Cuernavaca, Morelos, 1 de noviembre. La “nueva normalidad” provocada por la pandemia de covid-19 trajo consigo nuevos negocios y revivió algunos que estaban en el olvido. Es el caso de los autocinemas, que comenzaron a funcionar en julio en Morelos. Uno de ellos, podría provocar que el presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, sea destituido y vaya a la cárcel, pues está acusado de cohecho y ahora ha sido citado por un juez a comparecer en calidad de imputado.
El miércoles 1º de julio de 2020, el autocinema Autoexplanada, ubicado en Río Mayo y Amacuzac, en la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, abrió por fin sus puertas, luego de varias semanas de remodelación de un predio para más de un centenar de automóviles. La primera función fue la exhibición del filme Bad Boys for Life (2020), protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.
Ese día, más de un centenar de vehículos acudieron al sitio para presenciar la misa encabezada por Ramón Castro y Castro. La noticia apareció en todos los medios, incluida la fotografía. Tres días después, el ayuntamiento de Cuernavaca clausuró el predio, aludiendo que no contaba con todos los permisos. “Nadie está por encima de la ley”, dijo el alcalde de Morena, Villalobos Adán.
Luego de unos días, el predio fue reabierto. No se conocieron los detalles. No se supo si había obtenido los permisos. El socio principal del negocio Autoexplanada, José Alberto Contreras Luna, silenciosamente presentó en los primeros días de agosto una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos. El delito: cohecho. Los acusados, seis inspectores del ayuntamiento de Cuernavaca.
Ahora se sabe que los inspectores pidieron al empresario 200 mil pesos para darle permiso de reabrir. Los empleados dijeron que era una solicitud del alcalde. Se montó una operación en la propia Fiscalía. Cuando acudieron a cobrar uno de los embutes, la policía detuvo el viernes 18 de agosto a los seis involucrados directamente. Dos de ellos se encuentran bajo proceso y en cárcel preventiva.
Ahí no paró la cosa. Los empleados del ayuntamiento señalaron directamente al presidente municipal Francisco Antonio Villalobos Adán y al coordinador de Protección Civil del ayuntamiento, Gonzalo Alberto Barquín Granados, de estar detrás del cobro indebido. Así que la denuncia escaló, lo que luego trascendió a los medios.
El alcalde, quien tiene además otra investigación abierta en la misma fiscalía, ha negado los hechos. Sin embargo, esta semana se confirmó que el próximo 11 de noviembre a las 8 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia de imputación en su contra y del otro funcionario, bajo la causa penal JC/874/2020 como parte de la carpeta de investigación FECC/289/2020-08, por el delito de cohecho.
La audiencia se llevará a cabo en los juzgados del penal de Atlacholoaya, en Xochitepec. Ahí, la fiscal Kenya Hedrey Cortés Gómez, presentará los elementos con los que cuenta para imputar el delito de cohecho al alcalde y será el juez Isidoro Edie Sandoval Lome, quien determine si son suficientes para tomar medidas cautelares.
La fiscalía podría pedir entre ellas la prisión preventiva, cuya aplicación será determinada por el juez. Es muy posible que no lo meta a prisión, pero sí puede ocurrir que se ordene al imputado que no se acerque a las dependencias involcuradas, la propia Presidencia Municipal y las Oficinas de Protección Civil, durante el proceso, como ha ocurrido con otros imputados por el mismo delito.
Esto con el objetivo de evitar influencia del funcionario en cuestión entre sus subordinados. En otros casos, los imputados que se encuentra en esta posición, son exfuncionarios, como por ejemplo el exsecretario de Turismo de Graco Ramírez, Jaime Álvarez Cisneros, imputado por varios delitos y quien tiene como medidas cautelares no salir del país y no acercarse a las oficinas de Turismo.
Según especialistas, si el juez determina esta medida cautelar para Villalobos Adán, tendría que pedir licencia al cargo al menos durante los tres meses que dure el proceso. Esto abriría la puerta a la Fiscalía Anticorrupción para llevar a cabo las diligencias de la otra investigación que pesa sobre el alcalde. Se trata de una investigación que ha incluido cateos a las oficinas del ayuntamiento, para averiguar el monto de los ingresos del edil.
Se le señala de haber adquirido propiedades y vehículos por un valor de más de 50 millones de pesos sólo durante el primer año de su gestión al frente de Cuernavaca. Un ayuntamiento que además, pasa por una de las peores crisis económicas en su historia, lo que ha obligado a despedir a entre 350 y 500 empleados, además de incrementar el adeudo de la administración.
Proceso.com.mx
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