Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 6 de mayo. Desde que se fundó el Partido de la Revolución Democrática, hace 26 años, ha tenido la obsesión de convertir al Distrito Federal en el estado 32, supuestamente porque sus habitantes no tienen los mismos derechos políticos que los de las otras entidades de la federación. Sus antecesores, otros partidos de la sedicente izquierda mexicana, han tenido las mismas ambiciones, posiblemente porque ven en la capital del país un suculento botín del que ellos se han sentido amos y señores. En varias ocasiones han estado a punto de lograrlo, pero lo ha impedido la oposición de los partidos mayoritarios, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, hasta que se llegó al punto intermedio de la creación de la Asamblea del Distrito Federal, que poco tiempo después adquirió el carácter de legislativa, cuyas leyes han sido negativas, como la del matrimonio entre homosexuales y lesbianas, y la adopción de niños, que lamentablemente ha trascendido a otras entidades. La insistencia del estado 32 fue creciendo a partir de que el perredismo llegó al gobierno capitalino, pero hubo argumentos legales que lo impidieron, como ser la sede principal de los poderes de la Unión. El gobierno actual continuó la gestión de sus antecesores, y la respuesta final fue la iniciativa de un cambio de nombre a la entidad y a sus autoridades e instituciones, así como otorgarle su propia Constitución, pero sin alterar la estructura capitalina. Finalmente este cambio no se dio, por maniobras políticas, que hacen suponer que ya no se dará en lo que resta del sexenio de la administración gubernamental federal, aun cuando ya se había avanzado y sentado las bases para llevar a cabo el procedimiento legal.
El 28 del mes pasado el Senado de la República aprobó la reforma política del Distrito Federal, con una modificación, la enésima, a 50 preceptos constitucionales, que convertirían a la capital del país en entidad federativa, como si antes no lo fuera, denominada ciudad de México, como en rigor se le conoce, con autonomía plena y su propia Constitución, la que debería ser aprobada por una asamblea constituyente, a más tardar el 31 de enero de 2017. Los senadores perredistas dijeron que se trataba de una “reforma histórica” a pesar de sus limitaciones. De acuerdo con la reforma, 60 diputados constituyentes serían electos en un proceso organizado por el Instituto Nacional Electoral, y 40 designados por el Congreso de la Unión, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera Espinosa: 14 senadores, 14 diputados federales, 6 de la Presidencia de la República y 6 del gobierno del Distrito Federal. La oposición hizo notar que en las cámaras hay mayoría priísta, por lo que sólo 6 serían supuestamente independientes, o sea los nombrados por Mancera. El priísmo sería dominante en la nueva entidad.
El proyecto de reforma convertiría a las delegaciones políticas en alcaldías, cuyos titulares serían electos a partir de 2018, y concejales en lugar de regidores. En septiembre de 2016 quedaría instalada la asamblea constituyente de 100 integrantes, responsables de que en 2017 fuera aprobada la Constitución. 60 diputados serían electos con base en las listas cerradas de los partidos políticos y 28 designados por las cámaras, escogidos entre sus miembros, y 12 por los ejecutivos federal y estatal. Peña Nieto y Mancera se dijeron congratulados por la aprobación de la reforma, pero se reservaron sus opiniones personales. El Instituto Electoral del Distrito Federal reclamó su derecho a organizar la votación, en la que los capitalinos elegirían a los integrantes de la asamblea constituyente, que tendría como responsabilidad elaborar y aprobar la Constitución de la Ciudad de México.
Antes de llegar a la Cámara de Diputados la minuta del Senado sobre esta reforma fue rechazada por los representantes del PAN, Morena, Movimiento Ciudadano y Panal, porque se trata de una profunda reforma a la Constitución General de la República, que no puede ser aprobada de un día para otro. El PRI y el PRD, que se consideraba pretendían impulsar la aprobación de la minuta se sumaron a los inconformes, dejando en el aire la moneda. La representación priísta encontró fácilmente la forma de escabullirse: dijo que “sostiene su palabra de apoyo a la minuta del Senado; son modificaciones sumamente profundas. Hay un acuerdo político que nosotros vamos a honrar. Lo que no podemos hacer es tener un rápido desenlace sobre una minuta tan compleja. Varios partidos están solicitando que se envíe a las comisiones de Puntos Constitucionales y la del Distrito Federal para que estudien a profundidad la reforma y posteriormente, ya sea esta legislatura o la próxima, se pueda dictaminar y llevar a pleno. Creemos que siendo un tema tan importante para el país y para el Distrito Federal, como es dar una nueva calidad a la entidad federativa, no merece que salga lastimada simplemente por un problema de procedimiento…”
Por su parte, los representantes perredistas, con su acostumbrado doble juego, declararon: “Se construyó un acuerdo para sacar avante la minuta de reforma política en el Distrito Federal, pero esos dos partidos (PRI y PAN) se echaron para atrás, se rajaron. Lo que habíamos acordado es que lo votado por los senadores se aprobara en la Cámara de Diputados. Ese fue el acuerdo posible, el que se pudo construir y respondía a las demandas de la ciudadanía por dar a la capital del país una constitución”. Los acuerdos perredistas, o sea su confabulación con el poder, son de sobra conocidos, y esta declaración es prueba de ello. No se trata de exigencias o reclamos de la ciudadanía capitalina, sino de caprichos perredistas por conservar el poder en la capital del país, que se supone conservarán pero con otro nombre y otra bandera, hasta de un nuevo líder, que es el del Partido de Regeneración Nacional.
abelsantiago30336@yahoo.com.mx
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