Sin Embargo
Ciudad de México, 26 de mayo. El Gobierno de México lamentó hoy “profundamente” la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans (Luisiana, EU) de mantener la suspensión temporal de las medidas migratorias decretadas en noviembre por el presidente estadounidense, Barack Obama.
El fallo judicial rechazó la moción presentada por el Gobierno de EU para dejar sin efecto la suspensión temporal de dos programas para regularizar a cinco de los 11 millones de indocumentados ordenada por el juez federal de Texas Andrew Hanen, a petición de 26 estados.
Se trata de la ampliación del programa de acción diferida para quienes llegaron en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y del programa de acción diferida para padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente (DAPA).
En un comunicado de la cancillería, México estimó “urgente apoyar y dar certeza jurídica a una comunidad valiosa, en particular a aquellos que llegaron en la infancia, así como a los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes”.
Explicó que tras el fallo judicial, la instrumentación tanto de la ampliación del DACA como del DAPA “sigue pendiente hasta que no se resuelva la apelación presentada por el Departamento de Justicia”.
Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores exhortó a “la comunidad mexicana a mantenerse informada sobre el desarrollo del proceso de revisión de esta decisión judicial, el cual se encuentra aún por resolver” a través del Gobierno de EU o los consulados de México en ese país.
Además, señaló que seguirá facilitando la obtención de documentos e identificaciones consulares y “redoblará sus esfuerzos para brindar información y asistencia oportuna” a los mexicanos en ese país sin importar su condición migratoria.
El Gobierno estadounidense puede interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, algo que puede favorecer a Obama, dado que el máximo tribunal del país emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
El Ejecutivo dice tener autoridad única para hacer cumplir las leyes de inmigración y aplazar los procesos de deportación que considere oportunos, mientras la coalición de 26 estados alega que Obama se extralimitó en sus poderes al aprobar medidas migratorias que tacha de “inconstitucionales”.
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