DIFIEREN OPINIONES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY
Abel Santiago
Durante varios días, diferentes organizaciones sociales, sobre todo las que más han sufrido las consecuencias del movimiento magisterial, en especial con motivo del cierre de carreteras, estuvieron solicitando por diferentes medios al gobernador del estado de Oaxaca y al presidente de la República, aplicar la ley a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que como protesta por la ejecución de las órdenes de aprehensión dictadas por las autoridades judiciales competentes contra sus dos principales líderes, por haber incurrido en delitos federales y comunes, se posesionaron de las carreteras de la entidad, impidiendo la entrada y salida de camiones de pasajeros y de mercancías, así como de toda clase de vehículos, lo que nos ha mantenido aislados y sin recibir artículos de consumo principalmente, hasta que por fin se atendió esta urgente petición la madrugada del domingo pasado, iniciándose el desalojo por la fuerzas federales y estatales, con la inesperada reacción de violencia y exagerados actos de vandalismo, que como resultado arrojaron un saldo de ocho muertos, más de un centenar de heridos y de otros tantos detenidos, entre los que la mayor parte pertenecían a grupos de choque, provocadores, asociaciones de chantajistas y vividores del presupuesto público, todos afines a la CNTE, que acudieron a apoyarla y se unieron a los actos delictivos.
Como ya es del dominio público, el profesorado y sus secuaces respondieron al exhorto de desalojo de las fuerzas públicas con ataques a pedradas, lanzamiento de bombas molotov y cohetones, incendio de autobuses y automóviles y hasta disparo de armas de fuego, lo que ocasionó el empleo de gases lacrimógenos y pimienta, con el llamado de refuerzo a otras corporaciones policiacas, pues los enfrentamientos continuaron hasta el anochecer y se hicieron extensivos desde Nochixtlán a otros lugares, como Huitzo, Hacienda Blanca y Viguera, aparte de los que se llevaban a cabo en el Istmo de Tehuantepec, sobre todo en Salina Cruz. En todos esos lugares hubo asaltos, robos e incendio a tiendas departamentales, oficinas públicas y privadas, domicilios particulares y unidades de motor. Durante la semana en que permanecieron cerradas las carreteras, los camiones que transportaban artículos de consumo y otras mercancías fueron saqueados y obligados a regresar a sus lugares de origen, se impidió el paso a los autobuses de transportes de pasajeros, y a los automovilistas que se les permitía el paso se les cobraron cantidades de cien pesos en adelante.
En el escándalo que a nivel nacional e internacional provocaron los desalojos y sus consecuencias, se culpó desde luego a las fuerzas públicas, al gobernador del estado del Oaxaca y al presidente de la República, acusándolos de represores, mientras al profesorado y a los tradicionales y bien conocidos grupos de choque que los apoyaron se les calificó de víctimas del sistema que ha criminalizado la lucha social, solicitándose respaldar sus demandas mediante el diálogo y cesar su persecución política. Las autoridades estatales y federales han insistido en diversas ocasiones estar dispuestas al diálogo, pero el magisterio ha respondido siempre que primero se derogue la reforma educativa y se suspendan los exámenes de evaluación, lo que sería otra forma de dejar de aplicar la ley, como la petición de que no se ejecuten más órdenes de aprehensión y se ponga en libertad a sus delincuentes líderes que ahora llaman presos políticos y que son los principales responsables de la intranquilidad que se vive en Oaxaca, y ahora del desabasto alimenticio y falta de vías de comunicación.
En cuanto a la reacción del pueblo, la gran mayoría apoya la actuación de las autoridades que aplicaron la ley, porque ya era intolerable la situación que se vivía en el estado, pero no dejamos de reconocer que lamentablemente existen muchos grupos y personas, sobre todo las llamadas de izquierda y democráticas, que ahora más que nunca apoyan al magisterio y condenan la que llaman represión, ignorando el sufrimiento de los jefes de familia que han perdido su trabajo por el cierre de establecimientos comerciales en los que laboraban, sobre todo los del centro de la ciudad, por el plantón de más de un mes, y la falta de clases a los niños de educación primaria y secundaria, así como los daños ocasionados a la sociedad por los bloqueos diarios de calles y cierres de carreteras. Organizaciones políticas y sociales residentes fuera de la entidad también se han manifestado en favor de la CNTE, porque desconocen totalmente el problema que se vive como consecuencia de los movimientos magisteriales, de más de 35 años, pero acentuado en las últimas semanas por causas más políticas que sindicales o laborales.
Entre las opiniones favorables al respeto al derecho de la sociedad, figuran las de las cámaras, organizaciones empresariales y ciudadanos del estado, que en un desplegado publicado en los diarios reconocen la actuación de los gobiernos federal y estatal en pro de restaurar el orden y la paz social, y solicitan la aplicación de las leyes sin excepción, así como liberar y salvaguardar todas las vías de comunicación y todos los espacios públicos, garantizar el derecho a la educación de los niños y declarar zona de desastre económico al estado, a fin de implementar las acciones necesarias para el rescate económico; a la CNTE solicitan deslindarse de los actos vandálicos y el repliegue oportuno para generar las condiciones de orden y paz que la sociedad oaxaqueña necesita. Esperamos y deseamos que estas opiniones prevalezcan, en contra de la exhortación a más violencia y manifestaciones de apoyo a las protestas sin sentido, sólo por la defensa de los privilegios de una minoría acostumbrada a imponer sus decisiones al amparo de la autonomía sindical.
abelsantiago30336@yahoo.com.mx
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