De Ralito a Michoacán
Fernanda Cardoso Caballero
Oaxaca de Juárez, 6 de enero. Durante muchos años varios gobiernos se han planteado la posibilidad de que sean los mismos civiles los encargados de su propia seguridad. Dejando atrás los principios básicos de las funciones del Estado, es necesario poner sobre la mesa la practicidad de dicha idea. La realidad es que estos experimentos sociales han sido bastante costosos para muchos países cuya estabilidad se ha visto quebrantada gracias a los mismos.
La realidad es que una vez que cualquier Estado se sabe rebasado y comienza a aceptar que sean civiles los que hagan justicia por propia mano se pierde toda la credibilidad de las instituciones. Es decir, en honor a la verdad las FARC jamás hubieran firmado la paz mientras hubiera seguido al acecho los diferentes grupos paramilitares que recrudecían la violencia en Colombia.
La fórmula para el desastre es simple, pues mientras haya varios grupos armados y movilizados la realidad se vuelve más trágica dado que se reproduce una suerte de “dilema de seguridad” donde todos esos grupos buscan estar mejor preparados y mejor armados ante una eventual amenaza. Gracias al pensamiento estratégico de Álvaro Uribe que desmovilizó a los diferentes grupos militares –no todos- ayudó a que hoy en día estemos hablando de una paz entre el gobierno y la guerrilla más antigua de América Latina.
Así pues, pienso oportuno subrayar que en México desde hace ya varios años se ha planteado la posibilidad de que haya cada vez más civiles armados y aunque he de admitir que a corto plazo esta idea resulta atractiva hay que recordar las muchas vidas que esta dinámica ha cobrado en países como Colombia o Estados Unidos. El tener civiles armados nos guste o no es un riesgo, implica que personas que no tienen la obligación legal de estar capacitadas para portar armas puedan utilizarlas, por otro lado se violenta el principio de que el Estado sea el que tiene el monopolio del uso de la fuerza legítima, lo que implica incluso una afrenta a la propia soberanía.
No nos queda más que reflexionar respecto a los diferentes grupos que en nuestro país han logrado ostentar fuerza, por loable que parezca la causa. Nuestro país no necesita más civiles armados, necesita mejores instituciones y una cultura de sanción y reparación del daño. Es también necesario admitir que el modelo corporativista ya no es funcional y que la repartición de justicia y la estabilidad del país ya no está en manos de la repartición de recursos toda vez que lo que las personas exigimos en justicia.