Oaxaca de Juárez, 30 de abril. El 28 de febrero ha quedado marcado en el calendario mexicano como el día en que se comunicó el primer caso de coronavirus al país. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, lo anunció en una rueda de prensa junto al presidente Andrés Manuel López Obrador después de varias semanas de ver cómo la crisis golpeaba otras naciones. “Nos informaron en la madrugada, tenemos un caso confirmado”, dijo.
Ese mismo día y pocas horas más tarde, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) lanzó una licitación para contratar un seguro médico especial para 26 jefes de área y sus familiares desde marzo hasta fin de 2020.
La contratación contradice la Ley de Austeridad promulgada por el Gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que abanderó una lucha contra los privilegios de los funcionarios. El proceso también deja en evidencia las inconsistencias en la gestión del principal órgano científico mexicano.
La política de austeridad del presidente mexicano sigue abriendo brechas dentro de la Administración. Esta vez, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Con la llegada de López Obrador al poder, en diciembre de 2018, los seguros médicos privados de los funcionarios públicos quedaron desterrados del presupuesto. Primero a causa del brutal recorte que sufrió el Gobierno durante el primer año del sexenio. Y con mayor profundidad desde noviembre, cuando se aprobó la Ley de Austeridad Republicana que prohíbe expresamente gastar un peso de las arcas públicas en prestaciones de ese tipo.
Los trabajadores de los centros de investigación científica no estaban excluidos de la norma. Con la reducción en 2009 de más del 8% de su presupuesto, unos 5.000 millones de pesos (205 millones de dólares al tipo de cambio actual), Conacyt se vio forzado a suspender muchos gastos. Entre ellos, los seguros médicos privados. La situación fue rematada con una parálisis económica heredada por la epidemia. El organismo suspendió las becas académicas previstas para 2020 para focalizar sus recursos en atender la crisis del coronavirus. En medio de un contexto económico precario, el regreso de los seguros médicos parecía lejano.
El Consejo hizo oído sordos a los lineamientos del Ejecutivo. El organismo encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, una científica cercana al presidente, sorprendió en medio de la pandemia con un contrato de 2,4 millones de pesos (unos 100.000 dólares) por un seguro de gastos médicos mayores para 68 personas, entre trabajadores y familiares. A las conjeturas desatadas en el ambiente académico por el momento en que se lanzó la licitación se le suma otra irregularidad. Todos los papeles de la licitación pública han sido firmados por una subdirectora de Conacyt, Lucía Guadalupe Rodríguez Rivero, empleada en el organismo desde 1998 y quien aparece en la lista de los beneficiarios junto a su marido y sus dos hijas.
“Con la enorme incertidumbre que hay en el área de salud ahora por la covid-19, que haya funcionarios haciendo este tipo de cosas me parecen escandalosas”, comenta Antonio Lazcano Araujo, uno de los divulgadores científicos más importantes de México. Gran crítico con la gestión actual del Consejo científico, el biólogo repasa las palabras de López Obrador cuando abogaba por la abolición de los seguros privados en la Administración. “Les decía a los funcionarios que vayan al instituto del seguro social para que vean lo que es. Álvarez-Buylla está obligada a dar una explicación por estas inconsistencias”, reclama. Este periódico consultó al Consejo sobre este tema, pero no recibió respuesta.
Conacyt justifica el gasto diciendo que lo hace para cumplir con una sentencia judicial de 2015. Arturo Velázquez Muñoz, jefe de técnicos del Consejo, fue uno de los que denunció en los tribunales laborales hace seis años, cuando el Gobierno federal recortó gastos y les quitaron la prestación. Junto a sus compañeros ganó el juicio en 2016, recuerda. Un año después el organismo les restauró el seguro. Sin embargo, cuenta que en los últimos dos años las autoridades dejaron de entregarles las pólizas y las tarjetas comenzaron a llegarles cuando ya estaban vencidas o directamente a no llegarles. “En un punto no sabía si tenía seguro o no”, dice. “Yo creo que cuando llegó esta Administración dejó de pagarlo”.
Los registros le dan la razón a Velázquez Muñoz. El último contrato que el Consejo firmó por un seguro médico privado para sus trabajadores fue en mayo de 2018, antes de la llegada de López Obrador y de que la Ley de Austeridad fuera aprobada por el Congreso. Desde entonces y hasta el 28 de febrero, como lo había pedido el presidente, el órgano no había gastado un peso del presupuesto en ese servicio.
Eso explica las dudas que surgieron entre las aseguradoras involucradas en la licitación. Metlife, la compañía ganadora tanto en esta ocasión como en 2018, puso en duda la validez de la oferta frente a la ley estrella de López Obrador. “Apreciaremos ratificar que la contratación no contraviene disposiciones legales en materia de austeridad”, cuestionó la empresa. El Conacyt le respondió que el proceso no violentaba nada. La empresa pidió profundizar. “La contratación deriva del laudo 131/2015, en el cual se condenó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a restituir dicha prestación”, justificó el organismo.
A primera vista tiene lógica. El Conacyt contrata un seguro para obedecer una disposición judicial. Pero hay dos años en medio y una crisis sanitaria mundial que apremia hasta el momento en que llega el contrato. “No deja de llamar la atención”, dice el experto en derecho constitucional Luis Pérez de Acha. Los laudos son sentencias de los tribunales laborales y “deben cumplirse” independientemente de la Ley de Austeridad, explica. “Pero la forma y la pertinencia en las que se está cumpliendo es otra cosa”.
El embrollo del contrato suscita muchas sospechas, admite Pérez de Acha, quien también fue consejero del Consejo científico. La desconfianza recae en que las juntas de conciliación, los tribunales laborales, están cerrados desde principios de marzo por la contingencia. “La tendencia de esta Administración es no cumplir las sentencias. Con las juntas en receso, no hay quien exija a Conacyt que cumpla ese laudo ahora. No es un tema por el cual se deba tener prisa”, agrega.
La actitud del Conacyt ha abierto también una brecha en otros centros académicos federales, que igualmente han visto mermarse sus presupuestos en los últimos años. Alma Maldonado es investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav). Tanto ella como sus colegas perdieron el seguro médico el año pasado con la Ley de Austeridad. “Algunos demandaron para recuperar la prestación y ganaron. El problema era que la institución no tenía dinero para pagarlo”, dice.
Los trabajadores del Cinvestav dieron por muerto el asunto y terminaron contratando un seguro colectivo, cuenta Maldonado. Al ver ahora a Conacyt retomar la prestación para algunos trabajadores incide: “Yo me pregunto, ¿por qué en algunos centros sí y en otros no?”.
El País
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