Artículos y columnas políticas (07:53 h)

La extradición de los 13 es una ofrenda forzada, entre otras circunstancias, por la evidente incapacidad de las instituciones mexicanas para impedir que capos con fuerza organicen sus propias excarcelaciones por la vía de los hechos, incluso recurriendo a escenografías costosas como el túnel del Altiplano, que en realidad no era necesario, pues el gerente general del dominante consorcio sinaloense tenía bajo control a custodios, directivos y funcionarios de dentro del propio penal y de varias oficinas ejecutivas externas, de tal manera que, como se ha ido sabiendo, pudo haber salido por una puerta natural de las instalaciones de máxima seguridad o nuevamenteescondido en un carrito de lavandería.

La entrega de esos 13 procesados en México significa una doble derrota: en primer término, como se ha dicho líneas arriba, en el contexto del desplome de credibilidad (en el nivel que aún la conservara) del gobierno peñista ante el estadunidense después del espectáculo penoso de la autoliberación ayudada de Guzmán Loera. Y, en segundo término, la renuncia de Los Pinos a su pretensión de conducir bajo operación solamente mexicana las relaciones con loscárteles locales. El peñismo (por el entretejido con los cárteles) había mantenido hasta ahora un forcejeo selectivo con los órganos policiacos y de inteligencia del vecino país, negando la cooperación plena que habían practicado con desenfado los gobiernos panistas, sometiendo el intercambio de datos y las acciones conjuntas en campo a ciertas restricciones que habían irritado marcadamente a los funcionarios gringos, con un apartado especial referido a la negativa a ceder piezas importantes del tejido narcopolítico mexicano a los jueces de la nación contigua.

Esa reticencia a conceder extradiciones fue especialmente notable en el caso de El Chapo, cuya salida de prisión se produjo justamente cuando arreciaba la presión diplomática y judicial para hacerse del estratégico empresario nacido en Badiraguato. Antes de que se declarara oficialmente cansado, el fabulador general de la República, Jesús Murillo Karam, había dicho que las rejas mexicanas eran absolutamente seguras para mantener a resguardo a capos de cualquier nivel, y que ver a Guzmán Loera ante cortes extranjeras se podría llevar muchísimos años. El 27 de enero del año en curso, con la soberbia declarativa y el fallido humor negro que le caracterizó, dijo a la agencia Ap que “El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300-400 años después. Falta mucho”. Agregó lo que entonces y hasta ayer era la posturanacionalista del peñismo en cuanto al manejo del muy expandido negocio del crimen bien organizado y mejor protegido: mantener en prisiones mexicanas a El Chapo, y a los demás capos locales, era una cuestión de soberanía, en tanto no concluyeran los prolongados procesos o sentencias que aquí les correspondían.

Nacido en Laredo, Texas, con doble nacionalidad, y en prisión desde 2010, varios meses después del disparo a la cabeza del futbolista Salvador Cabañas, cometido por uno de sus cercanos, apodado el JJ, Valdez Villarreal tendrá mucho qué decir a las autoridades estadunidenses, y una ruta previsible le podría llevar a ser testigo protegido, es decir, delator bajo recompensa. Ya ha hecho antes revelaciones impactantes. En una carta enviada al Grupo Reforma, en noviembre de 2012, aseguró que su detención se había dado en venganza porque se negó a formar parte del acuerdo que el señor Felipe Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de la delincuencia organizada, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de la delincuencia organizada.

Aseguró que “se realizaron diversas juntas, a través del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien se reunió por órdenes del Presidente y Juan Camilo Mouriño con dos de los jefes de la familia michoacana. Posteriormente, el general se entrevistó en Matamoros con Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño, El Z-40. Tiempo después, Acosta Chaparro y Mouriño se entrevistaron con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y también se entrevistó con El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa”. También aseguró: Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), cuando menos desde el año 2002, primero en la AFI y luego en la PFP, me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto que le rodea. Por ello, sentenció La Barbie que los funcionarios públicos que menciono también son parte de la estructura criminal de este país.

Pero no han de quedarse en el sexenio pasado las probables confidencias de quien formó parte delcártel de los hermanos Beltrán Leyva, pues, para no ir tan lejos, era vecino de la celda ocupada por El Chapo y, en esas condiciones, pudo conocer las circunstancias de ayuda y complicidad que ofrecieron al fugitivo los custodios, los directivos específicos del penal y los altos (y altísimos) mandos institucionales que permitieron o propiciaron la salida de prisión de una voz que el sistema mexicano no podía permitir que fuera interrogada por los estadunidenses. Ahora va Barbie por Chapo, abatida ya la pretensión de no extraditar, agotada la posibilidad mexicana de resistir la presión gringa ávida de material inculpatorio que permita chantajear y doblegar aún más a una administración que está entregando el país a los intereses extranjeros.

Y, mientras el gobierno de Gabino Cué ha presentado demandas penales contra líderes de la sección 22 del magisterio, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

PUNTOPORPUNTO

EXPEDIENTE POLÍTICO

JOSÉ CONTRERAS

El gremio de impartidotes de justicia del país pidió al presidente Enrique Peña Nieto que proponga como nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a personajes “que destaquen por su trayectoria judicial”.

La petición de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación lleva dedicatoria para el senador del PRI, Raúl Cervantes Andrade.

Lo que los integrantes del Poder Judicial le piden al presidente es que desista de su intención de proponer al Senado el nombramiento del priista Cervantes para ocupar una de las dos plazas de ministro de la Corte que quedarán vacantes a partir del 1 de diciembre.

El último día de noviembre concluye el encargo de los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero. Y el Senado debe nombrar a sus sucesores de entre sendas ternas enviadas por el presidente de la República.

La decisión de proponer y promover el nombramiento del senador del PRI, Raúl Cervantes, para ocupar una de esas dos plazas, fue tomada desde hace un año, cuando el legislador solicitó licencia al cargo.

Pero el nombramiento de Cervantes como ministro de la SCJN representaría un duro golpe a la autonomía del Poder Judicial de la Federación, ganada hace apenas 20 años.

Hasta 1995, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo impulsó una reforma del Poder Judicial de la Federación, todos los ministros de la SCJN eran militantes del PRI.

La citada reforma desapareció a la Corte priista e instauró una nueva, con plena autonomía del Ejecutivo. Desde entonces, ningún militante partidista ha sido nombrado ministro.

Más allá de la capacidad profesional y de la honorabilidad de Raúl Cervantes, su eventual nombramiento como ministro de la Corte representaría una regresión de 20 años.

Cervantes está descalificado para ocupar el cargo de ministro de la Corte por dos razones fundamentales: una, que es un destacado militante del PRI, y dos, que ocupó un cargo de relevancia en la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto.

Las actuaciones y resoluciones de Cervantes como ministro estarían naturalmente orientadas por la cercanía y la lealtad que el senador con licencia tiene hacia el presidente de la República, lo que pondría en entredicho la independencia de la Corte y la división de poderes.

Quizá el presidente intente el camino fácil para colocar a su cercano, Raúl Cervantes, en la Corte.

Ese camino fácil es proponer a un panista para ocupar la otra plaza vacante de ministro, de tal manera que el PRI y el PAN respalden ambas propuestas.

Pero con eso, lo único que haría Peña Nieto sería instaurar la partidización de la SCJN, en agravio de la autonomía y del prestigio que ha ganado el máximo tribunal del país en los  últimos 20 años.

OFF THE RECORD

**DALE CON EL POPULISMO

Ahora fue la senadora del PRI, Cristina Díaz, quien rechazó el populismo.

Al parecer el PRI le tiene demasiado miedo a cierto personaje, que empieza a ser innombrable para los priistas:Andrés Manuel López Obrador.

Para ser sinceros, ni a cuál irle.

**ACUSAN A DUARTE

Los senadores del PRI, Héctor y José Yunes, acusaron al gobernador de Veracruz, de su mismo partido, Javier Duarte de Ochoa, de corrupto.

Javier Duarte se empieza a convertir en uno más de los orgullos del priismo.

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EXCÉLSIOR

RAZONES

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

 La historia que publica Pedro Tonantzin en la primera plana de Excélsior, ayer, podría parecer parte de una mala novela si no fuera realidad. Asumieron los presidentes municipales en Guerrero y en Iguala, regresa a gobernar, nada menos en el área de seguridad, la gente de José Luis Abarca, ahora con el membrete del Partido Revolucionario Institucional. Asume la alcaldía Esteban Albarrán, quien tuvo a bien designar como secretario de Seguridad Pública a Crisóforo Tinoco Bahena que ocupó ese cargo en el primer año de gobierno de Abarca y fue cesado cuando con un grupo de policías encabezó un ataque contra otros policías en Teleoloapan, dejando dos muertos. Desde entonces se dijo que estaba relacionado con Guerreros Unidos. También, el presidente municipal Albarrándesignó como director de Tránsito a otro exfuncionario de Abarca: Martín Ocampo Artega, un hombre que fue investigado, pero no detenido, por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

Finalmente, el cabildo municipal impidió tal despropósito, pero la intención de esas designaciones fue manifiesta.

Nadie está descubriendo el hilo negro: el señor Crisóforo Tinoco es sospechoso desde hace años de esos delitos. El 13 de junio del 2013, el periódico El Sur publicó una denuncia contra el entonces jefe de la policía de Iguala que no dejaba mucho lugar a las dudas. “El dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Rafael Ochoa Ochoa, demandó que se investigue a las autoridades policiacas de Iguala por los delitos que se han cometido en esa ciudad, porque temen que están permitiendo operar con uniforme a personas que no son policías. Aseguró que el comandante de la Policía Municipal, Crisóforo Tinoco Bahena, y el síndico procurador Mario Castrejón Mota, entre otros funcionarios, tienen que ver con la detención de ocho policías municipales el 25 de mayo, luego del ataque a la policía municipal de Teloloapan, así como con los crímenes que se han cometido en Iguala. Mencionó que el comandante de la Policía Municipal, Crisóforo Tinoco, pidió un permiso para ausentarse, que autorizó el alcalde, después de que el Ejército acudió a Iguala a hacerse cargo de la seguridad pública. En tanto, el síndico procurador y el alcalde José Luis Abarca declaran que en Iguala no pasa nada, que hay gobernabilidad. Demandó que se investigue a los policías municipales por las muertes que han ocurrido en Iguala, porque pensamos que no son policías, pero les permiten usar uniformes policiacos. Acusa a Tinoco, también, de la muerte de los dirigentes del Movimiento de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona,Ángel Román Ramírez y Rafael Balderas Román”. Hasta ahí parte de la nota publicada en la prensa local en junio del 2013, hace más de dos años. No aprenden y tampoco cuidan las formas. Que nadie se sorprenda, entonces, si las cosas siguen igual, con o sin los Abarca, en la zona.

Por cierto, asumieron los nuevos presidentes municipales y en unas semanas el nuevo gobernador Héctor Astudillo, que tiene una tarea fenomenal por delante, para comenzar, tratar de recomponer el poder en el estado. El actual gobernador interino Rogelio Ortega es, sencillamente, un desastre que no sólo ha permitido, sino también fomentado la impunidad en forma por demás sospechosa.

Para el gobernador Ortega los actos vandálicos, robos, incendios que se producen cotidianamente en su entidad, son expresión del enojo de los manifestantes por los hechos de Iguala, pero más allá de que la gente, sobre todo, en Chilpancingo, está aterrada con lo que pueda suceder cada vez que estos grupos se manifiestan, lo cierto es que los actos vandálicos han sido muy selectivos y todos a conveniencia del exgobernador Ángel Aguirre. Así los manifestantes se supone que de Ayotzinapa y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, cuando tomaron la secretaría de finanzas tuvieron a bien quemar sólo el área donde había documentación oficial de obras del exgobernador. No tocaron nada más. Cuando fueron a las oficinas de la fiscalía, sólo quemaron un área, la que agrupaba expedientes relacionados con la pasada administración.

Están borrando las huellas tanto de Aguirre como de Ortega para que Astudillono tenga instrumentos legales el día de mañana para proceder contra ellos. Al mismo tiempo, Ortega concedió casi en secreto una amnistía a los dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente condenados por distintos delitos y ya están todos en la calle. Fue una decisión unilateral del gobernador saliente, insólita en alguien interino y que está a punto de dejar el poder. Y para terminar de documentar nuestro optimismo, Ortega le deja al nuevo gobernador una deuda pública de 18 mil millones de pesos, casi inmanejable para el estado.

Héctor Astudillo y el gobierno federal tendrán que hacer una limpieza sin precedentes en ese estado, porque sencillamente sus políticos no aprenden.

Al margen. ¿Qué pasa en Veracruz en la lucha entre dirigentes del Partido Revolucionario Institucional y el gobierno estatal? ¿Nadie puede poner orden? ¿Tan fuera de control está allí todo?

LA RAZÓN

PULSO POLÍTICO

FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

Ni el temblor de 5.5 grados que se registró durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Senadores, que lo obligó a abandonar momentáneamente el salón de sesiones, ni el temor visible en los rostros de algunos de ellos, salvó al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, de ser severamente cuestionado por una reforma educativa que a dos años de haber sido aprobada, no avanza, avanza a medias o en algunos estados no se ha podido implementar debidamente.

Pasado el susto, pálidos y temblorosos aún algunos u otros que como el petista Manuel Bartlett, que no se percató siquiera de la alerta sísmica, y permaneció en tribuna hasta que el propio funcionario lo invitó a salir del recinto, se reanudó la sesión en la que, nervioso también el compareciente, fue blanco de cuestionamientos y críticas.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

A unas horas de que venciera el plazo para la integración de las 56 comisiones legislativas en la Cámara de Diputados, finalmente y después de prolongadas discusiones, inconformidades, quejas y protestas, lograron conformarse y fueron aprobadas por el pleno cameral.

Una de las que más jaloneos originó fue la del Distrito Federal, que se disputaban las bancadas del PRD y de Morena, y que quedó en manos del sol azteca, a pesar de la férrea posición asumida por la coordinadora , Norma Rocío Nahle García, cuyo partido logró romper el predominio perredista al ganar cinco de las 16 delegaciones políticas.

Se confirmó que al frente de la de Presupuesto y Cuenta Pública quedó el priista tamaulipeco Baltasar Hinojosa; en la de Hacienda, la panista Gina Andrea Cruz Blackledge; en la de Economía, Jorge Enrique Dávila Flores; en la de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén —hermana del “subcomandante Marcos”—, priistas ambos, y en la de Comunicaciones y Transportes, Ivonne Ortega Pacheco, ex secretaria general del tricolor.

Ricardo Anaya, presidente del PAN, anunció que a través de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma constitucional para facilitar el acceso de ciudadanos a cargos de elección popular, federal o estatal, como candidatos independientes, con lo que se busca ampliar sus derechos y no restringirlos, como lo han hecho algunos congresos locales.

En conferencia de prensa, acompañado de los coordinadores parlamentarios e integrantes de sus bancadas, en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el joven dirigente del blanquiazul aseguró que el futuro de la democracia en México depende del buen funcionamiento de partidos y candidatos independientes, y reconoció que el problema está en las restricciones impuestas por algunas legislaturas estatales, debido a que no existe un marco constitucional, por lo que éstas les ponen escollos.

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