Comunicado
Oaxaca de Juárez, 22 de marzo. Los Ciudadanos Diputados Jaime Bolaños Cacho Guzmán, Ericel Gómez Nucamendi, Félix Antonio Serrano Toledo; y la Diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez, presentaron un Punto de Acuerdo por el que la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública, para que en el proceso de centralización de la nómina educativa asuma el pago de los gravámenes locales inherentes a la misma, como es el caso concreto del impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en el Estado de Oaxaca.
En ese sentido el diputado Jaime Bolaños Cacho Guzmán del PRD, explicó que desde el cierre del ejercicio fiscal 2014, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) enfrenta deudas por 4 mil 150 millones de pesos resultado de un déficit histórico que inicia su gestación desde el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992, que llevó a que en el transcurso de diversas administraciones se otorgaran prestaciones en días y plazos adicionales al presupuesto asignado.
Señaló que en el proceso de negociación del 2006, el Gobierno Federal suscribió un convenio con la parte gremial para que en el transcurso de seis años (2007-2012) todos los trabajadores de la educación de Oaxaca pasaran de la Zona Económica II, a la Zona Económica III, compromiso que se cumplió con los trabajadores sin la correspondiente cobertura presupuestal federal.
Asimismo, el legislador recordó que en el año 2007 se modificó la Ley de Coordinación Fiscal y se estableció una fórmula para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que benefició a las entidades con mayor nivel de desarrollo, en perjuicio de las entidades marginadas.
El también presidente de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, subrayó que las reformas realizadas para la centralización del Gobierno Federal en el pago de la nómina a sus trabajadores, dejó pendientes en su proceso de reorganización financiera los pasivos históricos, fundamentalmente de las entidades marginadas perjudicadas por el FAEB, como es el caso de Oaxaca.
Ante este escenario, dijo, se corre el riesgo de afectar la estabilidad económica, política y social de la entidad; por ello señaló, se requiere del apoyo solidario, no sólo del Poder Legislativo, sino también, del Gobierno Federal para solventar los compromisos acumulados desde la descentralización de 1992, generados por las decisiones de diferentes actores que participaron y participan en el proceso educativo.
“Por lo cual el Poder Legislativo Federal debe adicionar a la brevedad en el Presupuesto de Egresos de la Federación un fondo resarcitorio para los estados en los que tienen deudas acumuladas producto del fallido proceso de descentralización educativa con el propósito de evitar que se vuelva a generar un círculo vicioso”, indicó.
Es necesario, dijo, revisar el artículo 27, fracción IV, relativa a los Gastos de Operación de la Ley de Coordinación Fiscal, para que exista la igualdad en los recursos destinados a los Estados que tienen las mismas condiciones para hacer llegar el servicio educativo a sus diversas comunidades en favor de los Estados con mayor población en localidades marginadas, dispersas y grupos indígenas, en dónde los costos de atención educativa son significativamente mayores como lo es el caso de Oaxaca.
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