Abel Santiago
Oaxaca de Juárez, 27 de abril. Desde hace muchos años, ciudadanos, organizaciones y partidos políticos de izquierda han luchado porque el Distrito Federal se convierta en el estado 32, supuestamente porque sus habitantes carecen de derechos políticos, no tienen una Cámara de Diputados ni elegían a sus autoridades. Con el paso del tiempo se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que era electa por los capitalinos, y que después se cambió a Asamblea Legislativa y sus integrantes fueron llamados diputados, también electos por el voto popular, lo mismo que el jefe de gobierno, que antes era Departamento y a su titular lo nombraba directamente el presidente de la República, como a un miembro más de su gabinete. La denominación de Distrito Federal la siguió conservando, por tratarse de la sede oficial de los Poderes de la Unión. Fue hasta este gobierno peñanietista que se logró el cambio sustancial, y el triunfo de inmediato se lo atribuyó Miguel Ángel Mancera Espinosa, el más inepto y corrupto de quienes han gobernado la ahora llamada Ciudad de México, que ya lo era pero oficialmente no se le llamaba así.
No se llegó a crear el estado 32, pero el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México implica muchas modificaciones, como la posible desaparición de la Asamblea Legislativa, la expedición de una Constitución Política que la rija, la erección de una Cámara de Diputados y un aumento descomunal del burocratismo, con un elevado costo para el erario público, sin que la población capitalina perciba algún beneficio, como los que obtendrán los partidos políticos, que ya comienzan a disputarse la selección de 60 candidatos a integrar la Asamblea Constituyente para elaborar la Constitución de la Ciudad de México. Esta contará con 100 miembros, pero como es del conocimiento público, los otros 40 serán designados por los titulares del Ejecutivo federal y estatal, así como por las cámaras de diputados y de senadores. Estos últimos serán políticos incondicionales y de carrera, puesto que no tendrán que hacer campaña para ser electos. El jaloneo ya se inició, por lo que se advierte que con posterioridad la elección de los futuros diputados chilangos será un verdadero negocio, tanto de los aspirantes como de los dirigentes partidistas, que contarán con ingresos adicionales a los cuantiosos que ahora reciben.
Ejemplo de lo anterior son las opiniones jubilosas de algunos de los futuros beneficiados, como la de un diputado a la Asamblea Legislativa por el Partido Humanista, uno de los morralla favorecidos sólo para que continúe la propaganda oficial de democratismo a través de la pluralidad partidista. Este declaró que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México “es la oportunidad para colocarnos al nivel de los países más avanzados para elegir a nuestros representantes populares, asunto en el cual estamos atrasadísimos”. Se entiende que su atraso se debe a que su partido es nuevo y no había tenido oportunidad de disfrutar de los privilegios de la clase política mexicana. Agregó que si deseamos vencer el desinterés y dar a la política un verdadero nivel, necesitamos que la misma integración del Constituyente no sean meras creaciones mercadológicas, sino luchadores sociales con sensibilidad para colocar a la Ciudad de México y sus habitantes en el centro de la acción política. Sin embargo, nos consta que simplemente las campañas políticas se reducen a las promesas de siempre, y que no hay nada positivo ni de confiar en los candidatos, que desde el momento que exageran sus promesas se percibe su falta de seriedad y el anticipado incumplimiento.
La otra opinión recogida es la de otro diputado, pero del Partido Nueva Alianza, actualmente coordinador de la coalición parlamentaria con los partidos Humanista y del Trabajo. Júzguese lo que declara con la función real de un diputado: “Será crucial buscar una representación viva de los habitantes de la ciudad y de sus problemas y aspiraciones, como una ciudad donde niños y jóvenes disfruten de espacios públicos recuperados; un sistema de movilidad con la eficiencia requerida; que el derecho al agua no sea un buen deseo sino la realidad de todos los hogares; donde la justicia y seguridad no sean frases demagógicas; un espacio donde la garantía de educación y trabajo derive en el bienestar de nuestras familias. No necesitamos una constitución de izquierda o de derecha, queremos una carta magna que ponga al ciudadano en el centro, donde la libertad para su desarrollo humano sea el bien más preciado”. La demagogia es la primera que resalta, aunque se niegue, porque el hecho de promulgar una constitución no resuelve problemas que están en manos de otras autoridades, que tradicionalmente se han negado a resolver problemas de su competencia, por las limitaciones mismas que impone el sistema. El ejemplo más claro es el del oportunista Mancera Espinosa, que se ha dedicado a explotar a los capitalinos en su beneficio, porque en su desquiciamiento sueña con la candidatura presidencial, en la que invertirá sus ahorritos, pero que al convencerse de su derrota ya tiene asegurado su futuro y el de varias de sus generaciones.
Empantanados como nos encontramos en estos días con tanta propaganda electoral, comprendemos mejor la situación que viven los habitantes de la nueva Ciudad de México, que para que se asiente este inútil cambio de nombre tendrán que sufrir la aparatosa maquinaria política sólo para la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente para la redacción de su constitución, más la propaganda y polémicas que suscitarán por la participación de las diferentes corrientes políticas de cada partido, aparte de las consignas que lleven los representantes oficiales. Nada ocurrirá después de esos debates y de la promulgación de esa carta magna, porque no se prevé nada positivo, como ocurre con todos los movimientos políticos que se llevan a cabo en el país.
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