Oaxaca de Juárez, 29 de noviembre. Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del próximo año, entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dichos organismos solicitaron en total 4,422.2 millones de pesos (mdp) para 2025, que es 386.6 mdp menos de lo que recibieron para este 2024
Recientemente, analistas en materia de transparencia han expresado su preocupación ante la propuesta de eliminar organismos autónomos en México, argumentando que esta medida no solo es engañosa en términos de ahorro, sino que también podría tener repercusiones profundas en la gobernanza y la transparencia del país.
- El presupuesto destinado a los siete organismos autónomos asciende a 4,534 millones de pesos, lo cual representa apenas el 0.05% del presupuesto total del país.
Desaparición de órganos autónomos podría deshabilitar la transparencia
Marco Antonio Zeind, director del Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos, destaca que este ataque sistemático a la credibilidad de estos organismos ha sido evidente desde el inicio del sexenio pasado.
- Por ejemplo, el costo de la construcción de la refinería de Dos Bocas ha superado los 400 mil millones de pesos. Según Zeind, bastaría con recortar solo el 1% de este gasto para cubrir el presupuesto de los siete organismos autónomos durante un año.
- Esto pone de manifiesto que los ahorros esperados por la eliminación de estos organismos son, en el mejor de los casos, una ilusión.
- Arturo Pueblita, académico y experto en transparencia, agrega que las pérdidas anuales de Petróleos Mexicanos (Pemex), que superan los 200 mil millones de pesos, equivalen a lo que se gastaría en un año para mantener el Instituto de Transparencia.
De hecho, solo ocho días de estas pérdidas serían suficientes para financiar todos los organismos autónomos. Además, si se compara con el costo de otros proyectos, como los 500 mil millones de pesos del Tren Maya, la cifra destinada a los organismos autónomos se vuelve insignificante.
¿Qué problema implica para la ciudadanía la desaparición de órganos autónomos?
La eliminación de estos organismos no solo afecta el ámbito presupuestal; representa un grave riesgo para la democracia. Pueblita advierte que la concentración del poder en el Ejecutivo podría llevar a una pérdida del poder ciudadano, lo que podría resultar en un debilitamiento de la democracia en México.
Los organismos autónomos han sido cruciales para la fiscalización de la administración pública y la denuncia de casos de corrupción. Sin ellos, se corre el riesgo de que prácticas corruptas queden impunes y la transparencia se vea comprometida.
Antes de su extinción, autónomos se ‘autocastigaron’
Para evitar su extinción, los siete órganos autónomos se ‘autocastigaron’ al solicitar a los legisladores de 10 a 40% de presupuesto menos para 2025.
- Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del próximo año, entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dichos organismos —el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
- La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora De Energía (CRE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y, La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)— solicitaron en total 4,422.2 millones de pesos (mdp) para 2025, que es 386.6 mdp menos de lo que recibieron para este 2024.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador envió en febrero una reforma que modifica diversos artículos de la Constitución para desaparecer estos órganos autónomos y desecentralizados; la propuesta ya fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que los legisladores prevén discutirla entre el 20 o 21 de noviembre.
Aunque la reforma establece la eliminación de estos órganos autónomos, aparecen en el PPEF 2025, pues éstos enviaron a la SHCP sus propuestas de presupuesto, por lo que la dependencia solo reunión las peticiones y las envió a la Cámara de Diputados para su discusión y votación, y serán ellos quienes decidan si entregan los recursos o no.
- El INAI solicitó 993.9 millones de pesos, que es casi 10% menos de lo que este órgano obtuvo en 2024.
Con la desaparición del INAI, en la reforma se contempla que sus funciones de acceso a la información y protección de datos personales se traslada a la Secretaría de la Función Pública, al órgano de control del Poder Judicial y a las contralorías del Congreso de la Unión. Esto pretende replicarse a nivel estatal.
- El IFT solicitó 1,680 millones de pesos, que es la misma cantidad que recibió en este 2024. Sin embargo, de ser eliminado sus funciones pasarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes.
- Se encuentra la Cofece que propuso recibir para el otro año 687.8 millones de pesos, que es la misma cantidad que obtuvo en este 2024, pero si desaparece sus acciones, como garantizar la libre competencia y concurrencia en los mercados, pasarán a la Secretaría de Economía.
- Mientras para la CNH pidió 173.2 millones de pesos, presupuesto que es 30% menor a lo que obtuvo en este 2024. Sin embargo, si la reforma pasa y es eliminado, sus funciones se irán a la Secretaría de Energía.
También está la CRE para la cual se plantea tenga 199.8 millones de pesos, que representa 30% menos de lo que le etiquetaron los legisladores para este año.
- Está Mejoredu, el cual sustituyo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tras la reforma educativa de López Obrador. Para este organismo no sectorizado propuso recibir 199.8 millones de pesos, que es 40% menos de lo que obtuvo este año.
- El séptimo es el Coneval, que al igual que que el resto de los órganos, se ‘autocastiga’, ya que pidió 287.8 millones de pesos para el 2025, que equivale a 70% de los recursos que tuvo en este 2024.
Si éste desaparece, sus funciones, como medición de la pobreza y evaluación de programas sociales las realizará el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De ser eliminados, la Cámara de Diputados deberán reasignar los 4,422.2 millones de pesos que solicitan y se prevén en el presupuesto total.
- En la exposición de motivos de esta reforma de López Obrador se menciona que los órganos autónomos carecen de legitimidad democrática, “pues fueron creados como respuesta a la venta de paraestatales y a las recomendaciones de los organismos internacionales para «descentralizar» a la Administración Pública Federal (APF)”.
- Además, señala que estos órganos no se han consolidado como entidades técnicas e imparciales, sino “que han garantizado intereses privados, pues incluso, en varios casos el objetivo de los organismos fue para cooptar núcleos académicos, políticos, económicos y de representación social”.
Y enfatiza que de 2018 a 2024 se han asignado a estos organismos autónomos -que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio- 32.3 millones de pesos, los cuales, dice el proyecto, equivalen a 5 millones de pensiones bimestrales para los adultos mayores.
- Asimismo, se establece en los transitorios que las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar que se cree en términos de la legislación aplicable.
- Mientras, los recursos materiales, así como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos de estos entes públicos que se extinguen pasarán a formar parte de las dependencias del Ejecutivo Federal o al Inegi en el caso del Coneval.
La transparencia ¿un derecho en peligro?
El poder de la ciudadanía para exigir rendición de cuentas a todas las instituciones públicas es una de las facultades que pueden peligrar en México tras la desaparición del organismo que velaba por la transparencia, el acceso a la información y que resguardaba los datos personales de los mexicanos.
- El Instituto Nacional de Transparencia (INAI) es uno de los varios contrapesos del Poder Ejecutivo que quedaron eliminados el jueves por la noche, una supresión que será efectiva en un máximo de 90 días.
- A partir de ahora será más complicado saber cómo se compraron determinadas medicinas, cuántos funcionarios han sido sancionados por corrupción, qué datos de un ciudadano tiene el gobierno o cómo se utilizó un presupuesto público.
- La razón es simple: si el departamento cuestionado no quiere dar los datos ya no habrá una entidad independiente que pueda obligarlo y el gobierno federal tendrá siempre la última palabra.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Estado ahorrará dinero y habrá más transparencia y menos corrupción. Pero el todavía presidente del INAI, Adrián Alcalá, dijo que aunque el derecho a la información permanece en las leyes, su garante quedará fragmentado en muchas oficinas con reglas diversas, que pueden ser discrecionales. ”Y cuando fragmentas algo tiende a desaparecer”, alertó.
“La transparencia y la información pública son pilares para una democracia», afirmó Sarahí Salvatierra, del centro de investigación Fundar. Ahora, todo eso «se dinamita”.
¿Quién y cómo podía pedir información?
- Cualquier ciudadano a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, un sitio web desde el cual se podía preguntar a cualquier institución federal, estatal o local, datos públicos o datos personales de cada solicitante.
- Si la institución se negaba a dar los datos solicitados, se podía apelar esa decisión sólo apretando un botón.
- En los nueve primeros meses de 2024 se realizaron más de 275.000 consultas al INAI. Y en los últimos 20 años ha habido más de cuatro millones de solicitudes a este instituto o los que le precedieron.
¿Para qué sirve un instrumento de acceso a la información?
Para fines muy diversos. Ha permitido que particulares tengan acceso a expedientes médicos suyos que las instituciones les negaban, que comunidades sepan cómo, con qué materiales y a qué costos se hace una obra en su pueblo y así actuar en consecuencia, o saber, por ejemplo, que el estado de Guerrero, aunque despenalizó el aborto, sólo destinó un peso a garantizarlo, explicó Salvatierra, que durante años ha hecho monitoreos para rastrear cómo se han utilizado los presupuestos.
También ha exhibido gastos excesivos, corrupción, desvíos de dinero y violaciones a los derechos humanos, recordó Adrián Alcalá. Por ejemplo que el expresidente Vicente Fox compraba toallas a un precio de 400 dólares la unidad, datos sobre los vínculos mexicanos en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht o que la guardería del norte del país donde en 2009 murieron 49 menores no tenía permiso para funcionar.
¿Se podía conseguir siempre la información?
No. El derecho a la información tiene límites estipulados por ley que a veces son discutibles. El INAI actuaba de árbitro entre quien pedía los datos y quien los tenía.
- Por ejemplo, no se pueden dar datos de una investigación judicial abierta que pueda ponerla en riesgo pero en casos de serias violaciones a los derechos humanos sí se deben entregar ciertos datos de interés público. Tampoco se puede dar información que pueda causar graves perjuicios al país.
Las decisiones del INAI eran de cumplimiento obligatorio e incluso promovió acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte cuando la administración abusaba de argumentos, como el no dar información por “seguridad nacional”, algo que se usó mucho en la segunda mitad de la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para negarse a entregar información de grandes obras públicas construidas por los militares.
Sin embargo, según Salvatierra, al INAI “le faltaban dientes” para tener una mayor efectividad.
¿Qué pasará con los datos personales y la información que custodiaba el INAI?
No se sabe. El instituto era garante de todos esos datos. La presidenta ha dicho que el gobierno protegerá los datos personales y que la Plataforma de Transparencia seguirá funcionando pero no se sabe cómo hasta que se definan las leyes secundarias.
¿Cuál es el panorama en otros países de América?
Desde hace dos décadas el patrón en la región ha sido crear leyes de transparencia o mejorar las existentes aunque funcionan distinto según los países.
- En lugares como Estados Unidos, los organismos de transparencia forman parte de la administración pero, según el presidente del INAI, son efectivos porque hay un “contexto institucional robusto, con un sistema judicial eficaz y con mecanismos internos de rendición de cuentas muy, muy consolidados” que sancionan si no se cumple la ley, algo que, en su opinión, no ocurre en México.
- «México ha pasado abruptamente de ser Estado inspirador que llevó su experiencia a muchos países de la región a un Estado que despierta preocupación regional ante la incertidumbre sobre el futuro del derecho de acceso a la información pública”, explicó Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Qué otros organismos autónomos desaparecen?
Además del INAI, se eliminan otras seis entidades, entre ellas varias vinculadas con la competencia.
- Para evitar que suprimir estas últimas supusiera una violación al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el oficialismo anunció que se crearían otras nuevas dentro del gobierno federal pero con “independencia técnica” que es lo que está obligado a garantizar México a sus socios norteamericanos.
Al igual que en el caso de la transparencia, el Ejecutivo argumenta que será algo similar a lo que funciona en Estados Unidos.
- Miriam Grunstein, académica asociada del Centro México del James Baker Institute de la Universidad Rice, consideró que mientras en ese país no hay riesgo de que se beneficie a unos actores frente a otros porque hay muchos jugadores en el mercado, el peligro en México es que la nueva entidad pueda quedar sometida a intereses políticos.
Desaparición de autónomos no conduce a un autoritarismo: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó la aprobación de la reforma que desaparece a los organismos autónomos rechazando las acusaciones que esta decisión conduce al país hacia el autoritarismo, pues en realidad, algunos de estos organismos iban en contra de los intereses del Estado.
- En una breve alusión a la aprobación de la reforma en el Senado de la República, la mandataria citó, por ejemplo, que la Comisión Federal de Competencia Económica solo se ha dedicado a afectar a las empresas públicas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Sheinbaum Señaló que la desaparición de los organismos autónomos no implica que las tareas que tienen asignadas desaparezcan pero se realizará de otra manera. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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