Artículos y columnas políticas (07:43 h)

México recibirá hoy al papa Francisco con las heridas abiertas. Ni siquiera el respetable fervor de los seguidores de la religión católica puede atemperar la sensación generalizada de una crisis en espiral ascendente, ante la cual no se avistan mecanismos o proyectos institucionales mínimamente confiables de solución.

Ayer mismo, en Nuevo León, se produjo una masiva expresión de la inviabilidad del sistema actual degobierno (en sus tres ámbitos: federal, estatal y municipal), con un saldo de cuando menos medio centenar de muertos durante un episodio oficialmente considerado como riña entre bandos opuestos de internos en el penal de Topo Chico. Ante el tamaño del problema, mostró poco oficio el habilitado gobernador del estado, el falsamente independiente Jaime Rodríguez Calderón, experimento de élite para ganar con fórmulas de engaño el voto desesperado, pero también manipulable, de quienes están hartos de lo tradicional.

En la explosión de salvajismo acumulado en Topo Chico puede identificarse con claridad el fracaso con tonos funerarios de todo el esquema nacional de seguridad pública, procuración de justicia (procuradurías y fiscalías, agencias del Ministerio Público, etcétera…), sistema judicial (juzgados, tribunales, la Corte) y rehabilitación socialcomo objetivo concreto de la red nacional de cárceles. No son accidentes ni casos fortuitos o aislados, sino consecuencias claras y directas de la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones esenciales.

Si los grupos del crimen organizado dominan buena parte del país, de una manera abierta y retadora, es explicable que trasladen sus métodos de control a los Centros de Rehabilitación Social, en sus diferentes modalidades. Las prisiones se han convertido, por más que los políticos en turno al micrófono proclamen avances y mejorías, en cotos delictivos sustraídos a lo que engoladamente algunos recuerdan por ahí como imperio de la ley. Mediante el uso abundante de dinero corruptor hacia funcionarios de todos los niveles, o con la advertencia del castigo mortal a los rejegos, loscárteles gobiernan porciones de las cárceles mexicanas, entrando en conflicto brutal en ocasiones como la sucedida ayer.

Cincuenta muertes en Nuevo León que cruzan ya sin demasiado asombro la inmensidad mexicana de las masacres cotidianas. En Veracruz se enteran las autoridades, al buscar cinco cuerpos de jóvenes de Playa Vicente, de que hay un rancho destinado a sacrificios humanos en el que se estima que puede haber restos de cientos de personas desaparecidas. Y a los familiares de dos de esos jóvenes se les entregan los pocos restos disponibles (cuya auténtica correspondencia con los desaparecidos está por demostrarse) en una caja de cartón, como flete infame que pinta de corazón entero la inhumanidad burocrática que se ha desarrollado en la cultura del horror institucional. Ayer mismo, otros cuatro jóvenes desaparecieron en la entidad mencionada. A ese México llega Francisco, y es de esperarse que su discurso y comportamiento político estén en consonancia con el dolor de un pueblo que aún es mayoritariamente partícipe de la religión con base operativa en el Vaticano.

A las noticias que ya no son de nota roja, sino de nota política, pues hoy buena parte del ejercicio político es crimen, se sumó ayer el arribo del peso a niveles cercanos a las 20 unidades por dólar, en una depreciación imparable que agrega tonos de espanto a las finanzas nacionales maltrechas por el saqueo corrupto, la caída del precio del petróleo, la disminución de las reservas monetarias (subastados por sistema miles de millones de dólares del guardadito nacional para que especuladores y favorecidos se protejan de la debacle del peso) y la inflación que ya se ha desatado.

Francisco no sólo debería tener en su agenda discursiva temas externos a su Iglesia, pues se espera que en México aborde los propios, entre ellos el de la pederastia clerical y su sistemática protección por parte de los jerarcas regionales. Un caso relevante sucede en Oaxaca, donde el arzobispo José Luis Chávez Botello ha protegido durante años a un cura alegremente dedicado a la depredación sexual, Gerardo Silvestre Hernández, a quien exoneró una y otra vez hasta que hubo denuncia que lo llevó a la cárcel, donde espera sentencia generosa o francamente exculpatoria.

A Manuel Arias Montes, uno de los 10 curas y diáconos que denunciaron ante el arzobispo Chávez Botello y ante el Vaticano las agresiones sexuales cometidas contra cuando menos 45 indígenas menores de edad (años después, la suma estimada llega a un centenar de casos), se le ha enderezado una campaña de desprestigio y amenazas, con pintas injuriosas, un atentado, visitas de presuntos verdugos, robo fantasma e incluso una demanda por violencia intrafamiliar que, referida a una presunta relación de pareja, pretende crear las condiciones para el encarcelamiento de ese cura rebeldey su eventual suspensión en el ejercicio ministerial.

Arias Montes, quien este año cumplirá cuatro décadas como sacerdote, doctor en teología por la Universidad de Tübigen y promotor en Oaxaca de una práctica religiosa comprometida con los pobres y los indígenas, ha respondido presentando una demanda ante la procuraduría estatal de justicia contra el mencionado arzobispo Chávez Botello, por amenazas, y ha señalado, aparte del documento formal ante las autoridades civiles, que debe investigarse la posibilidad de complicidad y encubrimiento de ese arzobispo a lo largo de años en que protegió, cambió de adscripción y elevó de categoría (lo hizo decano) a su favorito, Silvestre Hernández, mientras éste acumulaba abusos sexuales contra menores de edad. Sobre el caso hay dos videos. Uno, con la entrevista a Arias Montes. Otro, con los padres de Jesús (14 años, entonces), nombre ficticio (también los padres pidieron no dar sus nombres reales) de una de esas víctimas. ¿Atenderá Francisco éste y otros casos de escandalosa protección a la pederastia clerical desde las cúpulas eclesiásticas? ¡Hasta el próximo lunes!

PUNTOPORPUNTO

EXPEDIENTE POLÍTICO

JOSÉ CONTRERAS

El Papa Francisco llegará este viernes a las 17:00 horas a la Ciudad de México para iniciar una visita a nuestro país que durará seis días.

El líder mundial de la iglesia católica vendrá a nuestro país a invitación expresa del presidente Enrique Peña Nieto, invitación que en un principio había sido despreciada por el prelado.

La pregunta es: ¿A qué viene el Papa?

Para la iglesia católica, se trata de una visita pastoral, es decir, el Papa viene a interactuar con la feligresía mexicana, lo que incluye la expresión de mensajes de paz, de solidaridad y de consuelo por lo que aqueja a nuestra sociedad.

Para el gobierno mexicano, se trata de una visita de Estado, toda vez que Jorge Mario Bergolio (El Papa Francisco) es el jefe del Estado Vaticano.

Aclaramos que no tenemos ninguna fobia ni animadversión hacia el Papa Francisco, a quien le reconocemos el hecho de que se ha caracterizado por asumir posturas liberales en torno a diversos temas.

Pero no entendemos qué beneficio le puede traer al país la visita del jefe del Estado Vaticano como para que el presidente Peña Nieto haya insistido –después de haber sido bateado antes–  para que viniera.

El Papa, sin proponérselo, le dará a las cuestionadas autoridades mexicanas un largo respiro de una semana, durante la cual la sociedad mexicana permanecerá adormilada.

Información negativa, como la relacionada con las irregularidades en la investigación de los hechos de Iguala, los asesinatos y secuestros en Veracruz, el incremento sin freno del dólar y la caída del precio del petróleo, se verá inhibida por la presencia del Papa.

Políticos y gobernantes de todos los partidos, colores y ubicaciones geográficas, se rendirán ante la presencia del Papa, aunque con ello se pongan en el límite de la violación del principio de laicidad consagrado en la Constitución.

La presencia del Papa permitirá el lucimiento de diversas autoridades, como lo son el presidente de la República, varios gobernadores y presidentes municipales,  los cuales aparecerán en las fotos junto al llamado “sumo pontífice”.

Posarán junto al Papa el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, quien llegó al absurdo de ordenar colocar mensajes de bienvenida en el Metro.

Posará también el presidente municipal independiente de Morelia, Alfonso Martínez Serrano, a quien no le importó gastar cientos de miles de pesos para que las camisetas de los jugadores del equipo de futbol Monarcas Morelia incluyeran un saludo al Papa.

Y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien gastó la insultante cantidad de 100 millones de pesos solo para recibir al Papa.

Insistimos: no nos queda claro a qué viene el Papa. Ojalá no venga a darle un espaldarazo al presidente, ojalá que por lo menos, en congruencia con su actitud de los últimos días, asuma un discurso y una actitud crítica hacia la crisis de violencia y de violación a los derechos humanos por la que atraviesa el país.

OFF THE RECORD

**BRONCA DEL BRONCO

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, pasa por su primera gran prueba de fuego.

La bronca le estalló en el penal de Puente Chico, con un enfrentamiento en el que perdieron la vida 49 reos.

Veremos cómo sale de ésta.

**CARTELERA POLÍTICA

La película de la semana es: Su Excelencia (1966) del director Miguel M. Delgado.

Sinopsis: “Un alto dignatario tiene la posibilidad de ofrecer un discurso ante los representantes de grupos de poder con intereses disímbolos. Pero está por ver si sus interlocutores le harán caso”.

El protagonista es: El Papa Francisco.

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EXCÉLSIOR

RAZONES

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Cuando hoy llegue el papa Francisco a México se encontrará con que la principal noticia sobre nuestro país no será su visita, sino el motín en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, que ha dejado, según cifras preliminares, 49 muertos y 17 heridos.

No hay nada nuevo en estas historias: grupos de delincuentes ligados a diferentes organizaciones criminales pelean en forma brutal por el control del penal. A veces tienen incluso armas de alto poder, siempre armas blancas y otro tipo de instrumentos letales. A veces, en medio del motín se da una fuga. No es, simplemente, un control nominal: se controla desde la comida hasta los dormitorios, desde las visitas conyugales hasta el alcohol y las drogas, se paga por la seguridad personal y por un catre cómodo. Como en todos esos reclusorios hay sobrepoblación, las autoridades dan libertades adelantadas en forma constante, hay colusión con los reos y delincuentes condenados por asesinato o secuestro, que dejan la cárcel en unos pocos años para seguir delinquiendo.

Y se suceden los motines y asesinatos. En 2008, 19 muertos en Tijuana. Un mes después, 15 muertos en Reynosa y 23 muertos en Durango, al inicio de 2010; un año después, en Gómez Palacio (que después se supo era un reclusorio tan controlado por el crimen organizado que los delincuentes, uno de ellos amante de la directora del penal, salían en la noche con las propias armas de la guardia para ajusticiar enemigos, secuestrar y extorsionar y regresaban a descansar al reclusorio) otros 11 muertos. En julio, se enfrentaron a tiros en el penal de Ciudad Juárez (el mismo que va a visitar el papa Francisco) miembros de Los Aztecas y Los Mexicles, dos pandillas pertenecientes a los cárteles de Juárez y de Sinaloa, respectivamente: quedan 27 muertos y veinte heridos. En octubre de ese año hubo 20 internos muertos y 12 heridos en Matamoros. En enero de 2012, otros 31 muertos en Altamira. Un mes más tarde, en febrero, en el penal de Apodaca, en Nuevo León, hubo 44 muertos y 30 reclusos se fugaron durante el motín. En diciembre hubo otros 24 muertos en el penal de Gómez Palacios. En abril de 2013, hubo 13 muertos en el penal de La Pila, en San Luis Potosí. La lista no es exhaustiva, ha habido decenas de motines, fugas, asesinatos, extorsiones.

La pregunta es obvia: ¿cómo puede ser que el Estado no pueda controlar un espacio absolutamente determinado, con una población perfectamente identificada, donde debería haber normas estrictas de funcionamiento, operación y seguridad? Sencillo: porque los reclusorios no los controla el Estado, sino los propios delincuentes.

Lo que sucede es que 80% de los penales dependientes de los gobiernos locales (estatales y municipales) se rige por un sistema de autogobierno, lo que traducido quiere decir que quienes controlan esos reclusorios son los internos y, obviamente, los que mandan son los delincuentes más poderosos. Ellos se hacen cargo de todo: de la comida, de la distribución de lugares, las visitas e, incluso, de la seguridad interior. Los sistemas de vigilancia sirven para controlar el entorno y garantizarle a los principales delincuentes su propia seguridad.

Topo Chico, por ejemplo, es controlado por Los Zetas. No hay restricciones para moverse, para vestirse, se maneja efectivo, hay visitas de niños y conyugales a cualquier hora. Los reclusos controlan el penal e, incluso, en los hechos, a sus directivos. Y lo mismo sucede en poco más de 65 penales estatales y municipales en el país. Cuenta Eduardo Guerrero, actual responsable del sistema penitenciario federal, que cuando se hizo cargo de esa responsabilidad en Chihuahua lo primero que decidió fue visitar el penal de Ciudad Juárez. Se encontró con que los reclusos, armados con fusiles de asalto, le prohibieron la entrada, no les importaba si era o no funcionario. Había autogobierno. Guerreroacabó con el autogobierno, hizo trasladar a los jefes de los reclusos a otros penales e impuso las normas que existen a nivel internacional sobre movimientos, seguridad, manejo de dinero y comunicaciones, en cualquier reclusorio del mundo. Después de la fuga de El Chapo, Eduardo Guerrero fue llamado para encargarse de los penales federales, que están recuperando la extrema seguridad perdida. Pero esos son sólo los penales federales, no puede intervenir en los locales.

No hay leyes ni normas obligatorias para los más de cien penales controlados por estados o municipios. No hay un sistema nacional. Tampoco nadie parece querer establecerlo. Son los reclusos los que deciden qué, quién y cómo. Pero, ¿quién quiere meterse en un tema tan poco sexi como los reclusorios? Mejor sigamos con temas tan trascendentes como la legalización de la mariguana. No vaya a ser que a alguien se le ocurra presentar una iniciativa para tener control sobre los reclusorios y se arruinen los prósperos negocios que genera el autogobierno en los penales. Vuelvo a preguntar: ¿si el Estado no puede o no quiere controlar los reclusorios, cómo puede controlar un país?

LA RAZÓN

PULSO POLÍTICO

FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

Con hecho de brutal violencia originado por un motín en el interior del penal estatal de Topo Chico, en Monterrey, en el que medio centenar de internos resultó muerto y una docena más herida, el Presidente Enrique Peña Nieto recibirá esta noche al Papa Francisco y mañana, sábado, le dará la bienvenida oficial en Palacio Nacional, para la visita de cinco días a la capital de la República y a los estados de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua.

La tragedia en la prisión regia ocurrió la madrugada de ayer, pero el gobernador ciudadano de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, tardó más de nueve horas en salir a informar lo sucedido y después de confirmar inicialmente que fueron 52 los muertos la cifra se ajustó a 49, de los cuales 40 fueron identificados, no así los restantes, cuyos cuerpos están calcinados.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En el peor de los momentos, cuando sigue la búsqueda de tres de los cinco jóvenes desaparecidos el 11 de enero pasado en Tierra Blanca, el gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, enfrenta la de otros cuatro ocurrida ayer a plena luz del día en el fraccionamiento Reforma del puerto jarocho.

Un comando armado, cuyos integrantes iban con los rostros cubiertos, secuestró primero a tres muchachos de entre 18 y 20 años y luego a un cuarto que presenció los hechos y que huyó a toda carrera y fue perseguido hasta llevárselo también.

Este segundo plagio de jóvenes veracruzanos se da justo cuando en las cámaras de Diputados y de Senadores representantes de partidos de oposición demandaron que la PGR atraiga las investigaciones del asesinato de la reportera Anabel Flores Salazar, de El Sol de Orizaba, y que se inicie un juicio político contra el mandatario veracruzano para que sea desaforado.

La indignación que provocó el crimen de la periodista orizabeña dentro y fuera de Veracruz y del país llegó también a las sedes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, en donde integrantes del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano se unieron para exigir que ese enésimo homicidio de un diarista en esa entidad sea investigado a nivel federal.

No parece coincidencia ese informe final dado a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la operación Rápido y Furioso, para introducir armas ilegalmente a México, “supervisado de manera irresponsable” por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y la Fiscalía de Phoenix, con el motín en el penal de Topo Chico en Monterrey.

Y es que en ese penal, igual que en los de otras entidades federativas, la introducción de armas de todos los calibres es algo cotidiano, por complacencia, complicidad o temor de las autoridades estatales o federales.

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