Eje Central
Oaxaca de Juárez, 2 de julio. Al negar los 26 amparos a los maestros disidentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó las bases de interpretación que deberán aplicar los tribunales y juzgados en los más de 200 mil expedientes que interpusieron contra la reforma educativa, por lo que se resolverán en cascada y con un fallo en contra para el magisterio.
El pleno de la Corte resolvió este jueves los últimos 12 amparos de los 26 que seleccionó y que por sus características abarcaban todos los planteamientos que los maestros consideran inconstitucionales en los 200 mil 500 amparos que tramitaron en el país contra las leyes General de Educación, General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
En todos los casos, los argumentos fueron considerados insuficientes por los ministros, quienes declararon constitucional la reforma educativa de 2013, en cuanto a la evaluación como sistema de ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción para ellos, en particular los artículos 52 y 53, así como el 8º y 9º transitorios de la Ley General de Educación.
El pleno de la Corte por unanimidad rechazó amparar a los maestros, definiendo que esos artículos no violan los derechos humanos de los profesores, en particular el de estabilidad en el empleo, de previa audiencia, libertad de trabajo, dignidad humana, el tener un nivel adecuado de vida y tampoco puede considerarse como de aplicación retroactiva.
Esto significa que la aplicación de los exámenes de evaluación no vulnera ninguno de esos derechos constitucionales, tampoco el que sean despedidos o reubicados como consecuencia de reprobarlo o de no presentarse para ser evaluado.
Al resolver estos 26 amparos, la corte definió la forma en que los juzgados y tribunales deben interpretar los artículos de la reforma educativa frente a la Constitución, por lo que los 200 mil 500 amparos que aún quedan por resolverse y que fueron interpuestos por 220 mil profesores de todo el país, serán resueltos en las próximas semanas en su contra.
Al prever esto la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) se presentará el próximo 23 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que revise y se pronuncie sobre la supuesta violación a los derechos humanos del magisterio. Esto también lo harán los del Comité Ejecutivo Democrático, pero hasta noviembre.
Antonio Casto, dirigente de la CNTE, explicó que todavía siguen discutiendo qué otra estrategia jurídica seguirán como defensa contra la reforma educativa.
Compartir
