Oaxaca de Juárez, 31 de julio. El Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, creado en junio de 2019, tiene como objetivo documentar y difundir información sobre la militarización en el país. Su quinto informe se presentó en el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común -organización que coordina este esfuerzo colectivo-, presentó algunos de los principales hallazgos, relacionados con el creciente poder de las Fuerzas Armadas, incluyendo a la Guardia Nacional, en términos de funciones, recursos e injerencismo político. 
El informe destaca que, además de su creciente participación en labores de seguridad pública, sin resultados destacables, las Fuerzas Armadas han asumido el control de instituciones, presupuestos y obras civiles. De especial preocupación es la identificación de una parte de la cúpula militar con un proyecto partidista, y su colusión en los ataques políticos contra el Poder Judicial.
Se subrayó también la creciente opacidad gubernamental que impide la necesaria supervisión ciudadana de los acelerados procesos de militarización que ha promovido el gobierno de López Obrador.
Durante el evento, Carla Erika Ureña, abogada y activista, destacó que, después de cinco años, seguimos sin conocer bajo qué directrices opera la Guardia Nacional, ni cuáles son los objetivos que persigue. A su vez, lamentó que el país esté avanzando hacia un escenario en el que las Fuerzas Armadas tendrán presencia en todos los aspectos de la vida civil, sin vías útiles para el acceso a la información, y sin una instancia facultada de vigilar y regular su actuar.
Por su parte, el Senador Emilio Álvarez Icaza mencionó que, nunca se ha hecho un esfuerzo como país en cuanto a transparencia. A su vez, resaltó que existe un modelo de seguridad con poco control y con condiciones de extraordinaria opacidad y corrupción. Asimismo, informó que el centro de la reforma militar es la modificación del artículo 129 constitucional, el cual refiere las funciones de las fuerzas armadas en tiempos de paz; sin embargo, pretenden modificarla a “las fuerzas armadas pueden hacer todo lo contenido en la Constitución y las leyes que de ella emanan, es decir, todo el orden jurídico mexicano”. Finalmente, resaltó la preocupación del abuso de las fuerzas armadas para ejercer labores que no les corresponden, lo que genera un detrimento de la fuerza civil, de los policías estatales y municipales, así como un instrumento contra el Poder Judicial, lo que tuvo como resultado un Estado que comete delitos.
Finalmente, María Elena Morera subrayó que el proyecto militarista en curso no ha demostrado ser útil para enfrentar a las organizaciones criminales, no beneficia a la tropa y resulta incompatible con nuestro sistema democrático. A su vez, destacó la importancia de sumar esfuerzos y perspectivas, desde la sociedad civil, para abonar a la construcción de una nueva estrategia de seguridad que verdaderamente atienda la realidad social y política que enfrenta nuestro país.
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