Oaxaca de Juárez, 4 de mayo.
El otro Andrés
Raymundo Riva Palacio
Andrés Manuel López Obrador ya está pensando en el 2 de julio. No es una simple frase de campaña que apoye su arenga política. En su cabeza ya no está si gana o no la Presidencia dentro de 57 días, sino lo que viene después. Dice que tiene que meter 12 años –dos mandatos presidenciales–, en seis –un sexenio, como lo establece la Constitución– para lograr instalar su nueva República, que describe como “la cuarta transformación”. No hay más tiempo para su gobierno, concede, porque no hay, ni habrá, reelección. López Obrador tuvo una noche de revelaciones en una larga entrevista en una edición especial del programa “Tercer Grado”, en donde el candidato antisistémico por antonomasia, el rebelde indómito que quemó pozos petroleros en Tabasco como expresión de protesta y tomó las calles del centro de la Ciudad de México porque estaba convencido –hasta la fecha–, que la alianza PAN-PRI lo despojó de la silla presidencial en 2006, mostró una cara de político moderado, más en el hábitat de los socialdemócratas del mundo, que del populismo caudillista sudamericano.
López Obrador se alejó completamente de los estereotipos en donde lo tienen encasillado, que le ha construido una imagen de radical y autoritario, que sueña en el pasado sin pensar en el futuro, sin tropezar con las inconsistencias y contradicciones que han poblado las últimas semanas a su campaña presidencial. Ese López Obrador del “Tercer Grado”, ¿realizó una de sus mejores actuaciones políticas? ¿Trata de ganar las voluntades que necesita para poder alcanzar la mayoría en el Congreso que acompañe a su Presidencia y le facilite los cambios que necesita para romper un nuevo paradigma histórico? Su ambición es que después de la Independencia, la Reforma y la Revolución, el lopezobradorismo sea el cuarto movimiento que cambió este país.
Sus planteamientos en el programa de televisión lo pueden ayudar a que, cuando menos, sobre el 60% del electorado que piensa votar por otra opción, lo escuche sin que el ruido ensordecedor e intimidante de sus fieles en las redes sociales, que alteran su mensaje y contribuyen a la construcción en el imaginario colectivo de que López Obrador es un radical irredento que piensa todo el tiempo en Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, pero actúa como León Trotsky, donde para renacer hay que dejar todo en cenizas.
Le urgen traductores certeros de su mensaje, porque nadie escucha puntualmente lo que dice: no habrá cancelación de la reforma energética ni del nuevo aeropuerto de manera automática una vez asuma –en caso de ganar las elecciones– la Presidencia. Revisará contratos y adjudicaciones, y sólo si encuentra corrupción, afirma, se cancelarán. Quiere cancelar la reforma educativa, pero no regresar la rectoría de la educación al sindicato de maestros. No habrá expropiaciones, ni nada de lo que pasados gobiernos vendieron o entregaron a particulares será tomado por su gobierno. Lo que pasó, se queda con sus propietarios actuales. Dice que no perderá el tiempo en ese tipo de batallas, que para la prisa que tiene para poner en marcha su proyecto de nuevo país, son inútiles. No habrá persecuciones de políticos o empresarios, como lo ha venido señalando, pero tampoco habrá impunidad. A los corruptos, si hay denuncia y pruebas, asegura, todo el peso de la ley. ¿A todos? Incluso a sus familiares, si uno de ellos delinquiera. Las revanchas y las venganzas, lo ha dicho reiteradamente, no están en su esencia.
López Obrador afirma que esta elección confronta dos proyectos de nación, pero no lo ve en términos económicos y políticos, sino en términos sociales y morales: es de quienes saquearon al país y viven en su universo de corrupción, frente a quienes, como él, piensan que en el combate a la corrupción está el cimiento de la cuarta transformación. En este sentido, sí tiene a sus enemigos muy claros. Están principalmente en el Consejo Mexicano de Negocios, que este jueves publicó un desplegado en varios periódicos de la Ciudad de México donde se quejaban de que los había calumniado –al decir que estaban interviniendo en el proceso electoral, lo que es ilegal– y que ese tipo de acciones no contribuyen a la certeza jurídica ni a las inversiones o la generación de empleo. Es decir, en palabras de los capitanes de la industria mexicana, o deja de atacarlos, o habrá consecuencias económicas si llega a la Presidencia.
Las amenazas veladas de un sector empresarial contra un político de altura no son nuevas. A principio de los 70, varios miembros de lo que después sería el Grupo Monterrey conspiraron contra el presidente Luis Echeverría, que los confrontó. La polarización en esos años provocó choques y la muerte del fundador del Grupo, Bernardo Garza Sada, durante un intento de secuestro de la guerrilla. López Obrador no establece aún esta analogía, pero la confrontación con los empresarios, reedición de la que enfrentó en 2006, no para. El candidato los tiene identificados. Ellos son los que no caben en su proyecto, afirma, y sus actos de corrupción es lo que construirá un puente entre él y quienes no votaron por él. La corrupción una vez más, en el centro de la lucha por el cambio. En esto no hay matices. Pero López Obrador tiene que convencer al electorado que lo repudia que no es el populista autoritario como lo han pintado, y cambiar su percepción para que le den el beneficio de la duda, que en dos elecciones presidenciales no se la han concedido.
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