Oaxaca de Juárez, 26 de agosto. En Oaxaca, 7 ediles han muerto por Covid-19. Hace dos días el Ayuntamiento de San Bartolomé Quialana en un comunicado informó de la muerte del presidente municipal Victorino Gómez Martínez.
Pedro Escárcega Pérez, edil de Santiago Jocotepec, jurisdicción de la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca, falleció por complicaciones en su salud debido al nuevo coronavirus, SARS-CoV2.
A la fecha suman siete ediles muertos en la coyuntura de la pandemia. En esta semana falleció el alcalde de Matías Romero, Alfredo Juárez Díaz, de 65 años de edad.
Ayer, en la noche, otro primer concejal perdió la vida, ahora fue el de San Simón Zahuatlán, Simón Urbino Bazán Méndez quien sufrió un accidente cuando se trasladaba en una camioneta oficial.
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El decreto aprobado por los diputados oaxaqueños en contra de la distribución, venta, donación, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico aún no es ley. Y esto porque se siguen analizando algunas modificaciones y además porque no se ha publicado en el Diario Oficial como lo acordaron los legisladores en su dictamen el pasado 5 de agosto. 
En los artículos transitorios se establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico Oficial del gobierno de Oaxaca y eso aún no ha pasado.
En el artículo 4 se dictaminó que será “la Secretaría de Salud la que aplicará y vigilará el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que establecen los límites máximos de azúcares, grasas saturadas,grasas trans y sodio añadido a las bebidas azucaradas y a los alimentos envasados y conforme a ello determinará cuales bebidas y alimentos están prohibidos para la distribución, venta, regalo, suministro a menores de edad en el estado”.
Y, la SSO aún no tiene ni idea de como será la aplicación. Así de sencillo. Es decir, además de todas las broncas de la pandemia del Covid-19, ahora ¿tendrá que contratar los servicios de inspectores que habrán de recorrer los 570 municipios que conforman la entidad? O, ¿cómo le van a hacer para reprender a los malos, desgraciados, tenderos que la infringen?
Expertos en materia legal afirman al portal siete24.mx que existen vacíos, omisiones y repeticiones en la polémica reforma que prohíbe la venta de alimentos procesados a los menores de edad del estado.
De acuerdo a la información que recabaron, hay “Errores jurídicos, técnicos y constitucionales giran entorno a la polémica reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, mismos que podrían acarrear una serie de impedimentos para su correcto funcionamiento”.
Y señalan que “A dos semanas de su aprobación en el Congreso de la entidad, la llamada Ley Antichatarra podría quedarse corta en su intención de combatir el problema de la obesidad infantil”.
Para el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, la forma en la que la enmienda está redactada deja un amplio espacio para juicios de amparo y controversias que será responsabilidad de los jueces, tribunales colegiados y de la propia Corte Federal el solucionar.
El exministro puntualizó que uno de los primeros errores es de carácter jurídico, ya que por error se atribuye el problema de la desnutrición infantil al consumo de productos empaquetados, cuando el problema (así documentado por la Organización Mundial de la Salud) se encuentra en la cantidad y calidad de alimentos que consumen los niños del país.
Asimismo, Cossío Díaz identificó problemas de repetición en la redacción del Artículo 20 y sus fracciones. Repeticiones y omisiones que evidencian una mala técnica legislativa.
El tercer error identificado por el exministro está en el desequilibrio entre prohibir los alimentos chatarra pero dejar fuera a las comidas, dulces y alimentos similares.
Señala dos espacios en la nueva legislación que podrían derivar en juicios de amparo y problemas a la hora de su ejecución.
El primero, en cuanto a la falta de tipo legal o correspondencia con el Código Penal de la entidad, un error que invalida su carácter sancionador.
Y de igual forma, la falta de concordancia constitucional al dejar fuera la visión de brindar un bien mayor y protección a los derechos de la niñez para. Esto al pretender atacar un problema tan amplio como la malnutrición desde un ángulo simple como la prohibición.
Por ello, nos imaginamos no se ha publicado.
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El gobernador morenista poblano tiene en la mira a dos oaxaqueños, al ex secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano y a al priista Jorge Estefan Chidiac.
Resulta que Miguel Barbosa, presentó una denuncia contra 10 ex funcionarios por su presunta participación en malversación de 241 millones de pesos.
El titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez, presentó las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Entre los mencionados están: Fernando Manzanilla Prieto, Roberto Moya, Luis Maldonado Venegas, Jorge Benito Cruz, Diódoro Carrasco Altamirano, Roberto Rivero, Guillermo Bernal, Raúl Sánchez, Enrique Robledo y Jorge Estefan.
A Carrasco también se le investiga por facilitar la entrega irregular de 29 notarias, esto cuando era titular de la Secretaría General de Gobierno.
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