Oaxaca de Juárez, 30 de agosto
MILENIO CIRO GÓMEZ LEYVA LA HISTORIA EN BREVEUn abatido y desencajado Enrique Peña Nieto, nunca visto así desde que asumió la Presidencia, informó anoche de su encuentro de casi cinco horas con los deudos y familiares de los jóvenes asesinados y desaparecidos en Iguala.
Explicablemente consternado, luego de escuchar los reclamos de quienes exigen justicia y abrigan la esperanza de que los 43 normalistas aparezcan vivos, reiteró que la investigación llegará “tope donde tope” y que su gobierno suscribió diez compromisos que serán cumplidos a cabalidad.
La ausencia de sus visitantes durante la alocución presagió lo que una hora después ocurriría en el Centro Miguel Agustín Pro:
Para los indignados y dolientes padres y compañeros no hay más que un solo objetivo: que los muchachos aparezcan vivos.
No los alientan esa ni cualquier otra reunión; no los alivian las detenciones; no confían en las promesas; les vale un comino la salida del ex gobernador de Guerrero y el tamaño de su movimiento será medido con una sola vara: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
cmarin@milenio.com
CIRO GÓMEZ LEYVA EL ASALTO A LA RAZÓNEl presidente Peña Nieto se quitó la corbata, quizá para mostrar empatía con los familiares de las víctimas de Ayotzinapa. Se dejó ver, creo que por primera vez en estos dos años, desencajado, nervioso, ojeroso, triste. No quiero decir que derrotado. Pero sí al menos vencido. Un Presidente que no tenía de qué informar.
Cinco horas de escuchar testimonios y reclamaciones de los familiares, sin nada más a la mano que empeñar su palabra para seguir investigando, trabajar conjuntamente con ellos, castigar a más culpables. Nunca las promesas presidenciales fueron menos suficientes, sonaron más claudicantes que ayer.
Un politólogo de primera línea me dijo luego del mensaje nocturno del presidente Peña Nieto que la gran diferencia con el PRI de Tlatelolco y el jueves de Corpus era que entonces escondía los cadáveres, y ahora los busca desesperadamente.
Con desesperación, de acuerdo, porque en esa búsqueda se juega buena parte de su futuro. La tragedia de los normalistas desaparecidos se va convirtiendo cada vez más en la de un gobierno, una generación, un país.
Sigo creyendo que México es mucho más grande que la desgracia de Ayotzinapa, pero anoche me asaltaron las dudas de que el gobierno del presidente Peña Nieto piense lo mismo. O esté en posibilidad de pensar lo mismo.
Sin un secretario de Gobernación y un procurador de Justicia con voz creíble para los familiares, el Presidente ha tenido que entrar a la discusión directa. Ya no hay otra línea de defensa.
Malas noticias para un jefe de Estado que ofrece buena voluntad, pero que, con el reloj en contra, no tiene resultados que entregar.
EXCÉLSIOR JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ RAZONESSi se confirman las declaraciones ministeriales deSidronio Casarrubias Salgado, líder del cártel de Guerreros Unidos, detenido hace poco más de una semana, todo el panorama del caso Iguala no sólo adquiere otro color, sino que también permite encontrar una explicación mínimamente lógica a la desaparición de los 43 normalistas, a la increíble violencia ejercida contra ellos y a la descomposición evidente en el estado, incluyendo la protección de las autoridades locales respecto a los criminales y al matrimonio Abarca-Pineda.
El jefe de Guerreros Unidos ya había adelantado, a poco de ser detenido, que un comando de su grupo efectivamente había participado en los hechos de Iguala, pero que él no los había autorizado ni participado en ellos, que sólo había sido informado. Ahora confirmaría una versión que se viene manejando desde incluso antes de la desaparición de los estudiantes, aquí ya la habíamos comentado, y es que algunos líderes de la normal de Ayotzinapa en realidad tenían relación con Los Rojos, el cártel rival de Guerreros Unidos. Según Sidronio, entre los estudiantes iban 17 integrantes de Los Rojos, fuertemente armados que tenían como objetivo matar a los jefes de la célula de Guerreros Unidos en Iguala.
En el relato del jefe de ese cártel, entre el 25 y el 26 de septiembre hubo más y mucho más intensos enfrentamientos en Iguala, lo que explicaría las versiones sobre el número de disparos y tiroteos de los que han hablado los vecinos. Según esta misma versión los estudiantes y los sicarios que iban entremezclados con ellos fueron detenidos por policías y sicarios, llevados a las dependencias policiales y retirados de allí, como ya se había dicho, por los policías y sicarios de Guerreros Unidos de Cocula. Según Sidronio, su operador en la zona, un hombre al que las autoridades ya tienen identificado, y se apoda El Gil, estuvo todo el tiempo presente en los enfrentamientos, la captura y la desaparición de los jóvenes. Según su testimonio, los 17 fueron identificados, asesinados, incinerados y arrojados a un río. También asegura que existió un acuerdo con el procurador del estado, Iñaki Blanco, para que Los Rojos fueran con los de Ayotzinapa, previo al pago de 300 mil dólares. Luego de los hechos, dice que El Gil y el jefe de la policía de Iguala (que fue detenido y liberado por la policía ministerial estatal) se fueron juntos al monte, a esconderse.
Pero el líder de Guerreros Unidos dice más: asegura que no hubo persecución en los primeros días porque además del pago al procurador Blanco, la jefa política de Guerreros Unidos era María de los Ángeles Pineda, la esposa de José Luis Abarca, que su fortuna provenía de sus hermanos, operadores muy cercanos de los Beltrán Leyva y que fue ella quien financió no sólo la campaña de Abarca, sino también la de Aguirre en 2010. Y agrega que, en realidad, Pineda era, actualmente, la amante de Aguirre, lo que coincide con una versión que publicó Salvador García Soto, de que la última vez que se vio a Pineda fue en Acapulco, el 29 de septiembre, cuando se supone que su marido ya era perseguido, luego de un encuentro privado con Aguirre, en unas oficinas de turismo estatal que ambos solían frecuentar.
Si todo esto es así, se comprende un punto central de esta trama que no se podía explicar: porqué el grado de violencia ejercida para detener a un grupo estudiantil, incluso en el contexto del informe de la señora Pineda, como presidenta del DIF municipal, pero también se explica que la omisión del gobierno estatal en realidad era complicidad para permitirle huir a Abarca, a Pineda y a los jefes policiales, incluyendo aquella búsqueda casa por casa considerando que los estudiantes estaban desaparecidos y que simplemente fue un recurso para retrasar y distraer las investigaciones durante una semana. Se establecerían móviles, complicidades, el resto de la trama de corrupción entre el municipio y el estado. Y es la mejor demostración de que más allá de lo que depare la búsqueda de los normalistas, en el caso Iguala aún queda muchísimo por ver.
Por cierto, si el equipo de forenses argentinos llegara a confirmar que hubo una manipulación de las muestras de ADN de los familiares por parte de la procuraduría estatal, no sólo toda esta historia adquiriría otra dimensión, sino que todas las partes, todos los relatos, terminarían finalmente de amarrar entre sí en una historia que mostraría un grado de descomposición estatal como no hemos conocido otra en el devenir reciente del país.
LA JORNADA JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ ASTILLEROTreinta y tres días después de aquella noche trágica de Iguala, el ex gobernador del estado de México ofreció un ‘‘plan renovado’’ de búsqueda, comisiones de seguimiento del caso, apoyos a familias de muertos y heridos y respaldo presupuestal a normales rurales (‘‘dignificarlas’’), más su postura personal de congoja y condolencia por lo sucedido, en una suerte de circunstancial y selectiva democratización extrema del poder mexicano, convertido su exponente supremo en uno más, en un ciudadano ‘‘indignado’’ por lo mal que van las cosas, casi listo para empuñar una pancarta y salir a protestar porque no se resuelven los problemas crecientes.
Es natural que postura y palabras de Peña Nieto parecieran ‘‘insuficientes’’ a los familiares de los desaparecidos. La filtración de una presunta resistencia de Peña Nieto a firmar una minuta con los ‘‘acuerdos’’ que se tomaron a partir de diez puntos presentados por los invitados a Los Pinos produjo una movilización en Internet en pro de que el mexiquense signara ese documento de compromisos (#FirmaLaMinutaPeña ). A la hora de cerrar esta columna se desconocía en detalle el contenido de esa minuta, pero cierto es que la frase de ‘‘¡te lo firmo y te lo cumplo!’’ ha sido hasta ahora más propagandística que veraz, así que poco avance real se puede esperar del documento de anoche si descansa en las generalidades que Peña Nieto destacó en su mensaje personal. Destaca, en todo caso, el giro positivo, así sea retórico, del ocupante de Los Pinos respecto a las normales rurales, que ya no pareció uno de los objetivos demonizados de la reforma educativa, sino escuelas a las que, según eso, se dará respaldo.
Los familiares de los desaparecidos ofrecieron una conferencia de prensa por su lado, en las instalaciones del Centro Pro de Derechos Humanos. Señalaron que era insuficiente la postura de EPN y que no habrá confianza en las palabras de él mientras no se entregue vivos a los estudiantes o peritajes confiables adversos, como los encargados a especialistas argentinos. La demanda central de esos familiares fue la búsqueda de los estudiantes en vida, no en fosas ni en basureros. ‘‘No confiamos en su gobierno’’, fue el mensaje de vuelta que mandaron esos familiares, mientras encabezados mediáticos comenzaban a destacar la atención dada por EPN a esos visitantes, la respuesta positiva y los ‘‘acuerdos’’ logrados.
La crisis de Guerrero ha alcanzado a los medios de comunicación en varias partes del país (en Durango, por ejemplo, días atrás fueron tomadasdurante horas las instalaciones de canales de radio y televisión y de un diario que forma parte de una organización nacional). La tradicional cargada informativa hacia los intereses de los poderes federal y regionales ha generado (nuevamente) vivo rechazo, que en esta ocasión ha incluido múltiples acciones directas. Ya antes el canal televisivo de la UNAM tuvo que permitir que dos normalistas explicaran en vivo las razones de su movimiento.
Ayer tocó el turno nuevamente a la UNAM, más la UAM y el Canal Once del Politécnico, a cuyas frecuencias se exigió la difusión, también en vivo, de un comunicado. El Canal Once ha sido largamente sustraído al control y los intereses de la comunidad politécnica, convertido en una extensión de la voluntad política de quienes estén al frente de la Secretaría de Educación Pública y ahora transformada en una lamentable imitación de la televisión comercial. El mensaje de la asamblea interuniversitaria transmitido cuando menos en Radio UNAM es un llamado a la movilización nacional y a la vertebración de los diferentes movimientos sociales que están en contra de la situación nacional que consideran insoportable. Se anunciaron marchas tanto este 31 como una mayor el 5 del mes próximo.
En Chilpancingo, mientras tanto, profesores y activistas tumbaron una puerta de la residencia oficial del gobernador, Casa Guerrero, dentro de la cual había un centenar de policías antidisturbios para frenar cualquier pretensión de entrar a ella. Una camioneta que fue utilizada para derribar la puerta fue incendiada, con lo que el fuego del palacio municipal de Iguala alcanzó, aunque acotadamente, al inmueble que junto con el palacio de gobierno simboliza el máximo poder político de la entidad. El flamante mandatario, Rogelio Ortega Martínez, estaba en la ciudad de México, presente en el encuentro entre familiares de los normalistas desaparecidos y Enrique Peña Nieto. Luego de la escaramuza, los manifestantes se retiraron del lugar.
En Iguala, Luis Mazón Alonso tomó posesión como sustituto del prófugo José Luis Abarca Velázquez y horas después solicitó licencia indefinida al cargo. Su hermano, Lázaro, ha sido cacique político en ese municipio guerrerense y en el distrito electoral correspondiente, donde ha patrocinado exitosamente a varios candidatos a diputados y a la presidencia municipal de la ciudad cuna de la Bandera. Luis ha dicho que quedó como suplente de Abarca (la ley electoral de Guerrero contempla esa figura de la suplencia) porque era el único que a la hora de los registros tenía toda su documentación en regla y a la mano. Lázaro fue destituido como secretario de Salud por Ángel Aguirre Rivero y es el precandidato único (hasta ahora) a la gubernatura por Morena.
Y, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha rechazado la solicitud panista de consulta popular respecto a salarios mínimos, lo que fortalece la cantada suposición de que también votará en contra de las que PRD y Morena presentaron en relación con energéticos, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
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