Oaxaca de Juárez, octubre 15. Hace una semana, Cesar Nava, presidente de Acción Nacional y diputado federal, propuso en el pleno de la Cámara de Diputados modificar la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para reducir en un 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos. 

La respuesta por parte de los partidos opositores fue expedita; Jesús Ortega, presidente nacional del PRD, declaró como “demagógica” la propuesta, argumentando que al PAN no le afectaría un eventual recorte a sus prerrogativas en el 2010, debido a que la mayor parte de los recursos los recibe vía gobierno federal; por su parte, el coordinador de la bancada priista en el Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, argumentó que con todo gusto la aceptarían “siempre y cuando el albiazul aceptara la propuesta de reducir en más de cien mil millones de pesos la alta burocracia federal", y cuestionó porqué dicha propuesta no la presentó el PAN cuando tuvo mayoría en San Lázaro (La Jornada, 10/09) 

El debate citado en torno a los recursos recibidos por los partidos políticos se puede reducir en una frase: juego de palabras. O a lo que en su momento Del Rey Morato llamó los “Juegos del Lenguaje”, palabras que en la comunicación política tienen la intención de persuadir al electorado pero que como los envases, al final tienen fecha de caducidad. (Del Rey Morato: 1989) Sin embargo, lo que nos interesa no es cuáles mecanismos usan los políticos para defender sus posturas entorno al costo de la política, sino qué es lo que realmente hace que nos cueste tanto. 

En días pasados un buen profesor argentino, Diego Reynoso, nos comentaba que la noción de "institución" “está plagada de innumerables significados. Entre ellos figuran: patrón, regularidad, estructura, sistema, rutina, convención, costumbre, hábito, norma, rol, regla, ley, restricciones, organización, código”. Es una diversidad de significancia la de institución, como en la mayoría los conceptos que abordan las ciencias sociales. 

No obstante, una definición concreta la plantea el politólogo Guillermo O'Donnell, quien la define como “un patrón regularizado de interacción que es conocido, practicado y aceptado (si bien no necesariamente aprobado) por actores que tienen la expectativa de seguir interactuando bajo las reglas sancionadas y sostenidas por ese patrón" (O'Donnell: 1996). 

Comúnmente se suele pensar en instituciones, con la noción de la ciencia política “preconductista”,  como organizaciones complejas que (supuestamente) operan bajo reglas formalizadas y explícitas (que todos conocemos) y que se materializan en edificios con individuos autorizados para hablar por ellas, pero no es así. Desde la idea expuesta de O'Donnell, Jack Night, North y otros, las instituciones políticas son, de forma concreta, las reglas y normas formales (escritas, conocidas) e informales (no escritas) que regulan el proceso político en el que interactúan ciertos actores, o sea, las reglas del juego. 

Las Instituciones tienen la intención de fortalecer las relaciones de los actores y sus resultados, por tanto, tiene dentro de muchos objetivos, el de dar certidumbre en la sociedad. Douglass North, Premio Nobel de Economía en 1993, planteó en su momento la existencia de tres formas de instituciones en la sociedad: las Reglas Formales, basadas en el monitoreo y la sanción, por tanto centralizadas a un tipo de Autoridad; las Normas Sociales, aquellas reglas aplicadas por los actores informales y descentralizadas a una autoridad (una ley del hielo por ejemplo); y las Normas Internalizadas, la conciencia de los individuos acerca de sus actos, apegándose así a una conducta determinada radicada en el interior, no en el monitoreo de una autoridad ni en la expresión de algún actor social respecto a alguna conducta (North: 1990). 

El problema en algunas sociedades como la mexicana, es que las reglas formales del juego están hechas para evadirse, violarse. North argumenta que a mayor nivel de normas internalizadas, de conciencia, menores tendrán que ser los niveles de monitoreo y sanción, pero si por el contrario las actitudes de los actores sociales y políticos  tienen muy baja internalización, mucho mayor y riguroso tendrá que ser el monitoreo y la sanción de la autoridad. 

Allí  radica precisamente el problema de que las reglas formales centralizadas a una autoridad con poder de sanción sean tan necesarias en México. Pero ¿que relación tiene ello con el costo de la política?, precisamente que en nuestro país los gobernantes cargan altísimos gastos al erario público para que las instituciones que ellos han creado puedan preservar los mínimos niveles de certidumbre y por tanto generar cierta confianza en la ciudadanía de que todo está funcionando adecuadamente. 

En otros países, por ejemplo Estados Unidos, el costo de las elecciones se mide en 1 a 3 dólares por elector, mientras que en México es de 6 dólares (Proyecto ACE). ¿Qué es lo que pasa? Que “en los países en donde todos los partidos tienen confianza acerca de las acciones, estrategias y recursos aceptados y consensuados que otros partidos utilizan, los resultados electorales se respetarán y no se necesitará un aparato administrativo demasiado costoso para jugar el juego de las elecciones” (Reynoso: 2009), asimismo habrá mayor confianza de la ciudadanía en los resultados, por tanto mayor legitimidad a partir de un alto nivel de internalización de los actores políticos. Las normas internalizadas radican en suma en la Ética Política, las costumbres morales, conductas correctas y socialmente aceptadas que guarden nuestros gobernantes y los ciudadanos en general que interactúen en la esfera de lo público. 

Así entonces, el IFE ha sido ampliamente cuestionado en la opinión pública, debido a que su presupuesto es de miles de millones de pesos en cada proceso electoral y nada justifica dicho costo, ni tampoco los más de 170 mil pesos mensuales que gana su titular Leonardo Valdés Zurita, no obstante, el costo es tan alto porque que se tienen que destinar gran financiamiento para la organización, administración, control , monitoreo y sanción en los procesos electorales pues la confianza en que los políticos y también en los ciudadanos implicados no rompan las reglas del juego, es nula. En México estamos acostumbrados a tener un tutor que vigile nuestro actuar, a necesitar de un réferi que observe que no cometamos faltas, de un agente de tránsito que observe que no nos pasemos un alto, de un IFE que de fe de que existió la menor “mapachería” electoral posible en cada elección. 

Finalmente, si Cesar Nava, Manlio Fabio Beltrones, Jesús Ortega, Valdés Zurita y los demás dirigentes partidistas, funcionarios, gobernantes y políticos en general jugaran las reglas acordadas y consensuadas, se gastarían menos recursos en hacer Política en México, pero si conjuntamente todos en este país respetáramos ese patrón regularizado y sancionado de interacción y tuviéramos un mayor nivel internalización del correcto actuar público, sería la Democracia en su totalidad la menos costosa.