Oaxaca de Juárez, 30 de junio. El NYT no da nombres ni pruebas a sus señalamientos sobre los morenistas que habrían “cantado” sobre pactos de políticos morenistas con el narco , o de otros dos gobernadores supuestamente investigados en EEUU por pactos con el narco: Alfonso Durazo, Sonora, y Américo Villarrreal, Tamaulipas.
Pero también es cierto que el gobierno mexicano no ha ofrecido transparencia en un tema que ha lastimado la imagen de México en el exterior y que choca con los tres mandamientos de Morena: No mentir, no robar, no traicionar.
No hay auditorías independientes, no se muestran documentos. La única respuesta que el gobierno da es “no sabemos nada”, “es falso” , o que es una tema de “intervención de la ultraderecha extranjera” y de “soberanía nacional.
La realidad es que no es verosímil que no exista ninguna investigación de políticos mexicanos vinculados al narco. El NYT no es el único que ha señalado a los gobernadores citados. Los Angeles Times, lo hizo hace semanas.
Por si fuera poco, los gringos ya han imputado a otros aliados de Morena y revocado visas. La historia de nexos político-narco en México –no solo de Morena– es larga y documentada en muchos casos.
Sobra decir que la retórica de la defensa de la soberanía apunta a unir a bases y simpatizantes del Movimiento, pero también a distraer de los múltiples problemas internos que tiene México: Inseguridad, violencia, desaparecidos, crecimiento económico precario, inflación, carencias en salud, en educación…
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En la mañanera de ayer, la presidenta Sheinbaum criticó al NYT por no revelar sus fuentes. Se preguntó: “¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice ser de los mejores del mundo?”
Abundó: “esa es la nota: ´Me dijeron, hay personas que me están informando.´ Bueno, el gobernador Durazo envió una carta diciendo que no era cierto…”
Al cierre de esa columna, el NYT no habia revirado a las palabras de la presidenta, ni respondido oficialmente al desmentido epistolar que le envió el gobernador Durazo.
Es pertinente recordar que una de las reglas básicas del periodismo es no revelar tus fuentes. En muchas ocasiones es la única manera de llegar a la verdad.
Un ejemplo: Bob Woodward y Carl Bernstein, del Washington Post, utilizaron una fuente que llamaron “ Deep Throat” (Garganta Profunda) en el caso Wartergate que llevó a la dimisión del presidente de EEUU, Richard Nixon, en 1974.
Años después se supo que Garganta Profunda era Mark Felt, subdirector del FBI.
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Sheinbaun, por cierto, reconoció que el gobierno federal no tiene información sobre informantes morenistas que se hayan convertido e informantes de Estados Unidos.
Morena, sin embargo, tiene fracturas internas. Algunos funcionarios pueden estar cubriéndose las espaldas hablando con EE.UU para negociar su situación propia.
Durazo y Villarreal son figuras importantes de la 4T. Si caen, el daño a la imagen de “gobierno honesto” sería grande. Aun más del que ya provocó al caso Rocha Moya.
El gobernador de Sonora negó cualquier investigación en su contra. Asegura que no le han notificado nada, que su visa está vigente y exigió rectificación formal al NYT por falta de pruebas.
Calificó la publicación como intento de “socavar” el proyecto progresista.
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La presidenta está en una encrucijada. Todos sabemos que coopera con el gobierno de Trump en extradiciones y operativos, pero públicamente los confronta para no perder apoyo interno.
Es increíble que no exista ninguna investigación sobre narcopolíticos. Agencias de Estados Unidos ya han imputado destacados morenistas y revocado visas.
La historia de nexos político-narco en México es larga y documentada en muchos casos. La lista es amplia.
De Morena: La gobernadora de BC, Marina del Pilar Olmedo; su ex marido Carlos Torres, ex diputado; el alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim; el de Puerto Peñasco, Sonora, Oscar Eduardo Castro; de San Felipe, Baja California, Jose Luis Dagnino, y muchos más.
Del PRI, el ex gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo…
Sin contar, por supuesto, a Rocha Moya y a los otros nueve morenistas, cuya detención provisional con fines de extradición, reclama EEUU.
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Del tema hablamos con Eddie Baron Levy, comisionado del Centro de Derechos Humanos de la Barra Americana de Abogados y litigante internacional.
Lamentó que la presidenta esté “mal asesorada.” Aseguró que es incorrecto que Estados Unidos esté obligado a informar una investigación cuando se trata de un ciudadano mexicano.
Precisa que Estados Unidos sí tiene la obligación de avisar al consulado que hay un connacional restringido de su libertad o en proceso. “Se llama notificación consular”, dijo.
Hizo notar, además, que medios de alto prestigio pero completamente diferentes (NYT y L.A. TIMES) han obtenido por caminos diferentes la información de Durazo y Villarreal.
Hasta sugirió a la presidenta hacer una rueda de prensa exclusivamente con medios extranjeros “para que le pregunten lo que sea, sin controlar la narrativa.”
FIN
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