Oaxaca de Juárez, 3 de septiembre. El exfiscal Especial para Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, es señalado por su media hermana de iniciar una embestida legal contra ella y de su esposo para quedarse con su casa, al estilo Alejandro Gertz Manero contra Alejandra Cuevas y su madre Laura Morán.
Hilda Lara Guadián y su esposo, Godefroid Pakabomba Muabi, afirman que cuando Ulises Lara era titular de la coordinación de asesores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) operó para terminar acusándolos penalmente de despojo agravado de la casa de Carlos León Lara Corona, padre de Hilda y Ulises.
Por ello, presentaron su denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la propia FGJCDMX por abuso de poder y conflicto de intereses en este asunto. Sin embargo, en julio de 2024, cuando el exfuncionario era titular de la Fiscalía capitalina, dicha área determinó archivar el expediente OIC/FJG/DI/947/2024 alegando falta de elementos.
Hilda Lara y su esposo fueron vinculados a proceso por despojo agravado y, aunque consiguieron un amparo para que esta determinación fuera revocada porque el delito prescribió, una trabajadora de la FGJCDMX, que dice ser representante legal de Carlos León Lara Corona, tramitó un nuevo recurso que mantiene el litigio en una espiral que parece no tener fin.
Compra y denuncias
El 21 de junio de 2013 Hilda Lara y su esposo, Pakabomba Muabi, quien ejerció su crédito de Infonavit, compraron la casa de los padres de ella, Carlos León Lara Corona y su esposa, Ady Guadián Patiño, ubicada en la colonia Acueducto de Guadalupe en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Para el trámite acudieron ante el notario público número 165 del entonces Distrito Federal, el licenciado Carlos Sotelo Regil, quien asentó que Lara y Pakabomba pagaron dos millones 100 mil pesos por el inmueble, de los cuales 648 mil 969.88 pesos fueron pagados con el crédito de Infonavit.
La casa fue comprada originalmente por el matrimonio Lara Corona y Guadián Patiño en 1982 y desde entonces Hilda Lara y sus cuatro hermanos vivieron ahí con sus padres hasta que todos crecieron y tomaron sus propios caminos.
Ocho años después, en septiembre de 2021, Hilda Lara y su marido fueron notificados de que Carlos Lara les había demandado el desconocimiento de la compraventa del inmueble afirmando que, como parte de las jornadas notariales que se realizaban ese mes, intentó ir a hacer su testamento y se dio cuenta de que su casa ya no era suya desde 2013.
Eso, pese a que en 2013, cuando se realizó la compraventa, él y su esposa Ady acudieron personalmente ante el notario Sotelo Regil para protocolizar la transacción, tal como consta en la escritura que fue expedida en aquel entonces.
Cuando Hilda intentó cuestionar a su papá sobre el litigio, sólo pudo hablar con Ulises Lara, que era con quien entonces vivía Carlos Lara.
“Hablé por teléfono con Ulises, le dije ‘oye, mi papá está diciendo que nunca nos vendió la casa’ y le dije ‘esto no es cierto’, pero Ulises ya no quiere hablar más nada de esto”, explicó Hilda Lara en entrevista con Proceso.
Además de la demanda por la vía civil, el 21 de septiembre de 2021 fue presentada una denuncia a nombre de Carlos León Lara Corona ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra Hilda, su esposo, al notario Carlos Sotelo Regil Hernández y al Infonavit por fraude, falsificación o alteración y uso indebido de documentos.
Como parte de las diligencias de la carpeta de investigación CI/-FIDAGAP/LGBTTTI/UI-2S/D/00289/09-2021, iniciada por dicha denuncia, el 31 de enero de 2022 Ady Guadián fue entrevistada por elementos de la Policía de Investigación (PDI) sobre los hechos denunciados por su esposo.
En dicha entrevista, Guadián afirmó que en junio de 2013 acudió junto con su esposo Carlos León Lara Corona, su hija y el esposo de ella al notario público 165 para firmar la compraventa y traspaso de la casa de Acueducto de Guadalupe y que su esposo recibió el dinero acordado por la transacción mediante un depósito realizado el 25 de junio de 2013 por el Infonavit.
Incluso, en las pruebas que ofrecieron para acreditar que la compraventa fue legal, se incluye una prueba pericial en materia de grafoscopía en la que el perito Daniel Matadamas Carrera concluyó que Carlos Lara sí fue quien firmó de puño y letra el instrumento notarial por el que se protocolizó la operación sobre la casa.
“Cuando ven que esto no procede o que hay muchas trabas, para 2022, después de que falleció mi mamá, nos fabricaron un delito que es despojo agravado a mi papá”, afirmó Hilda.
“De la noche a la mañana nos dicen ‘si usted no se presenta dos días después… porque se supone que ya habían notificado dos veces, cosa que nunca ocurrió, nunca nos llamaron de la Fiscalía para citarnos, sino que nos citaron arbitrariamente ante un juez de control en el Reclusorio Sur”.
Debido a que el esposo de Hilda es originario de la República Democrática del Congo, su abogado, Juan Luis Gómez Jardón, solicitó que le fuera otorgada la asistencia consular a la que tiene derecho por ser extranjero, de esta manera la defensa ganó tiempo en su caso para armar la estrategia legal que los lleve a entender qué estaba pasando.
En aquel momento Ulises Lara era vocero de la Fiscalía capitalina y coordinador de asesores de la fiscal, Ernestina Godoy.
De acuerdo con Gómez Jardón, al revisar esta carpeta, las firmas de Carlos Lara presentan variaciones y distan mucho entre sí, por lo que al advertir que podría haber irregularidades y que existía la posibilidad de que Ulises Lara estuviera interviniendo en el asunto, solicitaron audiencia con la entonces titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy.
“Ella nunca nos recibió, nos recibieron sus adjuntos, sus auxiliares, nos dieron por nuestro lado y fue así como tuvimos bien claro que no se iba a lograr nada, que la consigna ya estaba dictada”, explica Gómez Jardón a Proceso.
Por ello, el 31 de julio de 2023 presentaron una denuncia ante el OIC de la Fiscalía capitalina y ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, pero nunca prosperaron pese a que, para acreditar un posible conflicto de interés y tráfico de influencias, entre las pruebas estaban fotografías familiares en las que aparece Ulises Lara en la boda de Hilda, las actas de nacimiento de ambos para acreditar que son hijos del mismo padre, por mencionar algunas.
“De las constancias documentales, que obran en el expediente al rubro indicado, se advirtió que no se encuentran elementos suficientes que demuestren la existencia de alguna falta administrativa contra personas servidoras públicas adscritas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, motivo por el cual el 15 de julio de 2024 se emitió Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente, lo que se hace de su conocimiento para que surta los efectos legales a que haya lugar”, informó el OIC de la Fiscalía capitalina a Hilda y su esposo mediante el oficio número FGJCDMX/OIC/DI/1003/2024 del 16 de julio de 2024, firmado por el director de Investigación, César Gatica Madrigal.
Debido a que el caso está en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México(TSJCDMX), el abogado Gómez Jardón considera que los jueces de control locales tienen miedo a enfrentarse al poder, pues, aunque argumentó que el delito de despojo, supuestamente ocurrido en 2013, prescribió en 2023, conforme a las reglas aplicables del Código Penal capitalino, sus clientes fueron vinculados a proceso.
“Nos separaron los casos porque sabían que con el señor Pakabomba Muabi nos íbamos a tardar mucho porque su embajada es regional y la sede está en Washington, en el Distrito de Carolina, por lo que en lo que mandaban la asistencia y eso, no se quisieron esperar y decidieron procesar a Hilda Lara”, explicó el abogado.
Impugnaciones
Al ser vinculados a proceso, la defensa de Hilda y Godefroid presentó recursos de apelación en los que fue confirmada la decisión de iniciar proceso penal en su contra, por lo que tramitaron juicios de amparo.
Los juicios de amparo fueron conocidos por separado por el juez Octavo de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, en el caso de Hilda Lara rechazó ampararla, pero a su esposo sí le concedió el amparo al considerar que las autoridades vulneraron sus derechos humanos porque nunca contó con asistencia consular.
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Proceso
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