Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. Feministas con larga trayectoria a favor de la igualdad de género expresaron su profundo rechazo a la resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), por medio de la cual se reconoce que en el actual proceso electoral no se tomó en cuenta el criterio de paridad en Oaxaca, no obstante se exhorta a los partidos políticos a aplicarlo conforme a lo establecido por la ley de la materia, con 90 días de anticipación al inicio de un proceso electoral.
De esta forma, en la elección de la gubernatura para el periodo electoral local ordinario 2021-2022, no se adoptarán los criterios de aplicación de medidas afirmativas que generen una representación efectiva de las mujeres en el acceso a los cargos políticos relevantes.
Defensoras de derechos humanos de las mujeres, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, investigadoras y académicas con amplio trabajo a nivel comunitario, local, nacional e internacional, agregan que la paridad de género debe aplicarse de forma sustantiva y no solo de forma numérica.
Feministas del estado señalan que los últimos acontecimientos del actual proceso electoral reflejan la resistencia de los partidos políticos nacionales para dar cumplimiento a lo establecido respecto a la paridad de género, así como la insistencia en invisibilizar y obstaculizar los derechos políticos a las mujeres.
Aseguran que mantener esa línea interpretativa del principio de la paridad de género sigue obstruyendo el ejercicio pleno de derechos y se incumple con las convenios, tratados internacionales y recomendaciones hechas al Estado mexicano, imposibilitando el acceso de las mujeres al ejercicio de cargos de decisión.
Indican que los derechos y prerrogativas político – electorales de las mujeres representan una lucha que no ha sido fácil ni se ha dado sin exigencias a través de manifestaciones sociales, foros nacionales e internacionales, y en diversas leyes, por medio de lo cual se ha logrado asentar precedentes que buscan garantizar el pleno goce de los derechos político electorales para las mujeres.
Agregan que no se puede truncar el gran avance de las mujeres mexicanas en materia de representatividad democrática a través de los órganos e instituciones, el cual debería traducirse en la generación de condiciones óptimas para su participación y el acceso en igualdad de circunstancias a los cargos de designación y representación en proporción a los hombres.
Esta posibilidad, aseveran, no solamente consiste en que se garantice a las mujeres el ejercicio de emitir su voto, si no que se cumpla con la encomienda legal conforme a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano para cumplir con una serie de trabajos necesarios, orientados al logro de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en nuestro país.
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