Oaxaca de Juárez, diciembre 19.- Se ha presentado una iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de reforma política, concretizada en diez puntos que fueron dados a conocer con amplitud, destacándose la que tiene que ver con la figura de las candidaturas ciudadanas y la de la iniciativa ciudadana para leyes, la doble vuelta en la elección de Presidente de la República, entre otras que tienen que ver con la reelección para el periodo inmediato siguiente de diputados locales y federales, senadores y munícipes. 

A primera vista, pudiera establecerse que la iniciativa es bondadosa y democrática, promotora de la participación ciudadana, al menos eso se dice en la exposición de motivos; sin embargo, estimo que mas bien responde a una ocurrencia más, que lejos de propiciar una real y efectiva reforma política, busca consolidar los cacicazgos electorales y fortalecer el monopolio político de los partidos, aún con la “incorporación” aducida, del derecho ciudadano a postularse en forma independiente en candidaturas para puestos electorales.   

Como ocurre en propuestas de esta naturaleza, la forma encubre el fondo de los propósitos que se persiguen con las medidas legislativas, máxime cuando éstas están referidas a la Constitución Federal. La iniciativa Presidencial, invoca en el apartado de motivos: “…Donde en el pasado, las decisiones judiciales u legislativas hacían eco de la voluntad del Presidente de la República, hay ahora un diálogo constante entre los poderes del Estado, que contrapesan y obligan cotidianamente a una genuina colaboración. Donde, hace apenas veinte años, la capacidad de decisión de los gobiernos estatales y municipales se limitaba al cumplimiento de las instrucciones del centro, hoy presenciamos un sistema federal mucho más maduro, que hace necesaria la negociación y el compromiso común. De igual forma, las escasas posibilidades de competencia electoral del pasado fueron reemplazadas por procesos ampliamente competidos, transparentes y vigilados, a la luz de las normas constitucionales y legales que garantizan el pleno ejercicio del derecho de voto y la legitimidad de los resultados.”  

De este primer razonamiento, es de señalarse que no existe una genuina colaboración entre los poderes legislativo y judicial, pues ambos siguen respondiendo a la voluntad del Presidente; lo que ha variado es la intensidad de su intervención con el legislativo que, sin embargo, sigue cumpliendo, en la medida de lo negociado con los partidos políticos representados en las Cámaras del Congreso de la Unión, con la línea presidencial, respondiendo a exigencias e intereses del Ejecutivo y de los propios partidos, más que con vista a la sociedad; esto es un hecho irrefutable y lo demuestra la decisión tomada en materia tributaria. Los gobiernos estatales y municipales, siguen en la misma ruta del federalismo en retroceso, controlados y vigilados desde el centro, a través de la asignación de los recursos públicos y, los resultados electorales, son muestra de rechazo y desconfianza, muy lejos de la legitimación y de la plena garantía del ejercicio del voto libre. Se trata de una muestra más de la retórica, sin contenido real y efectivo de avance democrático.  

Continúa la justificación, argumentando que: “En cada elección se pone a prueba el poder de convocatoria, el trabajo político y los esfuerzos de argumentación de las fuerzas políticas que compiten por la representación y por el acceso a los órganos de gobierno. Cada elección es una oportunidad de real de deliberación para la ciudadanía sobre el futuro que quiere darse y legar a las próximas generaciones. Cada resultado electoral, es una evidencia del acuerdo fundamental sobre las normas que nos permitieron obtenerlo”. Lo anterior, choca con la realidad imperante, las elecciones no constituyen un foro de deliberación ciudadana sobre el futuro que esta quiera darse y legar a las ulteriores generaciones, por el contrario, han servido para encumbrar grupos y actores políticos que únicamente han asegurado su futuro y el de los partidos, pero no de la ciudadanía, ésta seguirá cooptada por esas limitantes que parecen, hasta hoy infranqueables. Veamos a Oaxaca como ejemplo cuyo electorado no ha podido contactar ni transmitir por medio de las elecciones, a sus representantes en el Congreso Federal su querer en cuanto al legado que desea para las posteriores descendencias, a pesar de que llevamos más de veinte años de planeación para el desarrollo “integral” del pueblo, que únicamente ha servido para llenar los bolsillos de intelectuales, sin trascendencia social visible que aminore el gran rezago que aún prevalece.

Un buen deseo de año nuevo, es el argumento contenido en la iniciativa que señala: “En este punto de nuestra historia, todos los actores y particularmente el gobierno y las fuerzas políticas representadas en el Congreso asumen responsablemente el reclamo popular por asegurar que la política deje de ser sinónimo de conflicto y de parálisis, y por transitar a un diseños institucional que favorezca que la política se consolide como instrumento de cambio al servicio de la sociedad”. Usted como ciudadano que ha experimentado la práctica política en México ¿cree que efectivamente el Gobierno y las fuerzas políticas representadas en el Congreso, “asuman el reclamo popular” de cambio al servicio de la sociedad? Más bien lo que busca la iniciativa, son condiciones que le faciliten al Presidente de la República que pueda retornar el ejercicio de la dirección y orientación de sus políticas públicas, que han sido constantemente obstaculizadas, por los intereses de las tendencias políticas mayoritarias que no tienen nada que ver con el servicio a la sociedad y que tampoco remediarán las medidas propuestas. Se requiere que el sistema de gobierno representativo, se fije reglas que garanticen que efectivamente, sus integrantes, respondan en el ejercicio de su encargo al querer ciudadano como consecuencia de una real, efectiva y constante comunicación con el electorado que implique acuerdos, de esos representantes populares con su pueblo, con el que los elige; hasta ahora, la vinculación ciudadana con los candidatos, concluye con la elección y eso ha fracturado el sistema representativo; la propuesta contenida en la iniciativa, no contempla previsión constitucional alguna que, al menos, en forma general, obligue a la relación efectiva entre votante y electo en forma permanente y cuyo incumplimiento sea motivo de responsabilidad y, en su caso, de revocación del mandato como garantía a favor del ciudadano durante el desempeño del cargo. 

La reelección para un periodo inmediato de diputados federales, locales y de munícipes, tampoco me parece una respuesta adecuada ni de avance democrático. Esta cuestión tiene que ver con la cultura política y de gobierno que subyace en cada país, en cada continente. En México, sería más práctico ampliar el periodo de duración en el cargo de esos representantes populares, con excepción de los senadores, a seis años. Los beneficios, son el orden económico, un gasto menos en las elecciones intermedias; permite la rotación de participantes a esos puestos y un mayor tiempo para que se identifiquen con el cargo y desarrollen sus programas y acciones. La propuesta de elección consecutiva hasta por doce años, inhibe la participación ciudadana en un país cuya población de más de cien millones de habitantes es mayoritariamente de jóvenes, a los que se les limitará su participación en esos cargos; se profundizarán los cacicazgos personales y grupales en el ejercicio del poder. 

En las colaboraciones que haré el año próximo, me referiré a las iniciativas ciudadanas y candidaturas independientes propuestas. Deseo que esta navidad y el año próximo, Dios nos permita construir una relación comunitaria sustentada en el respeto y la dignidad de cada uno de nosotros.  
 

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