Oaxaca de Juárez, 22 de mayo. La vida política de Germán Martínez dentro del gabinete ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó difícil y se puso peor. Aceptó ser director del Instituto Mexicano del Seguro Social después, incluso, de que los síntomas neoliberales en el cuerpo de la cuarta transformación emergieran en la arena pública. Martínez había escuchado poco de los recortes draconianos que se pensaban hacer tan pronto López Obrador asumiera la Presidencia, y las recomendaciones, casi instrucciones, que se estaba haciendo al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto durante la transición. Por ejemplo, que dejaran de comprar medicinas porque iban a revisar todos los contratos. Todo el discurso del despido masivo de funcionarios y burócratas, de recortes presupuestales y disminución de servicios se había dado bajo el mismo alegato: austeridad y erradicación de los abusos del pasado. Esa visión finalmente se estrelló con la realidad con la renuncia de Martínez al frente del Seguro Social.
El cronograma del choque con la realidad se aprecia en la carta de renuncia de 11 páginas al Consejo Técnico, que integran además del director del instituto, los titulares de las secretarías de Hacienda, Salud y Trabajo. Pero la carta no es una simple renuncia. Es, sobre todo, una denuncia contra el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y la oficial mayor de la dependencia, Raquel Buenrostro, a quienes califica de burócratas, neoliberales y llega a sugerir también que son “insensibles” frente a las enfermedades e incluso ante la muerte de pacientes. Martínez no es un político que se quede callado, y ha hecho de la difusión pública de su decisión un ejercicio ético que dentro del gabinete de López Obrador tres de sus secretarios de Estado y colaboradores cercanos fueron incapaces de sostener.
Con toda certeza se puede afirmar que la indignación de Martínez es compartida por muchos de sus compañeros en el gobierno de López Obrador, que se han topado con los muros infranqueables de Buenrostro, quien tiene la encomienda de utilizar machetes, tijeras y bisturí para recortar el gasto público y poder acomodar recursos a los programas prioritarios presidenciales, pero que han optado por el silencio.
La acusación es insólita por sus términos, sin margen para la confusión. Martínez quiso evitar personalizarla al mencionar que son “algunos funcionarios” hacendarios quienes “tienen una injerencia perniciosa” en el instituto. Pero no pudo quitar la carga de la denuncia sobre Urzúa y enfocarla, aunque sin mencionarla por nombre, en Buenrostro, pupila del secretario y a quien colocó en la Oficialía Mayor para controlar todas las compras del gobierno. La centralización de las compras del gobierno federal, con el argumento reduccionista de evitar la corrupción, es lo que ha generado conflictos dentro del gobierno, tensiones y fricciones que van desde la Oficina de la Presidencia y la Consejería Jurídica, hasta el gabinete legal y el ampliado.
Un párrafo de su carta revela parte del conflicto con Hacienda. Dice: “La cuarta transformación no son cambios burocráticos, sino revolución cultural (…) Algunos funcionarios de Hacienda intentan una remodelación cosmética del IMSS, donde (…) se pretende reformar el Reglamento para colocar funcionarios administrativos en los Estados desde la Secretaría de Hacienda, y así anular a los delegados que este Consejo Técnico aprobó. Buscan nombrar, en todo el país, una suerte de ‘delegados administrativos estatales’, fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS”.
Detrás de ese párrafo se encuentra el conflicto más serio con Hacienda, que le provocó una reciente fricción con el Presidente que, de acuerdo con funcionarios, lo maltrató y llevó a considerar su renuncia. López Obrador respaldó a Urzúa, quien le había anticipado a Martínez que habría un nuevo recorte presupuestal, que afectaría a las delegaciones. El argumento de Martínez, de que tendría un impacto directo sobre los servicios de salud y los derechohabientes, fue ignorado. La falta de apoyo del Presidente no era nueva. López Obrador quería cancelar el Seguro Popular, y Martínez le presentó un modelo para hacer la prestación de servicios de salud a través de él. Cuando trabajaba su proyecto, sin que nadie le consultara, el Presidente anunció el remplazo del Seguro Popular, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.
La insatisfacción de Martínez se venía acumulando desde hacía meses por las reducciones presupuestales y los ajustes que sobre la marcha hacía Hacienda, para acomodar las prioridades de López Obrador, o deshidratar al gobierno para darle capacidad fiscal y financiera a Pemex, a fin de que no le bajen el grado de inversión. Urzúa, que difícilmente objeta decisiones del Presidente, y Buenrostro, quien cuida las llaves del dinero y lo distribuye a cuentagotas, son los garantes de los deseos de López Obrador, lo aplastaron. La carta de renuncia refleja frustración y su indisposición a hacer las maromas que practican excompañeros de gabinete con menos arrestos, sabedor que era una batalla perdida.
No tardó mucho en comprobarlo. El Presidente dijo que no compartía las razones de su renuncia, y era imposible que coincidiera. Como esboza Martínez, la política hacendaria tiene un corte neoliberal salvaje, que tanto denuncia el Presidente; es excluyente, contrario a la narrativa oficial, y afecta más a quienes menos tienen, contrasentido del discurso de López Obrador. La realidad alterna de la propaganda contra la realidad terrenal, tan víctima en esta ocasión como lo fue Martínez. Esta renuncia es de alcance mayor, porque muestra la crisis que se vive dentro del gobierno por la irracionalidad de una política de austeridad a rajatabla, porque socializa enfrentamientos que sólo se veían en la prensa política, y porque desnuda las contradicciones de un régimen que se dice del cambio.
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