Oaxaca de Juárez, 11 de enero. Para la doctora Denise Dresser el objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador es claro: gobernar desde la opacidad. La escritora tundió al titular del Ejecutivo por el amago de desaparecer organismos autónomos como el INAI y el IFT.
“López Obrador pretende destruir al INAI y al IFT porque busca gobernar desde la opacidad, arrebatando derechos, eliminando la competencia y los contrapesos. El emperador quiere rodearse de organismos cortesanos, para que nadie le diga que está desnudo”, expresó en Twitter la analista política.
La doctora Dresser ha sido crítica punzante de la falta de transparencia con la que se maneja el actual gobierno federal, asiduo a entregar contratos por asignación directa y empeñado en que el instituto de transparencia es costoso y no sirve.
El presidente dijo el lunes que impulsa una reforma administrativa para colocar bajo el paraguas del Ejecutivo la actual plataforma de acceso a la información pública, como parte de su cruzada contra los organismos autónomos del país, que ha levantado críticas.
López Obrador, en el poder desde fines de 2018, ha cuestionado reiteradamente a los órganos independientes creados en administraciones anteriores para regular sectores como la energía o las telecomunicaciones, con el argumento de que son muy costosos y propician la corrupción.
“Todos estos organismos consumen miles de millones de pesos que podrían ser destinados a la educación, a la salud, al bienestar del pueblo”, señaló el lunes el mandatario.
“No hace falta que exista todo un aparato que cuesta tanto, 1,000 millones de pesos (50 millones de dólares) cuesta mantener al instituto de transparencia (INAI)”, agregó.
El gobernante sugirió que las funciones del INAI, que obliga a los gobiernos de turno a rendir cuentas, sean asumidas por la Secretaría de la Función Pública, un despacho del Ejecutivo con funciones de contraloría.
López Obrador, conocido por su acrónimo AMLO, aseguró que su administración podría facilitar esos datos en 72 horas y sancionar a los funcionarios que no lo hicieran, al anticipar parte de su plan.
“El presidente López Obrador ha atacado a los organismos autónomos de diferentes formas desde que llegó al poder. No le gustan. A todo gobernante que pretenda centralizar el poder y el presupuesto, le estorban porque para eso se crean, como contrapeso del poder político”, opinó Irene Levy, abogada que formó parte del Sistema Nacional Anticorrupción hasta 2019.
“La tentación de tener todo el poder es natural, por eso los contrapesos son indispensables para la democracia; destruir a los autónomos es un paso en firme hacia el totalitarismo, es regresivo en materia de derechos fundamentales y en desarrollo democrático”, agregó.
Para desaparecerlos se requiere una reforma constitucional aprobada por dos tercios del Congreso. AMLO y sus aliados cuentan con esta mayoría en la Cámara de Diputados pero se arriesgan a perderla en las elecciones intermedias de junio. De allí, señalan expertos, la prisa por el cambio de reglas.
El año pasado, como parte de su cruzada para ahorrar dinero en medio de una aguda crisis económica, AMLO eliminó 109 fideicomisos de apoyo a científicos, artistas y deportistas. Esos fondos -unos 3,078 millones de dólares- serán administrados por la Secretaría de Gobernación (interior).
Parte del dinero de los fideicomisos, que según el gobernante han seguido llegando a esos grupos, se destinaba al mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos en un país que es considerado uno de los más peligrosos para comunicadores y activistas.
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(Foto: Cuartoscuro)
Ocho de cada 10 contratos son entregados por asignación directa
La administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador entregó el 80.3% de los contratos por adjudicación directa en el 2020, es decir, que se contrata un bien o servicio a un proveedor que es preseleccionado por una dependencia o gobierno.
Mientras que este tipo de mecanismo se aplicó en el 78.1% de los contratos entregado en el 2019, pero si se comprara con la administración de Enrique Peña Nieto las cifras son inferiores a los registrado en la presente administración, aunque se registró un incremento paulatino de las adjudicaciones directas.
Del 2012 al 2018, la proporción más baja registrada fue en 62.2% (2014) y la cifra más alta se reportó en 77.7% (2017).
De acuerdo con una investigación hecha por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, las licitaciones que se han entregado por este mecanismo significa 189,488 millones de pesos (42.2% del total), lo que indica una mayor cantidad en comparación con lo entregado por licitaciones públicas.
Fueron 137,809 contratos reportados durante el 2020, según la base de datos de la Secretaría de Hacienda, de los cuales 110,629 se entregaron por adjudicación directa (80.3%).
Mientras que la invitación a cuando menos tres personas, es otro mecanismo que existe para la selección del proveedor de una servicio que resulta acotada, la cual se utilizó en 7,549 contratos, que significó 5.5% del total.
La licitación pública es una vía para celebrar un contrato para la adquisición de un bien o servicio, incluido obra pública, y es un proceso en el que participan todos los entes interesados que reúnen los requisitos especificados en una convocatoria y cuya esencia se encuentra en la competencia.
Bajo dicho mecanismo se entregaron 15,379 contratos durante el año pasado, lo que representa el 11.2 por ciento.
Información vía:https://www.infobae.com/
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