Oaxaca de Juárez, 27 de enero
MILENIO CARLOS MARÍN EL ASALTO A LA RAZÓNA cuatro meses de la matanza, nada permite avizorar cambios esenciales en las posiciones de quienes representan a los deudos y la autoridad a cargo de investigar el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa.
Por las actuaciones ministeriales y evidencias recabadas en testimonios, confesiones, cateos y averiguaciones criminalísticas y criminológicas, es impensable que la PGR modifique su aseveración de que los homicidas intelectuales y materiales fueron funcionarios, policías y vulgares delincuentes de Guerrero.
Deudos y sus representantes, así como agrupaciones que medran de la tragedia, rechazan todo lo que provenga de cualquier autoridad, y necean con la invención de que ese crimen tumultuario fue cometido “por el Estado”.
Ninguna de las partes variará su discurso (lo cual se puede comprender), pero ambas están obligadas a comportarse ya de manera diferente.
La protesta de ayer fue pacífica, pero las violentas usuales merecen el rechazo social.
Y al gobierno se le está haciendo tarde para evitar más desmanes y, con respeto a los derechos humanos, aplicar la ley.
cmarin@milenio.com
EXCÉLSIOR RAZONES JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZCiento veinte días después del secuestro y presunto asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa en Iguala, la investigación sobre el tema debe presentar ya un corte de caja porque existen elementos suficientes para establecer más que una versión, una verdad jurídica para hacer justicia en el caso, pero también para dejar que impere la impunidad entre quienes están usando Ayotzinapa para fines que nada tienen que ver con la justicia, los derechos humanos o la seguridad.
Hoy sabemos qué ocurrió el 26 de septiembre en Iguala, cómo fueron los muchachos agredidos, detenidos, llevados a las instalaciones policiales en Iguala, entregados a la policía de Cocula y a un grupo de narcos, llevados al basurero de ese municipio, incinerados y sus restos arrojados al río. Hay un centenar de detenidos, testimonios y confesiones; restos identificados aunque sea de una sola de las víctimas que confirman los dichos; autores materiales e intelectuales detenidos. Por supuesto que falta por hacer, pero manipular los hechos como intentan algunos grupos es inaceptable, en primer lugar para los familiares de las víctimas, pero también para el resto de la sociedad.
Hay manipulación, hace semanas que insistimos en ello, en los voceros y los abogados de los familiares, que se presentan como tales sin serlo. Existe manipulación cuando se dice que los jóvenes estuvieron en un cuartel militar cuando no existe una sola prueba en ese sentido; es un sinsentido decir que se usaron hornos crematorios para quemar sus restos; o asegurar que no pueden quemarse los cuerpos en las condiciones en las que dicen los investigadores. Primero que todo porque no existe razón alguna, móvil alguno, para haber realizado esas acciones. Segundo, porque lo que sí existe es el testimonio de los actores reales de cómo sucedieron los hechos.
De lo que no existe respuesta es de otras cosas. La primera es saber por qué esa noche mandaron desde la normal de Ayotzinapa a los jóvenes hasta Iguala. Primero, les dijeron que irían a Chilpancingo, y ya en los autobuses, robados por cierto, les dijeron que iban a Iguala a interrumpir un acto político. Era el informe de la esposa del presidente municipal, María de los Ángeles Pineda, cuyos hermanos y padres fueron líderes del cártel de Guerreros Unidos, ella misma identificada como una de las jefas de esa organización. El líder de Guerreros Unidosdeclaró al ser detenido en Cuernavaca que él no participó en los hechos, pero que estuvo informado de ellos y que sus sicarios en Iguala lo que le dijeron es que había llegado un grupo de Los Rojos (un cártel enemigo de Guerreros Unidos, que tienen fuerte presencia en Chilpancingo y en toda la zona aledaña a Ayotzinapa) para matar a adversarios. La versión aparentemente era falsa: podría haber entre los estudiantes dos o tres personajes que tuvieran historias diferentes (los únicos que llevaban cabello largo y que eran responsables del grupo, existen testimonios al respecto también), pero la enorme mayoría eran chavos de primer ingreso, que acababan de comenzar en la normal y que tenían la obligación de participar en marchas, eventos o manifestaciones como las que se suponía tendrían que hacer en Iguala. Alguien se encargó de decirles a Los Rojos que iban a atacarlos, por eso el nivel de violencia contra los chavos. ¿Quién los envió, quién hizo confundir a un grupo de estudiantes desmadrosos con un comando de sicarios, quién ordenó una muerte tan brutal? ¿Dónde están, 120 días después, los líderes y directores de la normal de Ayotzinapa que no han dado la cara hasta ahora ni han proporcionado una explicación sobre su papel en estos hechos?
Lo cierto es que los secuestros y muertes de Iguala han servido para muchos de los objetivos de éstos y otros grupos. El nivel de violencia y vandalismo es inaceptable: decenas de bienes públicos y negocios privados destruidos; carreteras bloqueadas y casetas de cobro tomadas para hacer negocio, tanto que hasta los manifestantes se pelean entre ellos para ver quién se queda con esos recursos; pérdidas por más de mil millones de pesos de empresas privadas, grandes y pequeñas, por el robo sistemático a sus transportes (más de 500 en los tres últimos meses); más de 200 camiones de transporte de pasajeros secuestrados, en ocasiones quedándose hasta con los equipajes.
La lista es mucho más amplia y la impunidad ante estos hechos es absoluta. Ese tipo de violencia y la pretensión de impedir las elecciones en el estado no tiene nada que ver con los secuestros de Iguala: son parte de una agenda política y desestabilizadora donde participan desde grupos armados hasta organizaciones políticas extremadamente radicales (y los cacicazgos locales que muchas veces utilizan para su beneficio a unos y otros, como también lo hacen los grupos criminales, se llamen Rojos o Guerreros Unidos, o cualquiera de los que operan en el estado).
120 días después existe una investigación seria y que tiene resultados concretos. 120 días después no pueden persistir la impunidad y la violencia.
LA JORNADA ASTILLERO JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZlas buenas cosas se olvidanfácilmente (concediendo que son
buenas cosaslas obras y servicios que el gobierno federal realiza con dinero del pueblo, entre fundadas sospechas de corrupción mediante contratismo y otras fórmulas sucias), a Enrique Peña Nieto debería moverle a profunda reflexión, y consecuentes acciones reivindicatorias, el hecho de que las
cosasmalas difícilmente se olvidan y, en el caso de Iguala, Cocula y los estudiantes de Ayotzinapa, esa memoria, pero no sólo el recuerdo, sino también la denuncia y la protesta, siguen presentes en todo México y en muchas partes del mundo.
Peña Nieto ni siquiera parece preparado para eludir o suavizar aunque sea simbólicamente las imágenes negativas, las cosas malas
de su administración. Ayer, mientras miles de mexicanos salían nuevamente a las calles, en una demostración de persistencia de la inconformidad ciudadana como no se ha visto en la historia mexicana (a cuatro meses de distancia de los hechos criminales en Guerrero, con el circo distractor de lo electoral y con campañas mediáticas que intentan satanizar la justa indignación por los sucesos del 26 de septiembre pasado y por la inconcebible respuesta de encubrimiento y complicidad de la administración federal, sobre todo en cuanto a sus fuerzas armadas), Peña Nieto se sintió llamado a magnificar el estilo político priísta del estado de México y sus andanzas políticas personales.
Así, apareció ayer acompañado de otro gobernante altamente deficitario, el volátil Eruviel Ávila, y de secretarios federales en absoluto entredicho, como el de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, tan campante a pesar del escándalo del tren chino originalmente asignado con visos de corrupción que nadie garantiza se hayan eliminado (tal vez solamente modificado) y por cuya causa nadie ha sido castigado, ni siquiera el propio Ruiz Esparza, miembro del equipo mexiquense desde cuando Peña Nieto era gobernador. Otra muestra preclara de la política que no se olvida fácilmente fue otro mexiquense acompañante, Emilio Chuayfett, quien era secretario de Gobernacion cuando sucedió la masacre de Acteal y ahora ejerce en Educación Pública aunque no es atendido ni respetado por profesores disidentes bien organizados ni por estudiantes politécnicos movilizados.
Las cosas buenas, si las hubiera, tal vez se olviden fácilmente, como reprochaba ayer el ocupante de la silla presidencial. Pero cosas malas, muy malas, como la inacción federal en Iguala, el engaño de Murillo Karam y sus historias forenses, la cómplice protección al Ejército y el persistente gobierno turbio, lleno de casos de corrupción explícita, que avergüenza a mexicanos en todas partes, no se olvidan fácilmente, como quedó masivamente demostrado ayer.
Armando Ríos Piter le hizo un gran servicio a Los Pinos al renunciar a la virtual postulación perredista a la gubernatura de Guerrero. A pesar de que era el mejor colocado en el ánimo y las encuestas de la directiva nacional del sol azteca, el legislador autodenominado Jaguar se zafó de la contienda con un argumento insostenible: que el influyente ex líder del PRD Jesus Ortega le había aconsejado en una plática privada que se entendiera
con el ex gobernador Ángel Aguirre, lo que habría motivado una pudorosa reacción de retiro de las aspiraciones gubernamentales de Ríos Piter, un político profesional que ha sostenido infinidad de conversaciones privadas cuyos términos decorosos o indecorosos nunca ha denunciado ni le habían impelido a declinar nada.
Políticamente, Ríos Piter se movió en este episodio más atento a Los Pinos que al PRD, lo que ha generado versiones de que estaría participando en exploraciones con la intención de ser postulado por el PRI o de ayudar al peñismo a construir una candidatura multipartidista en Guerrero. Su presencia ayer en la Secretaría de Gobernación abonó tales especulaciones. En todo caso, el Jaguar dejó en absoluta precariedad al sol azteca, pues en el resto de los aspirantes no hay una sola figura que albergue posibilidad de triunfo en el complicado estado suriano. Por cierto, ayer dijo Carlos Navarrete que equivale a un blando
golpe de estado la pretensión de guerrerenses de impedir que haya elecciones en esa entidad.
De pronto se le acumularon a Felipe Calderón los asuntos por contestar. Rechazó de entrada las acusaciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de que tiene nexos con narcotraficantes y éstos le financian para actividades diversas. Y, de visita en Caracas para realizar protestas de corte político que el michoacano no realiza respecto de asuntos de su propio país, fue alcanzado por la noticia de que es el principal de los acusados por la francesa Florence Cassez de haberle causado graves daños a partir de laescenificación ajena a la realidad
mediante la cual la procesaron como presunta secuestradora.
Cassez acusa a Calderón y a su entonces vicepresidente policiaco, el cineasta inconfeso Genaro García Luna; a uno de los operadores principales de éste, Luis Cárdenas Palomino; al ex procurador federal de justicia, Daniel Cabeza de Vaca; al ahora senador Roberto Gil y a los periodistas Carlos Loret de Mola y Pablo Reinah, así como a la empresa televisora donde se difundió el montaje, Televisa. Otro tema abordado por Calderón es el de su inconformidad con el mando panista maderista que le mantiene marginado. Dijo el esposo de la señora Margarita que podría explorar la posibilidad de generarse otra vía organizativa.
Entre otros correos y tuits recibidos en esta columna sobre el tema, Alejandro Acevedo Gómez escribió: “PRI, PAN y PRD son iguales de corruptos, tienen la impunidad como su premisa política y son cínicos. Los chuchos dan asco, pero Morena no acaba de dar verdadera esperanza, pues AMLO ha sido muy pragmático al otorgar (de dedo) las candidaturas. Soy pesimista. Yo anularé mi voto con alguna leyenda de protesta, ¿pero de qué sirve?” ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
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