Oaxaca de Juárez, 17 de septiembre. El gobierno federal anunció medidas de austeridad con motivo de la crisis económica que se vive en el país, ocasionada principalmente por la devaluación de la moneda y la baja de los precios del petróleo. Para empezar se reduce el presupuesto para la seguridad social, los centros de estudios e instituciones culturales y el sector salud y agrario entre otros, con lo que las clases populares, estudiantiles e intelectuales resultan más afectadas. Para que se considere justa y necesaria esta medida, pero sobre todo equitativa, se suprimió la cena de gala del 15 de septiembre en el Palacio Nacional y se dieron a conocer los millones de pesos que costaba cada año, por lo que ya no era posible continuar tan enorme gasto. Al hacer el anuncio, Enrique Peña Nieto llamó a que el gobierno federal “se apriete el cinturón” en el presupuesto para el próximo año, pero para el pueblo de inmediato se aplicaron las medidas de austeridad, sin que para la clase gobernante se advierta ningún cambio, porque en los hechos la situación es muy diferente.
Para empezar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a la Presidencia de la República una modificación presupuestal por 865.7 millones de pesos respecto a lo aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio 2015, con lo que el presupuesto sube a tres mil161.9 millones de pesos, frente a los dos mil 296.2 autorizados originalmente. Según información periodística, en los primeros siete meses de este año, la oficina de Enrique Peña Nieto ya tenía compromisos -vía contratos con proveedores, prestadores de servicios, servicios personales y otros-, por dos mil 295 millones de pesos, apenas un millón menos del monto total autorizado para 2015 por la Cámara de Diputados. Un ejemplo de ajustes al gasto público es el de la Secretaría de Agricultura, a la cual se le disminuyó de 92 a 84 mil millones de pesos el gasto de este año, mientras en Los Pinos ha ocurrido lo contrario. El Congreso de la Unión dispondrá para 2016 de 14 mil 101 millones de pesos para el rubro de servicios personales, o sea 703 millones de pesos más de lo que le fue destinado para este año.
En el presupuesto de egresos para 2016 no se tiene prevista ninguna reducción de sueldo a los funcionarios públicos, además de que seguirán disfrutando de bonos, gastos mayores para servicios médicos y personales. En cuanto a la clase política se propone que conserven sus mismos privilegios. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, se ha declarado defensor del financiamiento a los partidos políticos, diciendo que es necesario repensar, sin estridencia ni prejuicios, los montos que se les otorgan, sobre todo porque los podrían buscar “donde no queremos”, sin aclarar a qué turbios destinos se refiere. Informó que en 2015 el monto federal para las fuerzas políticas fue de cinco mil 300 millones de pesos, y que para el próximo año se prevén cuatro mil 30, lo cual considera injusto, y que ante las propuestas de reducción de las prerrogativas a los partidos, debe darse un debate “serio y sin estridencias” para analizar las consecuencias. Si se reduce, propuso que “habría que cuidar no cerrar demasiado la llave, de manera tal que obligue a los partidos a recurrir a dinero indeseable”.
Por esas opiniones se puede advertir cuál fue el criterio del presidente del INE, y de sus consejeros sometidos, para negar las solicitudes de cancelación de registro al Partido Verde Ecologista Mexicano, apéndice del PRI, partido al que le deben el nombramiento. De igual manera se deduce el motivo por el que retiraron el registro a los partidos del Trabajo y Humanista, que junto con otros de oposición se manifestaron contra su conducta oportunista. Esta tiene una lógica interpretación, y es el sueldo mensual que percibe cada uno de los 11 flamantes consejeros, que es de $262.634.00, más bonos, vehículos, chofer, servicio de celular y gastos de alimentación. Los directores ejecutivos, asesores y secretario ejecutivo se embolsan mensualmente $229,613.00, más las mismas prestaciones. Al menos 100 altos funcionarios de este Instituto ganan de 200 mil pesos para arriba cada mes, y también usan vehículos pagados con nuestros impuestos. Para el 2016 el INE solicita 15,473.8 millones de pesos para gasto operativo, más el monto correspondiente al financiamiento público de los partidos políticos, que es el que aún se encuentra en discusión, y por el que se ha constituido en defensor apasionado Córdova Vianello.
La oposición a las supuestas medidas de austeridad se han manifestado en diferentes formas, sobre todo por las organizaciones no gubernamentales, que son las que han contado con un espacio en los medios de difusión. La Coordinadora Nacional Plan de Ayala informó que iniciará acciones en la Cámara de Diputados para sensibilizar a los legisladores a que eviten que “se concrete el agravio contra los campesinos”, porque “hubo poco sentido social al momento de plasmar los recortes al presupuesto” a instituciones de servicios a la comunidad, sin que por eso se afecten los ingresos que perciben sus funcionarios. Otras organizaciones, como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Sociedad en Movimiento y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, en conferencia de prensa sobre el presupuesto de egresos de la Federación y el paquete económico 2016, señalaron que este no debe ser un programa recesivo, sino uno que facilite el crecimiento. Lamentaron que la partida para el siguiente año “prevé una reducción del 20 por ciento en la inversión pública, es decir, quedará con apenas tres puntos porcentuales del producto interno bruto, el nivel más bajo desde 1940.”
Entre los de no mayores, sino exorbitantes ingresos, está la alta burocracia, pero no se le toca porque así conviene para mantener el mismo sistema político que se programa continuar a partir de 2018. Mientras tanto, toca a las clases medias y marginadas apretarse el cinturón, no al gobierno federal como anunció Peña Nieto.
abelsantiago30336@yahoo.com.mx
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