Oaxaca de Juárez, 22 de julio. En los interminables debates sobre por qué ha fallado nuestra transición política, a veces se olvidan los factores que hacen de nuestra experiencia política algo único e irrepetible, mientras que en ocasiones no se toman en cuenta aquellos rasgos que la asemejan con otros procesos transicionales en el mundo.

Una cosa parece ser irrefutable: un error gravísimo de la alternancia iniciada formalmente en el año 2000 fue no haberle puesto un alto a la impunidad. Se tenía el poder y se tenía el apoyo de la opinión pública para actuar contra la impunidad en muchas zonas de la vida nacional, pero especialmente en dos altamente sensibles: los manejos y las redes financieras del narcotráfico y la corrupción de la clase política-sindical.

Como en Colombia, donde la lucha por recuperar la soberanía del Estado obligó a los gobernantes a tomar medidas depuradoras drásticas, que llevaron a la defenestración y a la cárcel a decenas de parlamentarios, funcionarios gubernamentales, empresarios, jueces, policías, etcétera, por sus vínculos con el crimen organizado.

Aquí, por el contrario, se mantuvo intacta la estructura corporativa, las redes de intereses ilegales. El presidente Fox se alió con los principales líderes del sindicalismo corrupto, con los dirigentes y gobernadores priistas de lo que otro presidente definió como la Nomenklatura, con los poderes fácticos, como seguro para poder gobernar, y el resultado fue un mayor empoderamiento de poderes sin control.

Hoy, ante lo que se ha dado en llamar segunda ola de alternancia política, cabe la pregunta: la transición política de México, ¿se puede retomar desde las regiones? Oaxaca, Puebla, Sinaloa, eran paradigmas de la continuidad del viejo poder, con profundos resabios caciquiles en los dos primeros casos y, por ello, garantía de complicidades e impunidad.

Pero las alianzas entre partidos diversos y los ciudadanos le abrieron camino a la alternancia de primera generación en esos estados, y hoy crece la expectativa, dados los perfiles de los candidatos ganadores, de que desde allí se le pueda dar un nuevo impulso a la transición democrática.

Ello es factible si los nuevos gobernantes cumplen con sus compromisos públicos, entre ellos uno muy importante: no a la impunidad. Como lo han expresado en su pronunciamiento conjunto, su interés es reconciliar a la sociedad, pero la reconciliación pasa necesariamente por la justicia, y la mejor manera de hacerlo es “actuando con estricto apego a la ley, sin rencores ni impunidad”. Y añaden: no se criminalizará la lucha política ni la social.

Los ganadores no parecen querer desperdiciar la ventana de oportunidad que les da el ínterin entre la victoria electoral y la asunción del mandato: debemos aprovechar el momento del triunfo —dicen— “para que la victoria no quede en un cambio de personas y de partidos, sino que se convierta en una oportunidad de mejoramiento económico, social, de sus instituciones y su convivencia política”.

Llama también la atención su compromiso con las transformaciones democráticas: “impulsaremos una agenda de reformas para la transición democrática que incluya la ciudadanización de los órganos electorales yautónomos en materia de derechos humanos, de rendición de cuentas y para la orientación editorial de los medios de comunicación del estado”. O sea, lo contrario de lo que hicieron en esas materias los que van de salida, que se caracterizó por la cooptación y la simulación.

En particular, el gobernador electo de Oaxaca ha adelantado que la primera iniciativa de ley que enviará al Congreso local será para que se incluyan en la Constitución estatal mecanismos como el plebiscito, el referendo y la revocación del mandato, es decir, formas de democracia directa que alientan la participación ciudadana en las decisiones del poder y, en el extremo, la posibilidad de revocar el mandato de quienes hacen mal uso de él. Algunos dirán que se trata de fórmulas peligrosamente populistas, pero se entiende que habrá un formato jurídico que establezca reglas y procedimientos. La justificación política, sin duda, la da la historia reciente de Oaxaca y de otras entidades del país.

Así, el 4 de julio ha sembrado semillas que, de florecer adecuadamente, darán motivos para alentar la esperanza de un nuevo impulso a una transición democrática que, por momentos, aparecía estancada en los meandros y recovecos de la real politik.

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