Oaxaca de Juárez, 7 de julio. Ha sido de llamar la atención el tiempo invertido por la presidenta Claudia Sheinbaum para reclamar y protestar al gobierno de Donald Trump, porque la mantiene en la oscuridad sobre la negociación con Ovidio Guzmán López, tras aceptar declararse culpable de las acusaciones de narcotráfico en la corte federal de Illinois, preámbulo de un acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses, aunque ha sido explícita su preocupación: si del acuerdo salen imputaciones contra mexicanos, deben enviarse las pruebas a México para que la Fiscalía General abra carpetas de investigación. O sea, la presidenta sigue confundida.
Si bien, como dijo, en la operación de captura de Guzmán López murieron varios militares, su extradición se dio dentro del Tratado que firmaron México y Estados Unidos en 1978. Pedir acceso a expedientes confidenciales del Departamento de Justicia como compensación es un poco ingenuo y absurdo. No está clara la motivación de la presidenta, aunque la prensa política comentó este fin de semana que quizás obedece a que tenga miedo de cuáles serían las personas a quienes podría imputar. En ese casillero debe haber muy pocas personas cuya suerte le podría preocupar o le generen un problema.
De cualquier manera, sí tendría razones para preocuparse. El hijo más cercano de Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, en un operativo relámpago y sin balazos por una unidad de élite de la vieja Policía Federal. La extracción rápida para evitar una respuesta de las milicias del Cártel de Sinaloa no se dio. Los agentes pidieron el apoyo durante 45 minutos sin que les hicieran caso. En ese tiempo, las milicias prepararon el contrataque, vencieron a los soldados que no tendieron el cinturón de seguridad y amenazaron con asesinar a sus familias. Fue una terrible derrota para los militares, humillados por criminales por culpa de las decisiones en Palacio Nacional.
El entonces secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien nunca autorizó la extracción, persuadió al expresidente Andrés Manuel López Obrador para que lo liberara. Guzmán López habló con sus hermanos para que detuvieran la contraofensiva porque lo iban a soltar. Esta podría ser una de sus revelaciones. ¿Fue porque, como en una cuenta en Twitter verificada por el Centro Nacional de Inteligencia que era de Iván Archivaldo Guzmán, se advirtió que si no lo dejaban libre revelarían cuánto dinero le inyectaron a la campaña de López Obrador? También podría decir quién, en nombre del expresidente, mandó el mensaje a sus hermanos Iván Archivaldo y Alfredo para que suspendieran la producción de fentanilo porque la situación con Estados Unidos estaba “muy caliente”.
Tras liberarlo, las autoridades mexicanas se olvidaron de él. Había sido detenido a petición de Estados Unidos con fines de extradición, pero en Palacio Nacional decidieron no hacerles caso, hasta que las crecientes presiones y acusaciones en el Capitolio contra López Obrador de complicidad con la facción de Los Chapitos lo obligaron a ordenar su captura cuatro años después. Pero no lo extraditó. Finalmente, con Washington encima de él, mientras daba el Grito de Independencia en 2023, Guzmán López fue entregado a Estados Unidos.
Es sobresaliente la preocupación focalizada de la presidencia por lo que pudiera decir Guzmán López, dejando entrever que sabe mucho más de lo que nos imaginamos, o que se imagina las mismas cosas que muchos mexicanos. Las autoridades estadounidenses conocen las complicidades de Los Chapitos con políticos y funcionarios, luego de que en 2021 fueron infiltrados por el Grupo 959, una unidad de la División de Operaciones Especiales de la DEA, que toma su nombre del Código Penal de Estados Unidos que le da jurisdicción extraterritorial para investigar y castigar delitos relacionados con drogas.
Guzmán López no debería ser su única preocupación, aunque la información que tienen en Washington indica que el gobierno de López Obrador, aunque tenía vínculos con el Cártel de Sinaloa, tenía una inclinación por Los Chapitos. Resalta que el exsocio de su padre y contra cuyo liderazgo están enfrentados desde hace más de nueve meses en Culiacán, Ismael El Mayo Zambada, no haya tenido el respaldo que le ha dado implícitamente Sheinbaum a Ovidio, por la forma como cuestiona a las autoridades estadounidenses y les exige que, en su caso, cooperen con México.
Zambada podría aportarles mucho más información que Ovidio, si de narcotráfico solamente se tratara. No de otros cárteles, que como informante de la DEA les dio datos por años. Puede aportarles, no obstante, un mapa de cómo funcionaban las complicidades con diferentes gobiernos y revelar, si decidiera hablar, cómo tejió el apoyo electoral con el gobierno de López Obrador a través, según información de inteligencia en México y Estados Unidos, del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El gobernador está protegido en México. Zambada lo imputó en agosto del año pasado, sin que la Fiscalía General abriera una investigación en su contra.
Estas omisiones contra personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa –el último, el boxeador Julio César Chávez Jr., contra quien tenían una orden de aprehensión desde hace dos años, que nunca se ejecutó–, han hecho que en Washington consideren al régimen obradorista parte de la estructura criminal de los cárteles, sin que Sheinbaum haya podido disminuir la percepción o demostrar que no es cierto.
Esa batalla es en la que se encuentra, mostrando cada vez mayor preocupación por las imputaciones que pueda haber contra personajes mexicanos. Pero quizás no es Ovidio, o su hermano Joaquín, o Zambada incluso, quienes más le deberían preocupar que hablen, sino Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública condenado a 38 años de prisión por los dichos de criminales del Cártel de Sinaloa, de los cuales Sheinbaum nunca exigió pruebas.
García Luna es un peligro mayor. Si habla, tiene en sus manos dos activos que ningún criminal tenía: documentación y grabaciones, y que no tiene por qué mentir porque no tiene nada que ganar al estar condenado y sentenciado. Su incentivo sería otro: que de quienes presumiblemente tiene pruebas que son criminales, no se vayan impunes. Esto, claro, si llega a un acuerdo con los fiscales y dispara al corazón de la ‘cuatroté’.
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