Oaxaca de Juárez, 29 de junio. El vocero de los diputados de Morena ha recibido contratos y concesiones con el Gobierno de la 4T: en Pemex rentó camionetas blindadas, en el aeropuerto de la CDMX y en el Banco del Bienestar ofreció servicios de vigilancia y en Liconsa tres empresas en las que ha participado junto su familia, presentaron propuestas al mismo tiempo, tratando de obtener contratos. 
Mientras Arturo Ávila Anaya trabajaba en la Secretaría de Gobernación, tres empresas de seguridad en las que han participado él y su familia presentaron propuestas para tratar de obtener un contrato en Liconsa, empresa que en ese momento pertenecía a Segalmex, la dependencia en la que ocurrió el mayor escándalo de corrupción en el sexenio de López Obrador.
Ávila Anaya, actual vocero de los diputados federales de Morena, entró a trabajar a la Secretaría de Gobernación como director de enlace el 10 de octubre de 2022, y once días después de que se incorporó como funcionario, las empresas IBN Industrias Militares (que él fundó), Share y Asociados (en la que ha sido socio) y Blindajes Urbanos (fundada por su papá y dirigida por su hermana) presentaron propuestas en un procedimiento de contratación en Liconsa.
En la apertura de propuestas del procedimiento, realizada en el 21 de octubre de 2022, cada una de las empresas vinculadas presentó una postura distinta, por lo que compitieron entre sí. Esa práctica es conocida en el sector empresarial como “simulación de competencia”.
Fragmentos de una licitación en Liconsa en la que tres empresas de Ávila y su familia compitieron entre sí.
Las tres empresas ligadas a Ávila Anaya y su familia presentaron posturas para obtener el contrato de mantenimiento integral del suministro de energía y de ventilación en las oficinas centrales de Liconsa, pese a que su actividad comercial es la seguridad.
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El 3 de noviembre de 2022, la gerencia de adquisiciones de Liconsa notificó el fallo del procedimiento. IBN Industrias Militares y Share y Asociados fueron descalificadas por no haber cumplido con la documentación legal y administrativa, mientras que Blindajes Urbanos rebasó el techo presupuestal al haber presentado la propuesta más cara. De esa forma, las dos partidas en las que habían competido entre sí las tres empresas vinculadas, fue declarada desierta.
Permisos y contratos en otras áreas
Aunque en Segalmex no lograron obtener contrato pese a haber competido por partida triple, las empresas de Ávila Anaya y su familia corrieron con mejor suerte en otras dependencias.
Un caso reciente ocurrió el 14 de noviembre de 2024, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, le refrendó la autorización para prestar los servicios de seguridad privada a IBN Industrias de Inteligencia Artificial, que es la nueva razón social de IBN Industrias Militares, la empresa fundada por Ávila Anaya.
En el expediente 383/2024 consta que la notificación del permiso fue enviada al correo electrónico arturoavilaanaya@gmail.com, que es el correo personal del diputado. Lo anterior, a pesar de que el legislador por Morena ha afirmado en repetidas ocasiones que él dejó la empresa desde enero de 2024.
Ávila Anaya tenía un mes y medio de haber tomado protesta como diputado federal cuando la Secretaría de Seguridad otorgó a IBN el permiso para brindar en todo el territorio nacional servicios de seguridad privada a personas y bienes; instalación de sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos, la comercialización de chalecos blindados y la instalación de sistemas de posicionamiento global (GPS).
Fragmentos del permiso para que IBN Industrias de Inteligencia Artificial operara en territorio nacional en el que aparece el correo electrónico de Arturo Ávila Anaya, a pesar de que declaró que dejó de pertenecer a la empresa 10 meses antes de la expedición del documento.
En la campaña presidencial de 2018, Ávila Anaya fue promotor de López Obrador como candidato de Morena; al año siguiente de que AMLO asumió el poder, fue beneficiado con un primer contrato en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que su empresa IBN prestara servicios de seguridad y vigilancia por un pago mensual por hasta 3.5 millones de pesos (equivalente a un máximo de 42 millones de pesos al año). El contrato de vigilancia se refrendó y se extendió hasta agosto de 2022, aunque en el refrendo se acordó un pago menor al establecido originalmente.
Los contratos en el aeropuerto fueron firmados por el propio Ávila Anaya como administrador único de IBN, según consta en los documentos revisados por MCCI.
Contrato que Ávila firmó con el Aeropuerto capitalino
Petróleos Mexicanos fue otra dependencia que benefició con contratos a la empresa fundada por Ávila Anaya. El 17 de marzo de 2021, una hermana del ahora diputado firmó como representante legal de IBN en el contrato número 4800031486 que Pemex le otorgó el 17 de marzo de 2021, por el arrendamiento de camionetas con blindaje. El monto acordado en el contrato fue por 4 millones 731 mil pesos por un máximo de ocho meses.
Un segundo contrato que Pemex asignó directamente a IBN (con número 4800031311) estuvo vigente en 2021 y 2022, y el monto acordado fue por 13 millones 780 mil pesos.
El argumento que esgrimió Pemex para otorgar el contrato sin licitación fue que “en el mercado no existieron servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables”.
Karla Ávila Anaya, hermana del diputado, firmó los contratos con PEMEX.
Inhabilitado y señalado de incumplimiento
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó irregularidades en el contrato de mayor monto en Pemex.
En la página 24 de la auditoría de cumplimiento 2022-6-90T9N-19-0210-2023 se menciona que a pesar de que el contrato debió tener vigencia a diciembre de 2022, todavía en agosto de 2023 no había sido finiquitado.
En la auditoría también se menciona que un vehículo rentado no correspondió al año acordado con la empresa, además de que Pemex no pudo acreditar que haya verificado el cumplimiento de los aspectos técnicos establecidos en el contrato.
Esa no fue la primera vez que la empresa ha sido señalada de incumplimiento.
El 30 de marzo de 2021, la Secretaría de la Función Pública difundió una circular en el Diario Oficial de la Federación en la que notificó que IBN Industrias Militares había sido sancionada con una inhabilitación de dos años para celebrar contratos con cualquier dependencia del gobierno federal y de los estados. Lo anterior, por un señalamiento de incumplimiento realizado contra la compañía por el Órgano Interno de Control del Banco del Bienestar.
Extracto de la inhabilitación por dos años a IBN.
Share y Asociados, empresa en la que el diputado morenista ha sido accionista, también ha sido sancionada por más irregularidades. El 7 de febrero de 2020, la Secretaría de Seguridad le impuso “amonestación con difusión pública” por incumplimiento en dos artículos de la Ley Federal de Seguridad Privada.
Años antes, esa misma empresa había sido acusada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por incumplimiento en un contrato.
Contratos millonarios con gobiernos de Morena
Entre 2020 y 2024, la empresa Blindajes Urbanos, fundada por el papá del diputado, obtuvo al menos 13 contratos de gobiernos estatales y municipales por 72.7 millones de pesos.
Los más cuantiosos fueron firmados con los gobiernos de Zacatecas y Michoacán, administrados por personajes de Morena, partido que también abandera al diputado Arturo Ávila Anaya.
No obstante, también le fueron asignados acuerdos con administraciones panistas, por ejemplo, el Ayuntamiento de Puebla, el cual asignó tres convenios por 1.6 millones en 2023, cuando gobernaba Eduardo Rivera.
El 29 de junio de 2022, Francisco Arturo Ávila Rosas, padre del legislador, firmó un contrato con el gobierno de Zacatecas, que encabeza David Monreal, por 28 millones 34 mil pesos. David es hermano de Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, quien destapó recientemente a Arturo Ávila Anaya como posible candidato a la gubernatura de Aguascalientes.
Fragmentos de contratos entre Blindajes Urbanos y el gobierno de Zacatecas.
Blindajes Urbanos se convirtió en uno de los proveedores del gobierno zacatecano el 25 octubre de 2021 bajo la cédula DLC/P/86/2022, solo un mes y medio después de que David Monreal rindió protesta como gobernador de Zacatecas.
El 6 de diciembre de 2022, la administración estatal de Michoacán otorgó un contrato mediante licitación a Blindajes Urbanos por 23.1 millones de pesos para la compra de cuatro vehículos blindados “marca IBN Industrias Militares”.
Lo anterior muestra, que Blindajes Urbanos, empresa representada por Francisco Ávila Rosas, fungió como intermediario de IBN Industrias Militares, empresa fundada por su hijo Arturo Ávila, en la comercialización de los vehículos.
El contrato tuvo como objeto la adquisición de vehículos para la ejecución de programas de seguridad pública, y fue solicitado por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
El gobierno michoacano está encabezado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, cuya imagen ha aparecido en la revista del medio de comunicación llamado “La Resistencia”, en la que se han destacado acciones favorables a su gobierno.
La Resistencia es un medio creado y registrado por Arturo Ávila y su esposa Clayna Scarlett Aiza Verboonen. Dicha plataforma, también ha servido para promover al propio Ávila en sus actividades como candidato y legislador.
Fragmentos de la adjudicación del contrato SASESP-EM-LPE-049/2022-2a, otorgado por el gobierno de Michoacán a Blindajes Urbanos, SA de CV.
Con el gobierno de Durango, que dirige el priista Esteban Villegas Villarreal, Blindajes Urbanos cerró una contratación el 31 de julio de 2023 después de un proceso de invitación a cuando menos tres personas.
El contrato tuvo un monto de 14.6 millones de pesos para adquirir 600 chalecos balísticos y 319 cascos balísticos. Estos aditamentos fueron dirigidos al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de la entidad y el contrato está firmado por Francisco Ávila Rosas como apoderado de la compañía.
Fragmentos del contrato con el estado de Durango.
aristeguinoticias.com
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