San Raymundo Jalpan, Oax., 7 de julio. Derivado de la política migratoria implementada por el gobierno de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la presidencia, el Congreso de Oaxaca aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Migración y Asuntos Internacionales, por el que se exhorta a diversas dependencias gubernamentales federales y estatales, con el fin de implementar un Plan de Atención Inmediata para Migrantes Oaxaqueños Deportados del vecino país del norte.
El Proyecto de Acuerdo fue suscrito por la diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda, así como los diputados Zeferino García Jerónimo y Nicolás Feria Romero, quienes consideraron indispensable que el Gobierno mexicano genere las condiciones para que las paisanas y los paisanos cuenten, además, con un apoyo consular como parte de sus derechos ante las inminentes deportaciones.
En este sentido, destacaron que tras el retorno repentino se torna muy difícil la adaptación inmediata de la persona a su nueva realidad social, ya que en muchas ocasiones la habilidad laboral con que cuentan no es acorde a lo existente.
Y para el caso de las personas que deportan con hijas e hijos mexicanos en edad escolar los modelos educativos tampoco coinciden y hasta la fecha no existe en nuestro estado algún programa de inserción educativa inmediata.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tan solo en el 2020, del estado salieron 35 mil 936 personas para vivir en otro país, 93 de cada 100 se fueron a Estados Unidos. Ahí, las autoridades de migración estiman que viven alrededor de 1.2 millones de migrantes de Oaxaca, quienes residen principalmente en California, Nueva Jersey, Florida, Nueva York y Carolina del Norte.
Los municipios con mayor expulsión de connacionales hacia la Unión Americana en el periodo de 2015 al 2020 fueron San Martin Peras, Oaxaca de Juárez, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, San Juan Bautista Tuxtepec, Santa Cruz Zenzontepec y Santos Reyes Nopala, principalmente, quienes coadyuvan en el desarrollo de sus pueblos de origen con el envío de remesas que son utilizadas para la manutención de sus familias, en la construcción e infraestructura pública.
“Lo más sensato, es generar las condiciones para todos aquellos afectados por las deportaciones, para que tengan un retorno seguro y digno”, se precisa en el documento del dictamen.
Y es que, la población migrante no solo envía remesas a sus familias, sino también, representan una fuerza de trabajo muy importante en EU, en donde contribuyen con el pago de impuestos.
El exhorto fue avalado en el contexto de la Sesión Ordinaria del Parlamento el pasado 01 de julio del año en curso con el voto de 36 congresistas y va dirigido a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Nacional de Migración (INM) del Gobierno Federal, así como, a la Secretaría de Gobierno (Sego) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones implementen el referido Plan.
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