Oaxaca de Juárez, 16 de noviembre. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ha presentado denuncias por 60 dictámenes técnicos que alcanzan un monto de mil millones de pesos por posibles irregularidades, debido a cambios administrativo en su reglamento que impulsó el auditor David Colmenares para tener control directo sobre este tipo de gestiones.
Así lo advirtió Gerardo Lozano, auditor Especial de Cumplimiento Financiero, en un oficio entregado a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, y a su presidente, Pablo Angulo, para solicitarles que revisen dichas modificaciones que dejan la responsabilidad de denunciar sólo al área de Auditoría Especial de Seguimiento, lo cual, dice, es “un gravísimo error que puede abrir un espacio de opacidad y arbitrariedad que debilita a la única institución en México que puede dar un combate frontal a la corrupción e impunidad”.
La Auditoría respondió a Animal Político que la modificación al reglamento está “apegada a derecho”, toda vez que el organismo tiene ‘autonomía de gestión’ y estos cambios “tienen una lógica técnica y jurídica” para redistribuir facultades y hacer más eficiente a la institución, afirmó.
Sin embargo, la administración de Colmenares ha disminuido el número de denuncias por posibles delitos cometidos por funcionarios públicos en un 70%. De 2018 –cuando asumió la titularidad– a noviembre de 2021, la ASF interpuso 182 denuncias penales. En contraste, en los cuatro años previos, en la administración de Juan Manuel Portal, hubo 592 denuncias.
El descenso en las denuncias, según explicaron autoridades de la ASF, tenía como objetivo presentar menos casos, pero más sólidos y con mayor probabilidad de éxito, pues las autoridades judiciales reclamaban que las querellas no estaban bien sustentadas y por eso no avanzaban.
Pero aún con al cambio de estrategia, el resultado es el mismo. Aunque áreas como la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delitos Federales o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción han iniciado carpetas de investigación de las denuncias, ninguna ha avanzado lo suficiente para llegar a juicios y, por lo tanto, no ha habido condenas ni reparación de daño, de acuerdo con lo reportado por autoridades ministeriales a este medio.
En tanto, el cambio en el reglamento está significando un freno a las denuncias, agregó Lozano en su escrito, pues desde julio de 2020, su área concluyó los 60 dictámenes técnicos, de los cuales 10 ya cuentan con alguna revisión en la Unidad de Asuntos Jurídicos, pero hasta el momento siguen en espera de que la Auditoría Especial de Seguimiento revise la información, y no han sido denunciadas ante la Fiscalía.
Aunque los cambios al reglamento ocurrieron durante el periodo en que no había diputados en activo, pese a que la Auditoría es un órgano técnico que depende del Legislativo, la ASF respondió que no tienen la obligación de consultarles, debido a la ‘autonomía de gestión’ y sólo “se les hace de su conocimiento, pero es un mero trámite”, por lo que no es necesario su opinión.
Los cambios
El nuevo reglamento derogó la fracción XXXIV del artículo 12 que facultaba a todas las Direcciones Generales de las áreas auditoras a presentar las denuncias penales que procedan por las irregularidades detectadas y coadyuvar en los procesos penales. Ahora, se otorga esta facultad de forma exclusiva a la Auditoría Especial de Seguimiento, que depende directamente del auditor Colmenares.
Dicha área es encabezada por Nemesio Ibáñez Aguirre desde mayo pasado, quien ha trabajado con el auditor Colmenares desde 1986, cuando este fue Secretario de Finanzas del Gobierno de Oaxaca e Ibáñez su subordinado como subsecretario de Ingresos, durante el gobierno de Heladio Ramírez. Además, también trabajó desde 2008 en el despacho Colmenares Páramo y Asociados, de acuerdo con sus currículums.
La Auditoría Especial de Seguimiento fue una creación justamente de Colmenares a su llegada a la Auditoría Superior de la Federación para concentrar la responsabilidad de las solventaciones, es decir, el procedimiento que borra las irregularidades señaladas en las auditorías a las instituciones del gobierno federal cuando éstas presentan las pruebas que descartan los señalamientos.
De hecho, explica Lozano en el oficio fechado el 3 de noviembre, que las irregularidades halladas en dos dictámenes técnicos que debieron ser parte de denuncias penales fueron solventadas sin que estuvieran “debidamente fundados y motivados”, aunque en el documento no detalla los casos a los que se refiere.
Con la nueva reforma, ahora también se da otra facultad exclusiva a esa área: presentar denuncias penales. Pero “delegar esta altísima responsabilidad de determinar lo que se denuncia y lo que no, exclusivamente en la Auditoría Especial de Seguimiento, sin ningún contrapeso institucional”, explica Gerardo Lozano.
Debido a la modificación, tendrán que esperar a que la Auditoría Especial de Seguimiento determine la procedencia de las denuncias “haciendo a un lado” a las Unidades Auditoras cuya fiscalización identifica, analiza, investiga y documentan los hechos y hallazgos presuntamente irregulares en diferentes áreas, pero sus conocimientos no podrán sumar al proceso penal, porque no serían requeridos.
Esto también contradice el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales que señala el “deber de denunciar” a quién en ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la Ley señale como delito y está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público”.
Pero, con la modificación al reglamento, “nos está dejando en estado de indefensión al titular de la Dirección General que tiene en su poder estos dictámenes técnicos y al suscrito que tengo conocimiento de los hechos irregulares ahí asentados, dando lugar a un conflicto entre la aplicación de las directrices que se dan a conocer y el art. 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, asegura Lozano en su carta.
Por lo tanto, solicitó al presidente de la Comisión de Vigilancia y al resto de integrantes a que “haga un análisis pormenorizado de las reformas efectuadas al Reglamento Interior de la ASF”, toda vez que se trata de modificaciones “trascendentales” que requieren “una revisión profunda y una consulta abierta y transparente a la Comisión de Vigilancia, siempre buscando el fortalecimiento de la ASF y no su debilitamiento”, dice el escrito.
Las denuncias
En el desglose por año, se observa que en la gestión de Colmenares ha habido el menor número de denuncias pues en 2018, la ASF presentó 64, pero para el año siguiente bajó a la mitad (31), para 2020 fue casi igual, con 32 denuncias, y en 2021 sumaron 55 casos. En cambio, en 2012, por ejemplo, la ASF presentó 80 denuncias; en 2013 la cifra creció a 134; en 2014 pasó a 186; en 2015 hubo 166; en 2016 fue la cifra más baja de ese periodo con 72 denuncias; y para 2017 la cifra volvió a crecer hasta 179 querellas.
Entre los casos que se han denunciado durante la gestión de Colmenares ante la FGR, y que continúan sin resolución, se encuentran asuntos de gran relevancia como la fraudulenta inversión que Pemex, bajo la gestión de Emilio Lozoya, hizo para la adquisición del complejo denominado Fertinal, y que según el análisis hecho por los auditores dejó perdidas para el Estado por más de 11 mil millones de pesos.
También están las dos denuncias que la ASF presentó por daños superiores a los 1 mil 250 millones de pesos que dejó uno de los contratos que Pemex concedió a la empresa Odebrecht para el acondicionamiento de la refinería de Tula. En esta indagatoria hay más de 20 funcionarios y exfuncionarios de Pemex implicados.
De igual forma la Auditoría ha presentado en la actual gestión más de 15 denuncias relacionadas con posibles desvíos de recursos con el esquema de La Estafa Maestra, centradas en los convenios que distintas universidades públicas firmaron con las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano.
En febrero de este año la ASF también promovió una nueva denuncia en contra del gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Desde la época del exauditor Superior Juan Manuel Portal, las denuncias en contra de dicho gobierno estatal se han acumulado por decenas. Sin embargo, pese a que los recursos desaparecidos ya suman casi 60 mil millones de pesos, hasta ahora no se ha logrado recuperar nada.
La baja resolución de los casos de la auditoría ha sido un problema permanente desde gestiones anteriores. A finales 2018 la ASF en conjunto con la entonces PGR establecieron equipos conjuntos de trabajo para tratar de agilizar la resolución de carpetas de investigación relacionadas específicamente con los casos de Veracruz y La Estafa Maestra.
Lo anterior, según la fiscalía, ha permitido fortalecer el seguimiento de los dictámenes técnicos que presentan los auditores y se han conseguido presentar ante jueces cerca de 20 casos en contra de exfuncionarios públicos por delitos como ejercicio indebido del servicio público, peculado, abuso de autoridad, entre otros. Sin embargo, ninguno de esos casos se ha resuelto con alguna sentencia ni tampoco se ha reparado el daño.
Aunque en la Fiscalía advierten que la colaboración con la Auditoría ha mejorado, de igual forma indicaron que se han abierto algunas indagatorias por diversas denuncias que se han recibido respecto a un manejo inadecuado de algunas pesquisas en la propia ASF, sin que se pueda dar mayores detalles sobre eso.
Información de: https://www.animalpolitico.com/Foto:Cuartoscuro
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