Animal Político
25 de mayo. El procedimiento es simple: al arranque del sexenio se selecciona a promotores del voto del PRI, se les pide su firma sin decirles para qué la quieren y éstas se usan para crear nuevas empresas. A estas compañías se les asigna un domicilio fiscal falso, que ninguna autoridad revisa.
Una vez creadas, las empresas se registran como proveedoras del gobierno, capaces de vender desde pañales hasta cemento. Un pequeño grupo de funcionarios, cercanos al gobernador, se asegura que se les otorguen contratos, vía adjudicaciones directas o licitaciones cerradas.
En estos contratos se finge la compra de productos, que debían distribuirse en zonas populares, pero de los que no hay constancia que hayan sido entregados. Después de obtener el dinero, la empresa cierra.
El gobierno de Veracruz utilizó este mismo procedimiento una y otra vez para desaparecer al menos 645 millones 693 mil pesos entre 2012 y 2013.
En esos años, funcionarios de la administración de Javier Duarte en Veracruz firmaron 73 contratos para la adquisición y distribución de bienes que, en el papel, serían destinados a personas en situación de pobreza, damnificados por desastres naturales, niños y ancianos. Pero que no hay constancia de que fueran entregados.
Las secretarías locales de Educación, Protección Civil, Desarrollo Social y el DIF estatal fueron las responsables de firmar estos contratos, que en todos los casos fueron concedidos a una red de 21 empresas, las cuales tienen diversos elementos en común: fueron fundadas al arranque del sexenio de Javier Duarte, desaparecieron después de conseguir el contrato, o –como ocurre con 13 de ellas– los socios están relacionados entre sí.
No son las únicas “coincidencias”: 12 fueron registradas ante la Secretaría de Economía con las mismas dos direcciones de correo electrónico y 11 están ubicadas en un mismo barrio habitacional popular. En todos los casos, las direcciones fiscales son casas, vecindades, lotes baldíos, panaderías o herrerías, en las cuales los dueños o inquilinos aseguran que nunca ha existido una empresa y menos aún que reciban contratos millonarios.
En las entregas siguientes Animal Políticoexplicará a detalle cuáles son estas compañías y sus nexos entre ellas. En tanto, se puede adelantar que no sólo hay empresas fantasma, sino que además los productos que supuestamente se adquirieron no llegaron a su destino o es imposible saber qué ocurrió con ellos, porque las dependencias involucradas reconocieron que no tienen ningún comprobante que pruebe su entrega. Un grafólogo revisó las firmas que aparecen en los contratos y determinó que, en algunos de los casos, son falsas o no corresponden a la misma persona.
Los contratos fueron firmados por un pequeño grupo de funcionarios que pertenecen al grupo político de Javier Duarte desde hace años. Son los mismos que han ocupado en este sexenio las oficialías mayores o tesorerías de las principales dependencias públicas y se han relevado unos a otros.
Estos funcionarios son los mismos que han estado presuntamente involucrados en otros casos de corrupción y hasta se han anunciado investigaciones en su contra, averiguaciones previas abiertas o denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, pero nada ha pasado.
Está, por ejemplo, Edgar Spinoso, quien fue Oficial Mayor de la Secretaría de Educación hasta que fue removido porque la Auditoría Superior de la Federación alertó de posibles desvíos en más de 80 por ciento de las aportaciones federales para los programas en Educación. Pero eso no hizo que terminara su carrera política y hoy Spinoso es diputado federal.
Otro es Vicente Benítez González, quien era el Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol-Veracruz y quien colabora con Duarte desde que éste era diputado federal, en 2009. Benítez era Tesorero en la Secretaría de Finanzas local cuando, en enero de 2012, la Policía Federal decomisó una maleta con 25 millones de pesos en efectivo que llevaban dos funcionarios de esa secretaría de Finanzas de Veracruz. Tras este hecho, Duarte anunció la renuncia de Benítez al cargo de Tesorero.
Pero Benítez sólo estuvo un año fuera del gobierno porque regresó como subsecretario de Desarrollo Social, desde donde le tocó anunciar un programa estrella del gobierno de Duarte: la fundación de tiendas comunitarias, que hoy –como reconoce la propia Sedesol local– no existen.
En marzo de 2014, Benítez llegó a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz para relevar precisamente a Edgar Spinoso. Hoy es candidato a diputado local.
Un ejemplo más de los funcionarios de las dependencias que avalaron los 73 contratos: Tarek Abdalá Saad, quien fue director de Finanzas y Administración de DIF y más tarde sustituyó a Vicente Benítez como tesorero, cuando éste tuvo que salir del cargo por el escándalo de los 25 millones de pesos decomisados.
Tarek Abdalá es hoy diputado federal por Cosamaloapan y la PGR tiene abiertas tres averiguaciones previas vinculadas en su contra por el presunto desvío de más de casi dos mil millones de pesos durante su gestión como tesorero de Veracruz en 2012 y 2013.
La investigación de Animal Político, cabe subrayar, sólo se centra en 73 contratos por poco más de 645 millones de pesos que asignaron estas cuatro dependencias en 2012 y 2013. Una mínima parte de los contratos que cada año firman estas dependencias.
De estos 73 contratos analizados, 16 fueron por adjudicación directa –sin concurso– y otros 57 se otorgaron vía licitaciones cerradas, en las que los propios funcionarios siempre invitaron a las mismas 21 compañías, 19 de las cuales fueron creadas en el sexenio de Javier Duarte y su historial comercial es nulo más allá de obtener estos contratos.
Luis Pérez de Acha, abogado experto en derecho fiscal y constitucional, revisó los documentos de esta investigación –que incluyen contratos, actas constitutivas y respuestas de transparencia de las dependencias– y consideró que en la entrega de estos contratos “hay señales claras de irregularidades fuertes, que pueden calificarse incluso de delictivas por parte de los funcionarios del estado de Veracruz que están involucrados en (la entrega de) licitaciones directas o restringidas”.
Animal Político buscó desde la semana pasada la versión del Gobierno de Veracruz y de las dependencias estatales involucradas en la firma de estos contratos. Se les entregó la base de datos de todas estas adjudicaciones y licitaciones para su revisión. El Director de Información del gobierno del estado, Bernardo Gutierrez Parra, señaló que debido al periodo de veda electoral estaban impedidos para dar un posicionamiento público.
También se pidió la postura de los funcionarios que participaron en la entrega de estos contratos y que ahora son diputados federales por el PRI. La respuesta que entregó la Coordinación de Comunicación Social de la bancada de ese partido fue que los legisladores se encontraban participando en las campañas electorales de Veracruz y que no estaban disponibles para dar su posicionamiento.
El caso Sedesol
En 2013 la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Veracruz firmó 45 contratos en los que siempre participaron empresas de esta red, por un monto de 243 millones 766 mil 548 pesos. Los conceptos fueron variados: desde materiales de construcción para pisos y techos de viviendas en zonas marginadas hasta útiles escolares, artículos de limpieza, cobertores, cobijas y despensas.
Los contratos se entregaron vía “licitaciones simplificadas”, un mecanismo legal que establece que deben participar tres empresas en una competencia, pero son seleccionadas por los funcionarios. Este mecanismo sólo tiene una limitación: el monto total del contrato no puede superar los seis millones de pesos, pero los funcionarios cuidaron que esto no sucediera.
En los 45 contratos participaron las mismas empresas. En algunas licitaciones les tocaba ganar y en otras perder, pero siempre eran las mismas.
Por ejemplo, en la licitación 222-13 por paquetes de láminas, Sedesol Veracruz invitó a las empresas Importadora Denylk, Merca Carrey y AD911. La primera es propiedad de Román Ulises Alvarado y la segunda, de Adriana Montes Hernández. Román es sobrino de Adriana y ambos, en realidad, son habitantes de una zona marginada en Boca del Río y no sabían –según confirmaron– que eran “propietarios” de empresas. La tercera empresa invitada, AD911, es una compañía creada seis meses antes de la licitación. El contrato fue para Importadora Denylk.
Pero hubo “revancha” para AD911 porque tres días después, la misma dependencia la invitó a la licitación 233-2013, también por paquetes de láminas. En esta ocasión ganó y derrotó a una empresa llamada Mogarver.
Esta última empresa es propiedad de Martha Hernández, media hermana de Adriana y madre de Román Ulises Alvarado.
Ya en 2012 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había detectado que Sedesol de Veracruz estaba usando esta misma estrategia: para evitar que hubiera licitaciones abiertas y así pudieran controlar qué empresas participaban, los funcionarios de la dependencia dividían un mismo contrato en partes para que no superaran los 6 millones de pesos que fija la ley como tope. La Contraloría de Veracruz anunció que había integrado por ello el expediente 094/2013, pero no hubo sanción alguna.
En 2013, Sedesol Veracruz continuó con la misma práctica y por eso los contratos que se entregaron son máximo por 5 millones 800 mil pesos.
Otro caso detectado se dio en cinco contratos para la compra de uniformes, útiles escolares y despensas de artículos no perecederos o de limpieza. Los productos debían repartirse a través de “tiendas comunitarias en zonas marginadas” que forman parte del programa social “Adelante”, pero estas tiendas no existen, según reconoció en entrevista el coordinador de dicha estrategia, Jesús González Herrera.
Para seguir leyendo consulte:
http://www.animalpolitico.com/2016/05/desaparece-el-gobierno-de-veracruz-645-millones-de-pesos-entrega-el-dinero-a-empresas-fantasma/
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