Oaxaca de Juárez, 1 de octubre. Este año es el de la inflexión de abusos cometidos por el entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La cascada de revelaciones en los medios sobre presuntos actos criminales y de corrupción de su familia, cercanos y asociados ha provocado una paranoia cada vez más extensa. Uno de los últimos en caer en esta es Mario Pacchiano, al que algunos medios han calificado como “el rey Midas” por el éxito empresarial que ha tenido con el Grupo Maremi, que fundó. Pero detrás de ese resplandor se encuentra otro personaje más oscuro. Amigo de Andrés Manuel López Beltrán, el atribulado Andy, y operador financiero del senador Adán Augusto López, está preso de miedo de que las autoridades lo detengan por delitos penales.
Cuatro amparos de los llamados “buscadores”, para detectar si se han girado órdenes de aprehensión en contra de quien se siente inquieto o amenazado, fueron presentados por Pacchiano. El primero lo interpuso el 29 de mayo pasado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, y tres más el 4 de junio, en tres juzgados federales distintos: en Nezahualcóyotl, en el Estado de México; en Mexicali, la capital de Baja California, y en La Paz, capital de Baja California Sur, donde el Grupo Tabasco que encabeza el senador López tiene tentáculos poderosos en la política local.
Pacchiano es un empresario arrogante, hipócrita con desconocidos, con un aura de impunidad que es prestada. Tras una columna que escribí en octubre del año pasado, en un mensaje por WhatsApp apuntó con esos aires de autosuficiencia que él estaba tranquilo porque no había nada en su contra. Inocente, dijo meses antes, luego de otra columna donde se le señalaba como operador financiero del senador López. Las cosas, como las ve, deben haber cambiado significativamente en su entorno, porque se volvió una persona altamente precavida o está aterrado de ir a la cárcel.
Esto lo explica el enorme abanico de peticiones a diversas instituciones de procuración y administración de justicia, que incluyen, entre otras, los centros de justicia penal en los reclusorios Norte, Sur y Oriente de la Ciudad de México, además de Santa Martha Acatitla; el del Altiplano en Almoloya; los de Reynosa y Ciudad Victoria en Tamaulipas; los de Tijuana, Mexicali y La Paz en las bajas californias; todos los jueces de control de esos reclusorios; la Fiscalía General de la República y sus delegados en la Ciudad de México, Estado de México y Tamaulipas; la Agencia de Investigación Federal; las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa y de Marina.
¿A qué le teme Pacchiano? En todos esos centros de justicia se ventilan delitos de delincuencia organizada como operación, integración o participación con los cárteles de las drogas; delitos contra la salud, como el tráfico de fentanilo o cocaína; armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; lavado de dinero; delitos fiscales y aduaneros; el huachicol y el contrabando de combustible. Algo que tiene que subrayarse es que donde pueda haberse solicitado una orden de aprehensión no significa que en esa demarcación territorial se cometió el delito. Sin embargo, esta búsqueda en múltiples juzgados y centros de justicia penal revela lo que le revolotea a Pacchiano en su cabeza sobre su futuro.
Pacchiano jugó un papel importante en el affaire que involucró a Andy y a Gonzalo López Beltrán con Amílcar Olán, cuando estalló un escándalo que no puede abandonarlos al difundirse unas grabaciones obtenidas por el reportero de investigación Mario Gutiérrez, dadas a conocer en Latinus en 2024, donde en una llamada telefónica el amigo y socio de los López con su primo mencionando la mala calidad del balastro que habían vendido para el Tren Maya, y sugería presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y sobornos.
Al ser audios tan comprometedores, provocaron una reacción defensiva: investigar de dónde habían salido. Pacchiano, a quien se investigó –y nunca se hizo nada– por la venta de medicinas a sobreprecio, cercano al grupo de Amílcar Olán y de los hijos de López Obrador, contrató los servicios de Susu Azano Hetser, hijo de Susumo Azano Matsura, quien vendió el programa Pegasus a la Secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno de Felipe Calderón.
Azano Hetser, a quien llaman Mr. Susu, había asumido el control de la empresa familiar Security Tracking Devices, que realizaba trabajos de espionaje en dispositivos móviles en tiempo real, mensajería instantánea y correos electrónicos, y descubrió quién había filtrado los audios. Se trataba de Germán Pérez, un nombre desconocido por millones, que fue pieza clave por haber jalado el seguro para que el andamiaje de poder construido gracias al picaporte en el despacho presidencial, y la percepción de aval y protección del expresidente, se hiciera público, abriendo una herida que, pese al encubrimiento del régimen, nunca ha dejado de sangrar.
Pérez, indignado porque Amílcar Olán le estaba robando dinero, filtró a los medios y a organizaciones civiles las grabaciones telefónicas donde menciona a los hijos de López Obrador como las cabezas de múltiples negocios multimillonarios. Pérez fue detenido en Chiapas acusado de un delito que no pudieron probar los fiscales. Estuvo preso durante tres meses, en los cuales fue torturado. Cuando un juez lo puso en libertad por falta de pruebas, se fue inmediatamente a Los Ángeles, donde presuntamente comenzó a hablar con las autoridades estadounidenses.
Las grabaciones, que fueron las primeras de varias, pusieron bajo el escrutinio público a los López Beltrán, en especial a Andy, que posteriormente se vio involucrado en el tema del contrabando fiscal junto con el senador López y la red criminal del empresario Sergio Carmona, que financió ocho campañas para gobernador en 2021, y que fue asesinado a finales de ese año por un sicario contratado en Juchitán, Oaxaca, por altos mandos de la Guardia Nacional.
Pacchiano, directa o indirectamente, presuntamente estuvo involucrado en algunas de las actividades ilícitas de los hijos de López Obrador y del senador López, y, conectado con el exsecretario particular y operador político del expresidente, Alejandro Esquer; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y el exdirector de Pemex y actual titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, surgió el año pasado como una figura central en las investigaciones federales sobre contrabando de combustible, financiamiento político a Morena y transferencias millonarias. Razones tiene, por supuesto, para haber entrado en pánico. Una buena parte de su entorno se encuentra en la caldera.
rrivapalacio@ejecetral.com.mx
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