatepec a la gobernadora Delfina Gómez en enero pasado sigue sin respuesta. Esta inacción genera una sensación de impunidad que fomenta la proliferación del gaschicoleo.
Esta situación exige una respuesta contundente y coordinada de las autoridades federales, estatales y municipales. La impunidad y la corrupción son los principales obstáculos para erradicar este negocio ilegal que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de la población. Investigar y sancionar a los responsables es crucial para frenar esta actividad criminal.
Es fundamental que las autoridades tomen medidas drásticas para combatir el gaschicoleo. Se necesitan operativos conjuntos, una mayor vigilancia, y una investigación exhaustiva de la corrupción que permite la proliferación de estas gaseras clandestinas. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para recuperar la confianza de la ciudadanía.
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