Oaxaca de Juárez, 6 de mayo. Legalmente, Zoé Robledo, director del Seguro Social, y León Manuel Bartlett Álvarez, dueño de Cyber Robotics Solutions, no deben tener problema por la compra de ventiladores respiratorios mediante una adjudicación directa. En una situación de emergencia sanitaria, como prevé el decreto presidencial del 27 de marzo, se pueden realizar contratos públicos por adjudicación directa, por lo que el proceso está en regla. Lo que se tiene que revisar es lo que hay atrás, qué es lo que le descubrieron a los hijos de dos viejos amigos que hoy trabajan en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al haber sido contratada a precios muy por arriba del mercado.
La operación, revelada el viernes por la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, denuncia que 20 ventiladores respiratorios se vendieron a 31 millones de pesos, lo que significó un precio unitario de un millón 550 mil, el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por el Covid-19. Robledo ha defendido la adquisición, como apegada a los criterios de entrega inmediata, modelo, disponibilidad, además de haber estado en apego a la transparencia. Pero el mismo día que se asignó el contrato, precisó la ONG, la misma delegación del Seguro Social en Hidalgo que concretó la compra a Bartlett Álvarez, pagó 880 mil pesos a otro proveedor por un ventilador similar importado de Eslovaquia.
Lo que hicieron los juniors de los viejos priistas reconvertidos lópezobradoristas, huele a gas, pero no hay que brincar a las conclusiones. La adjudicación directa fue un proceso acertado, aún si no existiera el decreto presidencial, por razones de tiempo en una emergencia. Un proceso de licitación requiere de armar todo un paquete, con ficha técnica, publicación de las bases, proceso de participación y el concurso, que se lleva aproximadamente tres meses, si las cosas salen sin contratiempos. Nadie puede esperar una eternidad frente a la velocidad con la que se transmite el Covid-19.
Por tanto, el procedimiento legal está garantizado, y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, como lo hizo con Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, que ocultó propiedades en su declaración patrimonial, podría exonerarlos de una manera tan truculenta como lo hizo con el funcionario. Pero para la secretaria, sin embargo, las cosas ya no son tan fáciles. Mucho le costó en imagen y credibilidad a Sandoval haber salvado a Bartlett Díaz. Aquello parecía olvidado, pero como ha estado siendo marca de la casa de la 4T, algunos de sus próceres están resultando tan mercantilmente atascados como algunos de quienes formaban parte del grupo compacto del expresidente Enrique Peña Nieto, que pensaban que la impunidad sería transexenal.
El caso que detonó Mexicanos Contra la Corrupción pinta un escenario como el que se vivió durante el peñismo. Cyber Robotics Solutions fue constituida el 20 de marzo por Alejandro Marina Vales y Bartlett Álvarez, de acuerdo con la investigación, que aporta otro ingrediente turbio, la constitución de una filial espejo en Panamá, el 11 de marzo del año pasado, donde figuran como supuestas accionistas dos empleadas de un despacho legal especializado en crear empresas off-shore, un modelo donde florecen las empresas fantasma. La dirección de esa filial en México se encuentra en la calle Sierra Aconcagua, en las Lomas de Chapultepec, que es propiedad de Bartlett Díaz. Todo se ve demasiado opaco aunque, en beneficio de la duda, podría no ser túrbido. Pero se requiere una explicación, tarea que nuevamente tendría que desarrollar la secretaria Sandoval.
Esperemos que no salga nuevamente con una babélica exoneración del joven Bartlett Álvarez y de Robledo, y que si en verdad están libres de pecado y culpa, que lo explique racional, jurídica y éticamente. Esto debió haber hecho con el caso del director de la Comisión Federal de Electricidad, donde sí entraba al terreno de la ilegalidad. En este caso, si no hay ilegalidad, sí hay ilegitimidad. En la era de la 4T, eso parece ser secundario, como irrelevante la existencia de conflictos de interés. Se les olvidan rápidamente las cosas. Cuando el famoso caso de la ‘casa blanca’, ayudaron a despedazar la imagen del presidente Enrique Peña Nieto y fincaron en la corrupción, la batalla electoral.
La casa que había adquirido la esposa del expresidente por medio de un empresario muy cercano a él, fue una operación inmobiliaria legal donde no se probó corrupción. El problema era la legitimidad de la acción. ¿Cómo podía saberse que no había sido en pago por obra pública cuando Peña Nieto fue gobernador o Presidente? La sospecha de ilegalidad es suficiente para huir de los conflictos de interés, que es lo que fue la ‘casa blanca’, porque daña la legitimidad, la credibilidad y genera la percepción de corrupción.
Tras ese episodio, los contratos del constructor Juan Armando Hinojosa con gobiernos estatales –no el federal, donde no tenía ninguno–, fueron cancelados, y tuvo que reducir más de 50 por ciento su planta laboral. Peña Nieto, por su parte, sepultó con ello las aspiraciones para que el poder siguiera en manos del PRI. Esa lección no ha sido aprendida en la 4T, comenzando por el presidente López Obrador, que defendió a Bartlett Díaz y que, quizás, sembró la semilla para que su hijo y Robledo no vieran problema alguno en la adjudicación directa de los ventiladores respiratorios.
Robledo comete el error de Peña Nieto: aferrarse a la legalidad sin considerar la legitimidad. Bartlett Álvarez incurre en el error de los cercanos del expresidente: la soberbia y sentirse impune. Los dos debían haber tomado en cuenta el lodo que Bartlett Díaz y Sandoval dejaron le cayera al Presidente, y no caminar por el mismo sendero. Esa impudicia de la cual no nos liberamos todavía, los tiene a ambos en la picota.
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