Oaxaca de Juárez, 12 de mayo. Marina del Pilar Ávila es una de las gobernadoras preferidas del régimen. El expresidente Andrés Manuel López Obrador decía que era “lo mejor que le había pasado a Baja California”, y la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que es muy buena gobernadora, sensible y está muy cerca de la gente. Estados Unidos piensa diferente. El fin de semana, el Departamento de Estado le revocó la visa a ella –cuyos dos hijos nacieron en California– y a su segundo esposo, el político Carlos Torres. La gobernadora no aclaró las razones de la anulación, y se limitó a describirla como “una situación” que estaba enfrentando y aclararía.
Es la primera política mexicana en funciones de la que públicamente se sabe que Estados Unidos le canceló la visa. Más allá de violaciones migratorias o antecedentes penales que son causales de esa acción, se puede revocar una visa a discreción por razones de seguridad nacional, o por ofensas criminales.
La gobernadora y su esposo, de acuerdo con información de inteligencia mexicana, estuvieron involucrados en un conflicto en Baja California hace poco más de dos años, por el reacomodo de cárteles en la plaza de Tijuana, y Ávila, en una investigación realizada en México con el apoyo de la DEA, fue una de las siete candidatas a gobernador en 2021 cuya campaña recibió dinero de Sergio Carmona, El Rey del Huachicol, después de las elecciones.
Sheinbaum sabía que esto vendría, aunque desconocía nombres y apellidos, pero no hizo nada. O no creyó que Estados Unidos lo haría, o como ha sido constante en el entendimiento de cómo está actuando la Administración Trump, calculó mal su estrategia. El lunes pasado, se publicó en este espacio que Estados Unidos tenía una lista negra de prominentes mexicanos y que iba a empezar a anular visas a funcionarios, políticos, empresarios y artistas presuntamente vinculados con el narcotráfico.
En el caso de la gobernadora, su antecesor Jaime Bonilla, entregó pruebas en agosto de 2022 sobre la presunta relación de Ávila y su esposo con el crimen organizado, coincidiendo con la denuncia que hizo en el Senado acusándola de negociar con el CJNG. Tampoco se hizo nada, y la inseguridad se elevó.
En junio de 2023, se retomó en este espacio la violencia que azotaba a Tijuana por la lucha entre los cárteles de Sinaloa, CJNG y los remanentes del Cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix. Como resultado, dijeron entonces funcionarios federales, del desmantelamiento emprendido por Bonilla de la red de protección institucional construida en el gobierno de su antecesor, Francisco Kiko de la Vega, que tenía en Torres, el esposo de Ávila, a uno de sus principales operadores. Bonilla deshizo el status quo prevaleciente, que fue restablecido por Ávila, de acuerdo con los reportes de inteligencia.
La génesis de aquella situación se dio en medio de los reacomodos que volvieron a realizarse con la llegada de Ávila a la gubernatura y el intento de restablecer lo que se había erradicado de la administración de Kiko de la Vega. El nuevo reacomodo fue un desastre al no poderlo manejar y administrar el gobierno de Ávila. De acuerdo con información de inteligencia, el reacomodo de los cárteles intensificó la guerra entre ellos.
En Tijuana y Ensenada fueron reducidos los herederos de los Arellano Félix, convirtiéndose en plazas en disputa entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG. En Mexicali, ante la debilidad del Cártel de Caborca, fundado por Rafael Caro Quintero, que estaba separándose definitivamente de Culiacán y que había sido aliado táctico de los hijos de los Arellano Félix, estos se aliaron con el CJNG para enfrentar al de Sinaloa. El fiscal Iván Carpio, nombrado por Ávila sin cumplir con los requerimientos para el cargo –a quien conoció como policía y ministerio público en Mexicali, cuando fue alcalde–, tuvo que renunciar ante la violencia y la crisis de desaparecidos.
Los apoyos de Sheinbaum y López Obrador se dieron en el marco de este clima de violencia y desorden en Baja California. La revocación de la visa fue planteada por la gobernadora y su esposo como una acción que iba dirigida contra Torres, que “alcanzó” a Ávila. Torres dijo que no había ninguna acusación, investigación, ni señalamiento formal, lo que es relativo. De haberse concluido ese proceso, no le revocarían la visa, sino anunciarían que lo estaban imputando y pedirían su extradición. Pero esto no significa que no sepa de qué se trata.
En 2014, cuando el Departamento de Estado revocó la visa de Diosdado Cabello, en ese entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y actual ministro de Relaciones Interiores del gobierno de Nicolás Maduro, dijo que se la habían anulado por una denuncia de haber entregado un millón de dólares a Osama bin Laden. Cuando en 2019 se les canceló a 340 allegados a Maduro, se informó que fue por violaciones a los derechos humanos. Y cuando recientemente se anularon las visas a Los Alegres del Barranco, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, dijo que no iban a extender una alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas.
Ávila dijo que respaldaba personal, moral y también políticamente a su esposo, lo que sugiere que saben mucho más de lo que hicieron público y dejó abierta la conjetura del porqué actuaron contra ellos.
La anulación de la visa a una gobernadora en funciones coloca en una situación incómoda y delicada a Sheinbaum, que está obligada a fijar una posición. No puede fingir que nada pasó, pero su fraseo deberá ser cuidadoso. Lo más importante, sin embargo, es que tome con seriedad y apremio lo que advirtió Noem y revise los cabos sueltos en el régimen, para evitar más sorpresas y para encontrar un hoyo para salir del acorralamiento.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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